Parque eólico en Oaxaca, México. (PHOTO BY ORSETTA BELLANI)
El megaproyecto de parque eólico que la empresa Mareña Renovables quería construir en la barra de Santa Teresa (Oaxaca, México) está muerto. Lo aseguró Maurice Wilbrink, portavoz del fundo de pensiones holandés PGGM – que tiene una participación en la transnacional Mareña Renovables -, el 8 de enero de 2014 en una entrevista con el periódico De Telegraaf. Según Wilbrink el proyecto, que prevé una inversión de un millardo de dólares para la construcción de 132 aerogeneradores que producirán 396 megavatios, será trasladado de la barra de Santa Teresa (Municipio de San Dionisio del Mar) a los cercanos municipios de El Espinal y Juchitán.
En diciembre del 2012 la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), que agrupa a las principales empresas de este rubro, ya contaba 15 parques eólicos en el istmo. La proliferación de aerogeneradores en esta zona conocida como Istmo de Tehuantepec está motivada por las conclusiones del Atlas de Recursos Eólicos del Estado de Oaxaca, publicado en el 2004 por el Departamento de Energía de EEUU y la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), que afirma que el potencial eólico de buena parte del istmo es “excelente”. Además, el atlas asegura que las comunidades recibirían los beneficios sociales y económicos de la energía renovable.
Sin embargo, hasta ahora los beneficios derivados de la venta de esta energía considerada “verde” no llegaron a los pobladores de la zona, sino a las empresas eólicas que venden la electricidad (Iberdrola, Acciona, CFE, Enel Green Power, Gamesa, Cemex, Peñoles, Eléctrica del Valle de México, Renovalia, Demex) y a las que la compran. Los parques eólicos trabajan bajo el esquema “autoabastecimiento”, que prevé que la energía producida no sea disfrutada por la población local, sino por grandes corporaciones transnacionales como Nestlé, Femsa-Coca Cola, Bimbo, Nissan y Mitsubishi.
“Las empresas se repartieron nuestro territorio, de misma forma que los españoles cuando llegaron a América”, denuncia Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. “Reconozco que hay una preocupación mundial por el cambio climático, pero lo que mueve a las empresas es convertir nuestro aire en dinero. La energía verde es un negocio para obtener ganancias engañando a las comunidades; destruyen nuestra forma de vida y atentan contra nuestra soberanía alimentaria, obligándonos al desplazamiento”.
La decisión de parar la construcción de los aerogeneradores en la barra de Santa Teresa, una franja de unos 27 km de arena y manglares, ha sido tomada justo por la oposición al proyecto de las comunidades indígenas oaxaqueñas. Durante meses la comunidad de Álvaro Obregón bloqueó el único acceso terrestre a la barra de Santa Teresa, mientras que en San Dionisio del Mar los pobladores ocuparon la presidencia municipal.
“Cuando empezaron a hacer estudios hubo una muerte masiva de peces. Aquí vivimos de la pesca y la barra de Santa Teresa es nuestro sustento diario. No queremos este proyecto y la lucha se levantó muy fuerte después de que el presidente municipal Miguel López Castellano se vendió a la empresa, firmando el permiso para su entrada”, relata una comunera de San Dionisio del Mar que prefirió mantener el anonimato.
La represión contra quienes se oponen al proyecto ha sido fuerte, con la acción de la fuerza de seguridad pública y de los grupos de choque priistas (afiliados al PRI, el partido oficialista). En febrero de 2013, el gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo declaró que realizaría “todas las acciones necesarias para evitar que una inversión tan importante se retire del estado”.
De hecho, aunque la lucha de las comunidades ha sido exitosa, la inversión no se ha retirado del estado de Oaxaca, trasladando el problema de unos pocos kilómetros. Según las declaraciones a De Telegraaf de Maurice Wilbrink, portavoz del fundo de pensiones holandés PGGM, en El Espinal la consulta con los residentes locales está más o menos completa y en la ciudad de Juchitán empezará en breve, para que la construcción del parque eólico se inicie en el primer semestre de este año.
La falta de consulta a las comunidades afectadas por el proyecto – mecanismo que está previsto por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y por algunas leyes nacionales – fue uno de los hechos que motivó un tribunal local a suspender temporalmente la construcción del proyecto el 9 de octubre de 2013. Además, el parque eólico de Mareña Renovables es ilegal porque, como en muchos otros parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, quiere ocupar una tierra que no es privada, sino comunal. “En este régimen de propiedad la tierra pertenece a la comunidad, las familias tienen el usufructo sobre ella sin ser dueñas”, explica el abogado Raúl Rangel González. “Sólo la asamblea comunitaria puede otorgar a la empresa el derecho a operar”.
Sin embargo, no fueron las asambleas comunitarias a autorizar la construcción de los aerogeneradores: para obtener el derecho de posesión sobre la tierra durante 30 años, los representantes de las empresas van casa por casa, pidiendo a las familias campesinas la firma de contratos leoninos donde fijan los montos por el pago del arriendo de la tierra, prometendo trabajo, desarrollo e inversiones en infraestructuras.
