[Author]por agencias de noticias de El Reportero[/Author]
Grupos de derechos humanos llamaron el lunes al gobierno mexicano a cumplir las resoluciones judiciales a disculparse y pagar una indemnización a tres mujeres indias otomí que pasaron tiempo en la cárcel por condenas de secuestradoras que luego fueron expulsadas por los tribunales.
Amnistía Internacional y el Centro Pro Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez han lanzado una campaña encaminada a lograr que la Oficina del Fiscal General de la Nación se adhieran a los términos de las resoluciones judiciales sobre las mujeres, que “fueron víctimas de actos injustos de las autoridades mexicanas”.
Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, quien operaba puestos de mercado en Querétaro, fueron detenidas en agosto de 2006.
Las tres mujeres fueron condenadas a 21 años de prisión por cargos de secuestro a seis agentes federales quienes afirmaron que las vendedoras se los llevaron como rehenes en marzo 2006 durante una operación contra vendedores de DVD piratas.
Las mujeres fueron encarceladas por “un delito que no cometieron”, dijeron los grupos de derechos humanos.
La Corte Suprema ordenó que las mujeres fueran liberadas de la cárcel en 2010.
Marcial fue puesta en libertad en septiembre de 2009, seguida de Alcántara y González el 28 de Abril de 2010.
Un tribunal federal especial emitió resoluciones en noviembre de 2013 y en mayo de este año “estableció un importante precedente en México en el área de la reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos”, dijeron los grupos de derechos humanos.
Las resoluciones imponen límites a la actuación de los representantes del Estado y les obligan a respetar los derechos humanos, dijeron los grupos en un comunicado conjunto.
El cumplimiento sin demora es esencial para el bienestar de las víctimas y para mostrar que tales abusos no se cometerán en el futuro, dijo los grupos de derechos humanos.
El tribunal ordenó a la oficina del Fiscal de indemnizar a las tres mujeres y hacer una disculpa pública.
La Fiscalía, sin embargo, apeló las sentencias en los casos de Alcántara y González en noviembre pasado y podría tomar medidas similares con respecto a Francisco Marcial.
La Fiscalía sostiene que indemnizar a las tres mujeres daría lugar al pago de daños y perjuicios a cualquier persona absuelta en una causa penal.
Los grupos de derechos humanos quieren que el Fiscal General Jesús Murillo suspenda las apelaciones en los casos Alcántara y González, y no presente una apelación en el caso de Francisco Marcial y que ordena a su personal a cumplir con las sentencias judiciales.
EE.UU., México, América Central cooperan con la onda Walt de Niños Inmigrantes
Los gobiernos de Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y El Salvador han comenzado un esfuerzo coordinado para detener la crisis humanitaria causada por las llegadas masivas de menores de edad centroamericanos no acompañados en la frontera sur de E.E.U.U.
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Pérez Molina pidió a los padres que no permitan que sus niños y adolescentes corran el riesgo de viajar a los Estados Unidos sin compañía.
