[Author]DEL EDITOR
Queridos lectores:[/Author]
El siguiente artículo, escrito por William N. Grigg, en Pro Liberate, versa sobre qué es la policía y cómo y cuándo fue creada. Importante organización en nuestra vida diaria, yo encuentro a la fuerza policiaca militar muy intrigante, por qué pueden tener todo ese poder y matarnos cuando, en “su cumplimiento del deber”, lo hacen, y por qué la mayoría de las veces, se salen con la suya.
Encontré el siguiente artículo en la red y, cuando terminé de leerlo, pensé que debía compartirlo con mis lectores. El Reportero es conocido por publicar artículos controvertidos, y eso es porque creo, como medio alternativo e independiente, que debemos de brindarles aquello que los principales medios fallan en cubrir o mencionar. PRIMERA PARTE DE UNA SERIE DE 3.
El cumplimiento de la ley es un “producto” que estamos forzados a comprar
por William N. Grigg
Pro Liberate
Alguien dijo, “los policías no tienen valor. No sé por qué les estamos pagando”.
Ese lamento familiar, desesperado, fue dicho por un amigo aquí en Payette, luego que su familia perdiera $20,000 del valor de su propiedad, un robo. El delito fue resuelto antes de que interviniera la policía: Una parte de la propiedad robada se encontraba aún en posesión de los sospechosos, quienes admitieron que no les pertenecía. Trabajando por iniciativa propia, mi amigo y su hija adulta –la principal víctima– sacaron más que los bienes robados en ventas del patio local y ventas de garaje.
Una llamada telefónica al PD de Payette condujo a una visita de un oficial que fue cortés, profesional, y quien no proveyó ayuda práctica de ningún tipo. Arrestó a un sospechoso, un hombre mentalmente deficiente que pronto admitió al oficial que había tomado la propiedad debido a un “ellos” inespecífico que le habían dicho que “estaba bien” hacerlo.
Ni el oficial responsivo, ni el colega que llevó el caso cuando el primer oficial se fue de vacaciones, hicieron ningún esfuerzo por identificar quiénes eran “ellos”, ni por presentar cargos en contra de los cómplices. El caso se cerró con el arresto de un hombre solitario –delincuente sexual registrado– quien “se puso de alguna manera molesto [porque] él era el único que iba a estar en problemas por los robos que ocurrieron, porque él era honesto”, como lo atestiguó un reporte de investigación.
“La policía no se molestó de tomar huellas dactilares en mi propiedad robada”, Elizabeth Puckett, la dueña de la propiedad, me contó. “Cuando pregunté por qué, el oficial dijo, ‘Bueno, nosotros no somos del CSI” . No hay por qué considerar que el PD de Payette está notoriamente despreocupado de la recolección de evidencia forense. Hace algunos años, recalca Puckett, recibió una visita de un oficial de Animal Control (un oficial con quien tenía cierta experiencia) luego de que el departamento recibiera un reporte de que “tenemos un perro que parece un pit bull”.
Una ordenanza del condado promulgada hace unos años durante un espasmo de alarma cívica prohíbe a los residentes “tener, poseer, guardar, ejercer control, mantener, albergar, transportar, comprar o vender” pit bulls o “perros peligrosos” con las características de los pit bulls. Los propietarios de esos perros antes de la promulgación de la prohibición fueron requeridos para registrarlos con la policía (quienes por supuesto estaban exentos de la ordenanza) “mantener $1 millón de seguro de responsabilidad, tener un microchip ID… implantado en el perro y pagar una cuota de licencia anual por el pit bull”. Los perros propiedad de personas que no estén en cumplimiento del edicto “son sujetos de atrapamiento y destrucción”.
“El oficial nos dijo que si queríamos mantenerlo teníamos que hacerle una prueba de sangre”, Recalcó Elizabeth. “De manera que hubiera tenido que pagar $100 por una prueba sanguínea, y todavía podría perder el perro si éste poseía las malas ‘características’. Así que sólo dejé que el perro se fuera.”
