Para algunos campesinos, el invierno es temporada agrícola

En diciembre en Santa María y en el Valle de Santa Ynez, en la costa central de California, la temporada de trabajo está llegando a su fin para la mayoría de los trabajadores agrícolas. Muchas familias campesinas, que viajan al norte a Oregón y Washington para la cosecha de fresa y frutas durante el verano y el otoño, han regresado. Esperemos que hayan ahorrado dinero suficiente para durar todo el invierno hasta que se inicie de nuevo el trabajo aquí en la primavera.

Unos pocos afortunados logran conseguir trabajo durante el invierno. Se están recogiendo las últimas fresas, aunque no habrá mucha fruta por más tiempo. La poda de las vides comienza recién en enero.

Sin embargo, algunos cultivos en el valle duran todo el invierno. Esta es la plantación de la temporada para el brócoli, una hermosa y deliciosa flor originalmente traída a Estados Unidos por los inmigrantes italianos.

Al igual que muchos cultivos, su cultivo se ha vuelto muy sistematizado. En la mayoría de las granjas modernas, ya nadie dispersa semillas en la tierra húmeda. En lugar de eso, se cultivan las primeras plántulas de brócoli en los viveros. Entonces, cuando las plantas tienen unos pocos centímetros de altura, se ponen en pisos de plástico y se cargan en camiones para llevarlas al campo.

Allí los trabajadores usan una sembradora mecánica, tirada por un tractor a lo largo del campo. Mientras avanza, van botando las plántulas en tubos de plástico, que luego guían a las plantas jóvenes hacia el mecanismo que las inserta en la tierra. Detrás del plantador van otros trabajadores, que llenan los espacios que la cosechadora mecánicas pasa por alto.

Aún así, en algunos ranchos, el viejo sistema prevalece. Allí se plantan semillas a lo largo de las filas y, cuando brotan, tienen que ser diluidas de manera que cada planta tenga espacio para crecer. Los trabajadores abren su camino hasta las filas, cortando el exceso de plantas.

Y en algunos ranchos, la herramienta que les pasan los capataces del rancho para cortar, es una vieja enemiga de los trabajadores del campo, el azadón de mango corto o “el cortito”. Los trabajadores que usan una azada regular pueden trabajar de pie. Pero un azadón de mango corto los hace agacharse casi el doble. Los capataces creen que esto hace que los trabajadores separar las plantas con mayor precisión y los hace trabajar más rápido.

Un solo día en ese trabajo produce mucho dolor y años usando esta herramienta ilegal puede degenerar los discos y generar otras lesiones en la columna. En 1972, Mo Jourdane, abogado de Asistencia Legal Rural de California, presentó una demanda ante la División de Seguridad Industrial del estado, para detener el uso de esta herramienta por parte de los cultivadores de California. En 1975, bajo presión del sindicato de campesinos, el gobernador Jerry Brown, entonces en su primer mandato, obligó a los reguladores estatales a implementar la prohibición.

Sin embargo, algunos productores todavía no han oído las noticias. Tal vez creen que ya no existe un movimiento para hacer cumplir la prohibición. Y, de hecho, las condiciones de los trabajadores agrícolas de California pueden haber mejorado en algunos aspectos en las tres últimas décadas, pero en otros se han quedado atrás.

Por último, los plantadores y diluyentes dejan los campos. Luego vienen los regadores. Ponen en su lugar y conectan las tuberías con las bombas de los pozos, trayendo agua al campo y atornillando los cabezales de los aspersores. A medida que se abren las válvulas, la suciedad de arena seca se vuelve marrón oscuro bajo el agua y los canales entre las filas se llenan de agua y barro. Incluso en el invierno en un valle de la costa, California sigue siendo un semidesierto. Joseph DiGeorgio, el rey de los agricultores de California y el mayor productor durante décadas, dijo que los productos del estado se componen de agua, mano de obra, más mano de obra y el flete para llevarlo al mercado. Sin riego, y con ningún trabajador, no habría ningún brócoli.

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Crecient echo que entre los activistas de derechos de los inmigrantes y los poderosos de Washington DC

Este otoño, cuando el Congreso no aprobó los proyectos de ley de reforma de inmigración – aunque sean profundamente impopulares entre muchos inmigrantes- una de las respuestas más importantes vino de Oaxaca. En la capital de este estado del sur de México un representante de un sindicato de Silicon Valley se sentó con una agencia estatal y una organización de los migrantes indígenas y firmaron un acuerdo de cooperación mutua.

Los tres grupos se comprometieron a trabajar para proteger los derechos de los oaxaqueños que han emigrado a EE.UU. – a unos 800.000 viven ahora en California solamente.

“Nuestro objetivo”, dice el acuerdo, “es la protección de los derechos humanos y laborales de los trabajadores oaxaqueños y sus familias, en las industrias alimentarias y comerciales”. En él se enumeran una serie de compromisos conjuntos, incluyendo la explicación a los trabajadores inmigrantes de sus derechos laborales en EE.UU., ayudándoles a presentar reclamaciones cuando resulten heridos en el trabajo y abogar por ellos cuando se enfrentan a los organismos gubernamentales.

Según el líder sindical Gerardo Domínguez, “tenemos un gobierno del estado de Oaxaca que está dispuesto a ir más allá de sus fronteras para ayudar a su gente que ahora vive aquí.

Nuestra relación puede crecer de maneras que ayuden a nuestro sindicato y den a estos trabajadores mucho más poder sobre sus propias vidas”. El acuerdo fue firmado también por Rufino Domínguez, director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM ) y Bernardo Ramírez, coordinador binacional del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB).

La necesidad de un acuerdo como éste fue dramatizada de este año por el debate sobre los proyectos de ley de “reforma migratoria integral” en el Congreso.

Mientras uno de ellos, aprobado por el Senado en junio, el S. 744, contiene algunas protecciones para los trabajadores inmigrantes que tratan de organizar sindicatos, y también contiene un gran aumento de las medidas de ejecución que llevaría al despido y deportación de miles de personas en situación irregular. Incluso los proyectos de ley más duros en la Cámara de Representantes incluyen cláusulas de aplicación estrictas sin protección a los trabajadores.

Los sindicatos han sido fuertes críticos de esas medidas, en particular de la disposición que requeriría a todos los empleadores a utilizar el sistema E-Verify del gobierno para identificar, y luego despedir, a los trabajadores sin estatus migratorio legal.