Una medida sin precedentes busca proteger a los funcionarios federales mientras continúa la investigación de malversación
por los servicios de cable de El Reportero
Con sus días en el cargo numerados, la administración del presidente Peña Nieto ha hecho un intento de último minuto y sin precedentes para protegerse de una investigación de corrupción en la que funcionarios federales podrían enfrentar un proceso judicial.
La oficina legal del presidente este mes presentó una moción ante el Tribunal Supremo para evitar que los funcionarios sean objeto de una investigación de corrupción en Chihuahua relacionada con el supuesto desvío de fondos públicos al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Es el primer caso conocido públicamente en el que la oficina legal del presidente ha tratado de protegerlo a él y a otros funcionarios en una investigación de corrupción, informó la Associated Press.
Las autoridades de Chihuahua están investigando un presunto plan de malversación de fondos, presuntamente operado por Alejandro Gutiérrez, ex legislador federal y funcionario de alto rango en el PRI, el mismo partido que Peña Nieto representa.
El esquema supuestamente desvió 250 millones de pesos (US $ 13 millones) de la Secretaría de Finanzas federal a la administración del ex gobernador de Chihuahua César Duarte. Se cree que el dinero se usó para financiar las campañas de los candidatos del PRI en las elecciones estatales de 2016.
Gutiérrez fue arrestado en diciembre pasado y puesto en custodia preventiva, pero fue liberado el mes pasado luego de que se rechazara una impugnación contra su absolución.
Duarte huyó de México a los Estados Unidos el año pasado y es considerado un fugitivo de la justicia, pero hasta ahora el gobierno federal no lo ha extraditado.
Después de la exoneración y liberación de Gutiérrez, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, del Partido Acción Nacional (PAN), calificó el proceso como «simulación».
Complicidad oficial en el desalojo de granjeros panameños denunciado
El desalojo de 400 familias campesinas de sus tierras en el distrito panameño occidental de Barú, ordenado por el sistema de justicia, es ilegal, inconstitucional y las priva de sus derechos, dijeron el martes defensores de las víctimas.
El contrato de ley entre el estado y la empresa privada Banapiña Panamá declaró como ‘invasores’ a quienes produjeron alimentos durante casi dos décadas en terrenos públicos abandonados por un concesionario agrícola anterior, y esto los protege legalmente bajo el Código Agrario actualmente vigente en el país, dijo el abogado Santander Tristán.
Esta ley, en su artículo 157, establece el derecho de cualquier persona que mantenga la posesión pública agraria y la dedique a la producción ‘sin interrupción durante quince años, sin necesidad de un título’, una condición que cumplen los representantes, según el abogado.
«En las fincas que son propiedad de EL ESTADO que son ocupadas por invasores al momento de la firma de este Contrato, EL ESTADO asumirá, a través de las autoridades policiales locales, las acciones legales pertinentes para que, cuando LA COMPAÑÍA comience a operar, las granjas estén desocupadas». Los estados pactos.
Sobre la base de esta afirmación, el gobierno ha exigido el «lanzamiento por parte de los intrusos» de los productores mencionados y el juez de paz Ulsana Valdés ha ordenado que se lleve a cabo el desalojo, a pesar de que esta competencia es «privativa y no prorrogable» de la jurisdicción agrarian”, explicó Tristán.
