Gente indígenas de Yasuní, Ecuador.
En el medio de un conflicto entre pueblos indígenas que viven en el parque, el gobierno ecuatoriano evaluará la continuidad de la Iniciativa Yasuní-ITT.
El Parque Nacional Yasuní es una magnifica porción de Amazonía en el noroeste de Ecuador. El parque representa el segundo lugar al mundo por biodiversidad y es hogar de algunos pueblos indígenas. La riqueza del Yasuní abarca también su subsuelo: en la zona “intangible” del parque, llamada ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), se encuentran el 20 por ciento de las reservas petroleras del país.
Al final de junio el presidente ecuatoriano Rafael Correa evaluará la continuidad de la innovadora Iniciativa Yasuní-ITT. “La lógica de la Iniciativa es que a cambio de que Ecuador deje el petróleo presente en el subsuelo del Parque Yasuní, la comunidad internacional – sean personas individuales, países o colectivos – contribuya con dinero”, explica a El Reportero Osvaldo León, coordinador de la ecuatoriana Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). “El gobierno dice: no explotamos pero necesitamos dinero para los programas de desarrollo. La iniciativa fue acogida muy bien sobre todo en Europa, pero a causa de la crisis económica muchos se han echado para atrás”.
La propuesta fue lanzada por el gobierno ecuatoriano en marzo 2007 y pretende mantener en el subsuelo del Yasuní unas reservas de 846 millones de barriles de petróleo presentes en el campo ITT. A cambio, Ecuador pide a la comunidad internacional al menos 3,600 millones de dólares, equivalentes al 50 por ciento de los recursos que percibiría si optara por la explotación petrolera.
Sin embargo, en el mismo mes de marzo del 2007, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con las empresas Petrobras de Brasil, Sinopec de China y Enap de Chile sobre la posible explotación del ITT . De hecho, el proyecto contempla también la “opción B”, que prevé la explotación del campo ITT en el caso en que la Iniciativa no alcance el monto de dinero establecido.
“Va a ser una decisión difícil para el gobierno, puesto que la iniciativa ha logrado una acogida muy grande en la población ecuatoriana. En términos de imagen, va a ser complicado decidir por la explotación del Yasuní”, observa Osvaldo León de ALAI. En realidad, adentro del Yasuní sólo la zona ITT queda aún virgen.
Desde 2012, Petroamazonas ha empezado a trabajar en el Bloque 31, un área de 200.000 hectáreas que por el 80 por ciento pertenece al parque. Además, en el Yasuní se encuentra el Bloque 16, donde la Repsol extrae unos 45.000 barriles diarios, el Bloque Tigüino de la compaña PetroBell y los bloques 14 y 17, a cargo de la empresa china Petroriental, que colindan con el ITT.
La presión de las empresas que están explotando al Yasuní son la causa principal del conflicto que desde 2003 está sangrando al parque. Desde que la compañas petroleras están operando adentro del parque, los pueblos indígenas están siendo empujados hacia nuevos territorios a causa de la contaminación y del ruido, que los dificultan en la caza y en la pesca.
Además, mientras algunos pueblos waoranis como los taromenane y tagaeri decidieron vivir en aislamiento voluntario como forma extrema de resistencia para preservar su propia cultura, otros waoranis aceptaron la presencia de las transnacionales petroleras. Según Napoleón Saltos, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, una parte de ellos respalda los intereses de las compañas hasta realizar convenios de colaboración, y algunos jefes se vendieron.
El pasado 5 de marzo un grupo de taromenanes traspasaron a una pareja de waoranis con sus lanchas.
Después de unas semanas, un grupo de waoranis armados con lanchas y rifles – según el periódico digital El Sol de Pando proporcionados por las mismas empresas – incendiaron y dispararon en contra de una cabaña de taromenanes. Treinta personas murieron en el rogo y dos niñas fueron raptadas.
El sacerdote capuchino Miguel Ángel Cabodevilla, estudioso de los pueblos indígenas del Yasuní, denuncia que el gobierno es el responsable de las “Políticas de Protección a los Pueblos en Aislamiento”, establecidas en abril del 2007. Además, tendría que respetar el artículo 57 de la Constitución de Ecuador, que afirma: “los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva”.
En esta situación de tensión, Correa irá a evaluar la iniciativa. Al final de abril, la jefa de la Comisión Negociadora para el Yasuní-ITT, Ivonne Baki, ha declarado que la Iniciativa ha recaudado el 9 por ciento del monto total, puesto que el gobierno llegó a 336 millones de dólares (no se sabe si se los tiene efectivamente o sólo a nivel de compromiso) y el objetivo es obtener 3.600 millones de dólares en 12 años. “Se logrará la meta propuesta si en los próximos 12 años se recauda entre 250 millones y 290 millones de dólares por año”, ha declarado Ivonne Baki. Desafortunadamente, será difícil que la iniciativa alcance tanto éxito en un momento de crisis tan fuerte.
“Creo que al final el Yasuní se explotará porque, con el argumento que no podemos seguir siendo pobres encima de un saco de oro, la política petrolera del gobierno va en esta dirección”, denuncia Ermel Chávez, dirigente del Frente de Defensa de la Amazonía. “Para recaudar lo fondos que el gobierno quiere para no explotar el ITT hay otras alternativas.
Por ejemplo, aplicando una tecnología mejorada podrían sacar más petróleo de los campos que ya existen y que están bajando su producción. Otra forma para encontrar dinero podría ser dejar de subsidiar los combustibles a la grandes empresas. Además, según nosotros la conservación tendría que ser una política de estado, sin condiciones”.
