by Oliver Adriance
Un activista a favor de la ley de Arizona SB 1070 sostiene un rótulo. La ley es actualmente debatida en la Corte de Apelaciones en SF. (PHOTO BY OLIVER ADRIANCE)
Los manifestantes se presentaron en masa en la Corte James R. Browning el lunes en la mañana, algunos a favor, pero la mayoría contra la ley de inmigración de Arizona, SB 1070, la que está siendo revisada por la 9na Corte de Apelaciones del Circuito de EE.UU.
La ley, que fue firmada por la gobernadora estatal Republicana, Jan Brewer en abril pasado, fue rápidamente desafiada por varias demandas interpuestas por distintos grupos de derechos civiles y la administración Obama.
La ley requeriría a los inmigrantes llevar papeles que prueben sue status legal como ciudadano de Estados Unidos todo el tiempo.
Según la disposición de la ley “parar, detener y arrestar”, su ciudadanía puede ser revisada en cualquier momento por parte de un oficial que lo detenga por cualquier otra razón legal y sospeche que pueden estar ilegalmente en el país.
La corte escuchará los argumentos durante la semana, específicamente respecto de esta disposición, y cuánto tiempo puede un individuo estar detenido, mientras se confirma su estatus migratorio. Sólo un día antes de que la ley entrara en efecto, la Jueza del Distrito de EE.UU. Susan Bolton bloqueó esta disposición clave. Otro tema es si es que esta ley violaría o sustituiría las leyes federales sobre inmigración. Los críticos y manifestantes han sostenido que la ley conducirá a casos masivos de perfilamiento racial en el estado de Arizona y al acoso de muchos de sus ciudadanos latinos.
Jóvenes protestan contra la SB 1070 de Arizona en San Francisco.: (PHOTO BY OLIVER ADRIANCE)
A este argumento le hizo eco una investigación de Naciones Unidas publicada el lunes, la que reveló que los inmigrantes eran generalmente sujetos de los casos más duros de discriminación racial y xenofobia. Según MSNBC.com, el autor del estudio, Githu Muigai, dijo que “necesitamos desarrollar sistemas, estructuras, y políticas en un ambiente legal internacional, en el cual podamos abordar las legítimas preocupaciones de los estados receptores y ser capaces de salvaguardar la humanidad fundamental, a mi juicio, de los inmigrantes”.
Cuando se le preguntó sobre el SB 1070, Muigai fue citado diciendo que éste “no responde a los estándares mínimos de derechos humanos”.
Los partidarios de la ley dicen que la gobernadora Brewer y el resto del legislativo de Arizona, solamente estaban tratando de compensar los años de fracaso del gobierno federal para controlar el flujo de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera desde México. Este sentimiento fue compartido por un manifestante que llevaba un letrero que simplemente decía “Detengan la invasión”.
Otro manifestante dijo que no tenía “problema con los inmigrantes” y que “no hay razón para que no puedan venir legalmente a este país”.
La mayoría de las encuestas muestran que caso el 70 por ciento de los ciudadanos de Arizona apoyan la ley según un artículo del Centro para Estudios de Inmigración, una organización independiente, sin fines de lucro. Sus estadísticas muestran que la población de inmigrantes ilegales en Arizona ha pasado de 330,000 en el año 2000 a más de medio millón para 2008.
Según un portavoz de la corte, no hay línea de tiempo para cuando harán un fallo oficial sobre el SB 1070.
La gobernadora Brewer ha declarado que está dispuesta a apelar el caso en la Corte Suprema de EE.UU. si el caso no termina a su favor.
Ella estaba presente durante las audiencias, pero voló de regreso a Arizona a tiempo para supervisar las horas finales de su exitosa campaña para la reelección.