El mismo Departamento de Policía de Payette que no pudo ayudar a Elizabeth a recuperar su propiedad robada era diligente para tomar su propiedad, a pesar de que ella no había hecho daño a nadie. Esto porque el PD de Payette, como cualquier otra agencia de su tipo, está involucrado en la aplicación de la ley, más que en la protección de personas y propiedades. Define su rol en términos de lo que los oficiales pueden hacerles a las personas, más que lo que pueden hacer por las personas.
No, la policía no trabaja para ti
Cuando un ciudadano disgustado le dice a un oficial de policía abusivo que le paga su salario, la víctima está cometiendo un error de categoría. Aquellos que constituimos el sector productivo no le pagamos a la policía; ellos son pagados por las personas que saquean nuestra propiedad a punta de pìstola. Una vez que se ha entendido que la policía es contratada por las personas que cometen agresión contra nuestra propiedad, no es de sorprender que la policía carece prácticamente de valor en términos de proteger la propiedad contra la agresión criminal. La policía es propiamente vista como distribuidores de violencia al menudeo en nombre del cártel de la coerción.
La aplicación de la ley es un “producto” que estamos forzados a comprar, y severamente castigado –a través de la aplicación sumaria de la tortura, o incluso con la muerte, si nos rehusamos. Si la aplicación de la ley opera como un monopolio, más que como un mercado, no hay ningún mecanismo de precios que guíe la distribución racional de recursos, y ninguna manera de medir la satisfacción del “cliente” –a pesar de que el uso del término “cliente” en este contexto es un poco como usar el término “novia” para describir una víctima de violación.
Asimismo, la respuesta institucional de la aplicación de la ley a la insatisfacción pública es expandir y escalar la conducta que inspira el descontento, y tratar el criticismo persistente como evidencia de intención criminal. Testigos de los acontecimientos recientes en Albuquerque, donde la indignación frente a homicidios policiacos seriales –incluyendo el estilo de asesinato en equipo en marzo pasado de James Boyd, un hombre sin hogar desarmado– generó un movimiento de protesta sustancial y organizado.
Luego que manifestantes enfurecidos tomaron control de una reunión concejal de una ciudad para poner “a juicio” al desafiante cabecilla de APD Gorden Eden, la reacción del gobierno de la ciudad no fue destituir al oficial que instigó la indignación, sino imponer nuevas restricciones a la participación ciudadana en las juntas concejales de la ciudad.
Cuando los que protestaban realizaron un “juicio simulado” público al cacique Eden en una manifestación pacífica, la reunión fue infiltrada por algunos oficiales de la policía secreta, incluyendo un detective que había disparado en el estómago a un hombre de 20 años en un piquete de droga en 2010. Al aumentar la frustración y el descontento en Albuquerque, el APD respondió a la creciente “insatisfacción de su “clientela” con un gasto de $350,000 para comprar 350 rifles AR-15 –el mismo tipo utilizado en la matanza de Boyd en las afueras de la ciudad sólo unas semanas antes.
El Departamento de Policía de Albuquerque, como docenas de otros a nivel nacional, desplegó lo que el Departamento de Justicia llama un “modelo y práctica” de fuerza excesiva. Si fuera una corporación privada, hubiera sido objeto de litigios y, lo más probable, persecución penal. A diferencia de una entidad privada, sin embargo, un departamento de policía está protegido por la ficción de “inmunidad soberana” y sus empleados son blindados de la rendición de cuentas personal a través de la “inmunidad calificada”.
Mientras que excepcionalmente los departamentos de policía son ocasionalmente disueltos, sus mercados son pronto capturados por otras agencias que proveerán el mismo servicio. Los oficiales de policía individuales que se distinguen por su comportamiento abusivo y criminal –que, dada la competencia, es un logro significativo– en algunas breves ocasiones se hallan desempleados. Sin embargo, con frecuencia se vuelven “policías gitanos” y encuentran empleo en otro lado como proveedores de violencia con licencia del estado.
