por el equipo de El Reportero
Una coalición de organizaciones indígenas, asociaciones campesinas y movimientos sociales en Ecuador anunció el inicio de un proceso constitucional para revocar el mandato del presidente Daniel Noboa antes del término de su periodo, en un contexto de crecientes tensiones políticas y descontento social.
La Constitución ecuatoriana de 2008 contempla la figura de la revocatoria de mandato, que exige la presentación de una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), la recolección de un porcentaje específico de firmas del padrón electoral dentro de plazos establecidos y, de cumplirse los requisitos, la convocatoria a un referéndum nacional. Los promotores sostienen que se trata de un instrumento democrático para exigir rendición de cuentas cuando consideran que un gobierno se ha apartado de sus compromisos.
Dirigentes de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) figuran entre los principales impulsores del proceso y buscan articular una plataforma con federaciones indígenas, organizaciones de agricultores y sindicatos. Según sus voceros, la administración de Noboa no ha cumplido promesas de campaña y ha impulsado decisiones que han profundizado presiones económicas sobre comunidades rurales y sectores populares, además de debilitar el diálogo con actores sociales.
El impulso a la revocatoria ocurre en un contexto marcado por el impacto de medidas económicas controvertidas, entre ellas la eliminación de subsidios a los combustibles, que detonaron protestas y paros a nivel nacional en 2025. Manifestantes denunciaron el aumento del costo de vida y el deterioro de las condiciones para poblaciones vulnerables, mientras organizaciones de derechos humanos cuestionaron la respuesta del Estado a las movilizaciones.
La iniciativa llega tras un revés político para Noboa a finales de 2025, cuando el electorado rechazó un paquete de propuestas sometidas a referéndum vinculadas a su agenda de reformas. Analistas interpretaron ese resultado como una señal de desgaste del capital político del Ejecutivo y de resistencia ciudadana a cambios institucionales de gran calado.
Quienes respaldan la revocatoria afirman que el proceso busca fortalecer la democracia mediante mecanismos de control ciudadano entre elecciones y canalizar el descontento por vías institucionales. Los críticos, en cambio, advierten que recurrir con frecuencia a este mecanismo puede afectar la continuidad institucional y dificultar la formulación de políticas de largo plazo en un país que enfrenta desafíos persistentes en seguridad y economía.
A medida que los promotores avanzan con los pasos legales, la iniciativa pondrá a prueba su capacidad de organización y el respaldo ciudadano. Aunque es incierto si alcanzará los umbrales necesarios para llegar a una consulta nacional, el proceso ya ha reconfigurado el debate sobre rendición de cuentas y poder ciudadano en Ecuador.
– Con información de Expats Ecuador, El Ciudadano, Human Rights Watch, Center for Economic and Policy Research.
