by David Bacon
segunda de dos partes
En vez de reconocer la realidad de que los inmigrantes de México y otras partes continuarán cruzando hacia Estados Unidos, buscando trabajo cuando su opción es una gran pobreza, algunas veces incluso morir de hambre, el gobierno de EE.UU. ha intentado hacer del tener un empleo un acto criminal.
Respondiendo a una luz verde del Departamento de Seguridad Interior, algunos estados y comunidades locales han aprobado medidas que van incluso más allá.
Mississippi aprobó un proyecto que hacía un delito que un trabajador indocumentado tuviera un empleo, con un período de prisión de 1 a 10 años, multas de hasta $10,000, y ninguna fi anza para los arrestados. Los empleados obtienen inmunidad.
El verano pasado, en su empleo entonces como Secretario de Seguridad interior, Michael Chertoff propuso una reglamentación que requería a los empleados despedir a los trabajadores que no podían corregir el desfase entre el número de Seguridad Social dado al empleador y el de la base de datos de SSA.
La regulación asumió que aquellos trabajadores no tenían visa válida de inmigración, y por lo tanto, su número de Seguridad Social no era válido.
Con 12 millones de personas acá que no tienen estatus migratorio legal, la regulación podría haber llevado a despidos masivos, paralizando a muchas industrias y empresas. Los ciudadanos y titulares legales de visa, habrían sido barridos también, ya que la base de datos de la Seguridad Social es generalmente inexacta.
Mientras las cortes impusieron esta regulación particular, la idea de usar números de Seguridad Social para identificar y despedir a millones de trabajadores sigue muy viva en Washington, D.C.
Bajo Chertoff, la Oficina de Inmigración y Aduanas realizó barridas en puestos de trabajo, arrestando y deportando a miles de trabajadores.
Muchos fueron acusados de un crimen adicional, robo de identidad, porque para obtener un empleo, usaron un número de Seguridad Social que pertenecía a otra persona. Los trabajadores que usan esos números, en realidad depositan dinero en los fondos de la Seguridad Social, y nunca recibirán los benefi cios por las contribuciones que pagaron.
La nueva Secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano dice que las mayores redadas deben ser reexaminadas, pero sigue apoyando medidas que expulsen a los trabajadores de sus empleos y que eviten que los empleadores los contraten.
Durante su período como gobernadora de Arizona, la legislatura estatal aprobó una ley que requiere que los empleadores verifiquen el estatus migratorio de cada trabajador a través de una base de datos llamada E-Verify, incluso con más errores que la Seguridad Social. Deben despedir a los trabajadores, cuyos nombres fueron marcados. Esto se está volviendo ahora el modelo del control federal.
Muchas de estas medidas punitivas salieron a la superficie en propuestas para una “exhaustiva reforma a la inmigración”, que fueron debatidas en el Congreso en 2006 y 2007. Los proyectos exhaustivos combinaron la criminalización del empleo para los indocumentados, con grandes programas de trabajador invitado.
Mientras esas propuestas fallaron en el Congreso, la administración Bush implement algunas de sus provisiones más draconianas por la acción administrativa.
Muchos temas que nuevas propuestas para la reforma a la inmigración sean formuladas por el Congreso y la administración continuará esos esfuerzos para criminalizar el empleo.
(El escritor laboral David Bacon, autor de “Illegal People: How Globalization creates Migration and Criminalizes Immigrants, escribió este comentario para New America Media).
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79 velas en el pastel de cumpleaños de Dolores Huerta
por Jon Higuera
Dolores Huerta, cofundadora de United Farm Workers quien estuvo hombro a hombre con el fallecido César Chávez para ayudar a crear mejores condiciones de trabajo para los trabajadores agrícolas inmigrantes, cumplió 79 años el 10 de abril.
Su cumpleaños fue observado de varias maneras, incluyendo un panel con un mensaje de UFW que permitió a las personas enviar notas públicas de felicitaciones vía internet.
Nacida en Nuevo México, fue criada en Stockton, Calif. Su activismo data de 1955, cunado fue co-fundadora del capítulo de Sacramento de la Organización de Servicio Comunitario. Siete años después, co-fundó la National Farm Workers Association con Chávez, que eventualmente se convirtió en UFW.
A través de los años, esta madre de 11 hijos nunca redujo sus esfuerzos de defensa, que incluyeron coordinar de manera el exitoso boicot de la UFW de la uva de mesa en la Costa Este en los 1960s.
Chávez una vez describió su carácter: “Es absolutamente temeraria, físicamente y psicológicamente, y ella simplemente no puede soportar ver cómo abusan de la gente”. Hispanic Link.
