by Soraya Schwartz
Hispanic Link News Service
Es posible que los niños que viven en Alabama cuyos padres inmigraron de manera ilegal a los Estados Unidos, no asistan a la escuela este año ahora que se aprobara la ley estatal HB56, la cual exige que las escuelas recojan información referente a la ciudadanía de los estudiantes.
La ley, firmada el 9 de junio por el gobernador republicano, Robert Bentley, entrará en vigor el primero de septiembre. Presentaron ante el tribunal un amicus curiae de protesta por las provisiones referentes a la educación que expone la ley, la National Education Association y la Alabama Education Association. Varios grupos defensores de los derechos civiles se adjuntaron al amicus curiae, incluyendo el Consejo Nacional de La Raza.
“Concordamos con fervor – y así estipula el Tribunal Supremo – que todo estudiante tiene el derecho de recibir una educación pública de calidad, sin tomar en cuenta el estado migratorio del estudiante”, dijo Alice O’Brien, asesora jurídica de la National Education Association. “El papel que desempeñan los maestros es el de enseñar a nuestros niños, no es el de reportarlos”.
La ley, HB56, estipula que el maestro cometería un delito estatal si no revelara información referente a la ciudadanía de sus estudiantes.
También estipula la HB56 que es legal detener a cualquier persona que resida en Alabama que tenga aspecto de extranjero para pedir que presente documentos de ciudadanía y que cualquier persona que albergue o proteja a un individuo indocumentado se verá enfrentada con consecuencias jurídicas.
“Esta ley nos recuerda a las leyes racistas conocidas como Jim Crow de Alabama y otros estados del sur”, dijo Bernard Simelton, presidente de la Conferencia Estatal NAACP en Alabama. “La HB56 es un intento contemporáneo por legalizar el racismo en Alabama”.
El estado anuncia una iniciativa de votación para reemplazar la pena de muerte en Califorrnia en 2012
“A partir de ahora, la SB 490, una cuenta del senador Loni Hancock, da a los votantes la oportunidad de decidir si reemplazar la pena de muerte por la vida sin libertad condicional de los presos, y estará en el Comité de Apropiaciones de Asamblea.
Tenemos una amplia evidencia de que el sistema de pena de muerte de California es disfuncional y costoso. La pena de muerte supone a los contribuyentes californianos un gasto de aproximadamente $170 millones al año mientras que un 46% de homicidios y un 56% de las violaciones quedan sin resolver en el estado. Los $4 millones de dólares que el estado ha gastado en 13 ejecuciones desde 1978 deberían haber sido invertidos en reforzar la ley para resolver asesinatos y en sacar a los criminales de las calles, así como en dedicarlo al colegio de los hijos.
El sistema roto de California se arriesga también a ejecutar a gente inocente por crímenes que no han cometido. Más de 100 personas en la ciudad han sido erróneamente sentenciadas a muerte y muchos han sido ejecutados.
