[Author]por agencias de noticias de El Reportero[/Author]
Una reforma migratoria integral daría a la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos un camino a la ciudadanía y autorización para trabajar.
Sin embargo, la reforma migratoria se estancó en la Cámara, el presidente Obama anunció que tiene planes de “arreglar por su propia cuenta lo más que pueda de nuestro sistema de inmigración, sin el Congreso”. El Presidente informo, que ha considerado aplazar las deportaciones de hasta 5 millones de inmigrantes, comenzando con los que tienen familias.
Si bien la mayoría de los columnistas han apoyado la autoridad del Presidente para tomar medidas, una minoría ha acusado al presidente Obama de “reescribir la ley” y lo llamó un “doméstico Cesar”.
El Profesor de UCLA de leyes Hiroshi Motomura, indico a la Discreción del Presidente, en Inmigración y Control, y Reglas en la Ley, en donde argumento cuidadosamente que el presidente Obama tiene autoridad ejecutiva amplia de aplazar las deportaciones, si así lo decide. Motomura concluye que “el presidente tiene la autoridad legal para tomar un número significativo de inmigrantes no autorizados elegibles para el alivio temporal de la deportación”, “similar a la medida correctiva prevista en el programa de Acción Diferida Llegados desde la Infancia (DACA)”. El término técnico es “acción administrativa “-acción por las agencias administrativas del Presidente, como el Departamento de Seguridad Nacional.
Al principio, Motomura dejo claro que el Presidente sólo está considerando aplazamientos temporales de deportación. El Presidente no puede cambiar unilateralmente las reglas para la concesión de tarjetas de residencia o ciudadanía. Tampoco el presidente puede “promulgar” la ley DREAM, cuando anunció DACA. Si bien la Ley DREAM proporcionaría un camino a la residencia y ciudadanía para los inmigrantes traídos a América, como los niños, DACA sólo les dio una, de dos años renovable indulto temporal.
Pero Motomura también dejo claro que el Presidente, cuando anunció DACA y, en general, tiene amplia discreción del fiscal, sobre todo en cuanto a la fijación de prioridades de ejecución y un sistema para aplicarlos. De hecho, el Congreso ha creado y financiado un sistema que se basa en gran medida en la discreción procesal puesto que la capacidad de fondos del Congreso es para cerca de 400,000 deportaciones al año, de una población no autorizada de 11 millones, dejando en manos de la administración de llevar a cabo esas deportaciones. Como fiscal en jefe, sin embargo, el presidente Obama puede establecer criterios formales de un proceso, de modo que sus agentes del orden en el terreno pueden aplicar las prioridades que él elige. Como dijo la Corte Suprema en Estados Unidos v. Arizona, “Los funcionarios federales, como cuestión inicial, deben decidir si tiene sentido de perseguir la eliminación en absoluto”.
Por otra parte, Motomura argumenta que el establecimiento de criterios formales y un proceso es más coherente con el estado de derecho que no hacerlo. Si lo hace, hace que las decisiones de aplicación discrecional sean más uniformes, previsibles y no discriminatorias. De hecho, la emisión, directrices públicas transparentes mantiene a los funcionarios del gobierno, incluidos los funcionarios estatales y locales, de la focalización de algunos no ciudadanos por motivos de raza u origen étnico. Y el hecho de que el sindicato de ICE ha anulado a sus agentes de participar en cursos de formación sobre directrices discrecionales procesales y en donde demandan al gobierno federal para bloquear DACA, pone de relieve la necesidad de un proceso formal para revisar las decisiones individuales de los agentes. Así Motomura refuta los argumentos de que el presidente Obama es “sin ley”, o un César doméstico.
sí Motomura se une a un coro de expertos que concluyen que el Presidente tiene amplia autoridad legal para aplazar las deportaciones, entre ellos Stephen Legomsky, ex asesor principal del USCIS; Eric Posner de Chicago Escuela de Derecho; Alberto Gonzales, fiscal general del presidente George W. Bush; Jonathan Adler, que está demandando lo contrario de la Administración sobre Obamacare; y Shikha Dalmia en la Fundación Razón. De cara al futuro, la pregunta no será si el presidente puede tomar acción, sino la acción que va a tomar. Como The New York Times dijo: “Sr. Obama, tiene que moverse”.
