Mujer de Nuevo México fue registrada durante seis horas en la frontera y por University Medical Center
Un agente de la Patrulla Fronterisa monta guardia en la frontera con México.
El Paso Times
Una mujer de Nuevo México sostiene en una demanda federal que fue sometida a un registro de seis horas brutal e inhumano por todas las cavidades del cuerpo por parte de oficiales federales, lo que incluyó exámenes anales y vaginales que la hicieron sentir como un “animal”.
La mujer, residente de Lovington, N.M., también está demandando a University Medical Center, donde fue obligada a que le observaran una evacuación intestinal, fue sometida a rayos X, le hicieron un examen con espéculo, un examen vaginal y una tomografía computarizada.
Según la demanda, el hospital “la violó” y luego le pasó una cuenta por $5,000.
La demanda nombra a la Junta del Distrito de Hospitales del Condado de El Paso, University Medical Center, los doctores Michael Parsa y Christopher Cabanillas, dos desconocidos supervisores oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. y otros dos oficiales de CBP sólo identificados por sus apellidos de Portillo y Herrera como acusados . Los médicos y los agentes no pudieron ser contactados para hacer comentarios.
La mujer de 54 años, quien no es identificada en la demanda, está solicitando una cantidad de dinero no especificada y terminar con la política que le da a los agentes federales y oficiales la autoridad de meter sus dedos y objetos en las cavidades de las personas cuando buscan drogas.
La demanda fue interpuesta el miércoles por la American Civil Liberties Union en la corte federal en El Paso a nombre de la mujer que fue detenida mientras cruzaba el Puente de las Américas hace un año. A pesar de una búsqueda de seis horas en el puerto y luego en UMC, no se encontraron drogas.
La mujer es identificada como Jane Doe en la demanda.
Según la demanda, la mujer fue cacheada primero y desnudada para ser registrada en el puerto de entrada, donde los oficiales metieron sus dedos dentro de su recto y vagina. Cuando esa búsqueda resultó negativa, fue llevada al University Medical Center.
“Estas búsquedas extremas e ilegales traumatizaron profundamente a nuestra cliente”, dijo la directora jurídica de ACLU de Nuevo México, Laura Schauer Ives en el comunicado de prensa. “El hecho de que nuestro gobierno trata a una inocente mujer de 54 años con tal brutalidad e inhumanidad debe indignar a todos los estadounidenses. Debemos asegurarnos de que los agentes del gobierno nunca sometan a otra persona a una pesadilla como esta nunca más”.
Un vocero de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., dijo en una declaración preparada que la agencia no podía hablar de una demanda específica.
“Como práctica, CBP no hace comentarios sobre litigaciones pendientes”, según la declaración. “CBP destaca el honor y la integridad en todos los aspectos de nuestra misión y la inmensa mayoría de los empleados de CBP y agentes ejercerán sus funciones con honor y distinción, trabajando incansablemente todos los días para mantener seguro a nuestro país. No toleramos la corrupción o el abuso entre nuestro personal y cooperamos plenamente con las investigaciones penales o administrativas de supuesta mala conducta de cualquiera de nuestro personal, en o fuera de servicio”.
El University Medical Center también se negó a referirse a los detalles de la demanda.
“La política del hospital es la de obtener el consentimiento de todos los pacientes que reciben servicios médicos en UMC”, dijo la portavoz Margaret Altoff-Olivas en un comunicado. “Debido a que este caso se refiere a un litigio, UMC no hará más comentarios”.
La búsqueda se llevó a cabo en alrededor de las 2 p.m. el 12 de diciembre 2012, cuando la mujer regresaba de ver a un amigo de la familia, a quien ella llama “tío” y trata de visitar una vez al mes.
Al ser escaneado su pasaporte, un oficial de CBP le dijo que había sido escogida “al azar” para una inspección secundaria, donde su Portillo y Herrera cachearon su ropa.
“Uno de los agentes corrió su dedo sobre la zona genital de la Sra. Dioe durante el cacheo”, dice la demanda.
Entonces se le pidió a la mujer que se pusiera en cuclillas mientras uno de los oficiales “insertó su dedo en la hendidura de las nalgas de la Sra. Doe”. El cacheo no mostró ninguna evidencia de contrabando o drogas, dice la demanda. Luego se le dijo a la mujer que se pusiera en una fila con otras personas, mientras pasaba por ahí un perro detector de drogas. El oficial con el perro “estaban en el suelo junto a sus pies, pero no cerca de los otros en la fila”, dice la demanda.
“El perro respondió lanzándose a la Sra. Doe y aterrizando con sus patas delanteras sobre su torso”.
Ives dijo que no cree que se tratara de una señal apropiada para indicar que había drogas, pero los oficiales la usaron para continuar la búsqueda.
La mujer fue trasladada a otra habitación y se le pidió que se quitara los pantalones y se agachara y le examinaron el ano y la vagina con una linterna, dice la demanda. La mujer, ahora llorando, fue llevada al University Medical Center después de que la búsqueda que la desnudara no encontrara nada.
“Durante el viaje en auto hasta el centro médico, la Sra. Doe preguntó si los agentes tenían una orden”, dice la demanda. “Uno de ellos respondió que no necesitaban una orden judicial”.
Mientras la esposaban a una mesa de examen, la mujer fue registrada nuevamente por los oficiales Cabanillas y Parsa. Le dieron un laxante y defecó en un inodoro portátil en frente de ambos oficiales, dice la demanda.
Luego le hicieron una radiografía al abdomen de la mujer, pero no había señales de drogas o cualquier otro contrabando en su cuerpo. Usaron un espéculo para investigar la vagina y Parsa usó sus dedos para inspeccionar la vagina y el recto, mientras que la puerta de la sala de examen estaba abierta, dice la demanda.
En este punto, la demanda sostiene que, “la Sra. Doe sentía que estaba siendo tratada de manera menos que humano, como un animal”.
La última prueba fue una tomografía computarizada del abdomen y la pelvis de la mujer, pero no se encontró ninguna evidencia de actividad ilegal.
La demanda dice que después de la tomografía computarizada uno de los oficiales le dijo a la mujer que podría firmar el formulario de consentimiento médico y CBP pagaría por los exámenes, pero si ella no firmaba, le cobrarían. La mujer se negó a firmar y, finalmente, le cobraron más de $ 5.000 por los exámenes.
Según la demanda, ella se negó reiteradamente a dar su consentimiento para cualquier de las búsquedas.
No se obtuvo una orden judicial, dice la demanda.
En una entrevista telefónica, Ives dijo que búsquedas como a la que fue sometida esta mujer de 54 años son ilegales y cada vez más comunes entre las fuerzas del orden.
Ella dijo: “El hecho de que esto le sucediera a una mujer de 54 años debiera enfurecer a todos. Ella pidió hablar con un abogado y pidió una orden. No sé qué garantías hay de nuestros derechos distintas a una demanda como ésta que mantienen los organismos gubernamentales responsables”.
