por Suzanne Potter
Esta semana, decenas de defensores de la atención médica se manifestaron en Sacramento para pedir a los legisladores que encuentren formas de proteger a los californianos de los enormes recortes federales a Medi-Cal.
El verano pasado, los republicanos en el Congreso aprobaron un enorme proyecto presupuestario llamado Resolución de la Cámara 1, que recortó 1 billón de dólares a Medicaid a nivel nacional.
La asambleísta Mia Bonta, demócrata de Oakland, es presidenta del Comité de Salud de la Asamblea estatal.
“Esto significa que más de 30 mil millones de dólares cada año han sido arrancados de las manos de los beneficiarios de Medi-Cal: 3.4 millones de californianos”, explicó Bonta.
Los republicanos defendieron los recortes como necesarios para financiar otras prioridades de la administración, incluidos recortes de impuestos y un mayor control migratorio. La propuesta presupuestaria de enero del gobernador Gavin Newsom mantiene las limitaciones de Medi-Cal para personas indocumentadas y algunos inmigrantes con estatus legal, al tiempo que añade restricciones adicionales a la atención médica para inmigrantes. Los legisladores comenzarán a negociar el presupuesto estatal la próxima semana.
Amanda McAllister-Wallner, directora ejecutiva de la coalición de defensa Health Access, dijo que los legisladores deberían aumentar los ingresos provenientes de las grandes corporaciones para mitigar los peores efectos de los recortes federales.
“La H.R.1 no fue solo un recorte a la atención médica, fue la mayor redistribución de riqueza en la historia de Estados Unidos”, sostuvo McAllister-Wallner. “Recortar servicios para los más vulnerables con el fin de poner dinero en los bolsillos de los estadounidenses más ricos y de las corporaciones más rentables, muchas de las cuales viven y hacen negocios aquí mismo en California”.
Rachel Linn Gish, subdirectora interina de Health Access, señaló que California puede flexibilizar los requisitos federales de reporte laboral y las verificaciones de elegibilidad, a los que calificó como cargas administrativas diseñadas para expulsar a las personas de Medi-Cal. Sin embargo, agregó que esos cambios por sí solos no evitarán que muchos californianos pierdan su cobertura.
“Estamos al borde de una enorme crisis de salud pública si nuestro estado no actúa”, advirtió Gish. “Será en el presupuesto estatal donde se tomarán las decisiones sobre si se recorta nuestra atención médica o se protege”.
Los defensores que participaron en la manifestación advirtieron que los profundos recortes a Medi-Cal podrían saturar las salas de emergencia, provocar el cierre de clínicas y aumentar los costos de salud a largo plazo en todo el estado.
Subrayaron que Medi-Cal no solo apoya a familias de bajos ingresos, adultos mayores y personas con discapacidades, sino también a hospitales rurales y proveedores de la red de seguridad que dependen del programa para mantenerse abiertos. A medida que comienzan las negociaciones presupuestarias, los manifestantes instaron a los legisladores a tratar la atención médica como infraestructura esencial, no como una partida prescindible.
