[Author]por Viji Sundaram
New America Media[/Author]
Sin tratamiento para reemplazar sus riñones que le fallan, Olga sabe que va a morir.
La madre soltera de 37-años de edad está desesperada por conseguir un trasplante y así mejorar y poder trabajar para alimentar y mantener a sus tres hijos de nuevo – algo que no ha sido capaz de hacer en el último par de años.
Pero su condición de indocumentada la descalifica para poder estar en la lista de trasplantes de órganos, poniendo así en peligro su vida.
La frágil salud de Olga la obligó a dejar de trabajar como mujer de limpieza en casas y asistente en un lavadero de autos en el Área de la Bahía, algo que ella hacia siete días a la semana, como complemento a los cheques de $ 800 mensuales que el padre de sus hijos le envía. Esos fueron los trabajos que podía conseguir sin revelar su estado indocumentado. En 2010, fue abruptamente obligada a dejar las cajas que cargaba en el trabajo, en un centro de UPS, cuando su empleador un día le pidió su número de Seguro Social.
Olga, quien pidió que su apellido no fuera usado, dejó de trabajar por completo hace dos años después de que sus piernas comenzaron a hincharse y sufriera dolores de cabeza persistentes. Sus viajes a las salas de emergencias sólo le dieron un alivio temporal. Intentó obtener discapacidad con la ayuda de un abogado de inmigración proporcionado por una organización de caridad, pero se le dijo que no había calificado.
La mujer nacida en México fue diagnosticada con una enfermedad renal en 2001. En 2012, los médicos le dijeron que iba a necesitar diálisis por el resto de su vida a menos que se hiciera un trasplante de riñón. Pero para entrar en la lista de trasplantes, le dijeron que tendría que tener un estatus legal. Hasta entonces, ella podría recibir diálisis en forma ambulatoria tres veces a la semana. Actualmente California cuenta con 50.057 pacientes con diálisis.
Aunque no es muy letrada, Olga aprecia la ironía de su situación. Ella sabe que sería más barato que consiguiera un trasplante de riñón de unos 100.000 dólares de lo que costaría recibir diálisis de por vida, que sería alrededor de $ 80,000 al año en el Área de la Bahía de San Francisco.
En promedio, un trasplante duplica la esperanza de vida de un paciente en comparación con la diálisis. Pero incluso si recibiera ese trasplante, el tratamiento médico de Olga estaría lejos de terminar, ya que necesitaría medicamentos anti-rechazo que cuestan alrededor de $ 10.000 por año por el resto de su vida. Muchos centros de trasplante dicen el estado de una persona indocumentada podría comprometer su capacidad para seguir pagando por la atención de seguimiento.
“En esencia, todos los centros de trasplante requieren que todos los candidatos de trasplantes tengan seguro médico, ya sea público o privado, de modo que los pacientes tengan cobertura después del trasplante para cubrir el costo de los medicamentos inmunosupresores, que son caros”, dijo el doctor John Scandling, director médico del centro de trasplantes de riñón en la Universidad de Stanford, donde algunos pacientes indocumentados que viven en el condado de Santa Clara han recibido trasplantes.
Pero afirmó: “Mi opinión personal es que los pacientes indocumentados no deben mantenerse fuera de la lista de espera de órganos. No rechazamos los órganos donados por personas sin papeles, pero no estamos dispuestos a proporcionar órganos para ellos. “
Una singularidad en el sistema de salud de Estados Unidos es que requiere que Medicare federal cubra todos los pacientes con enfermedad renal terminal, independientemente de su edad, para diálisis y trasplante de órganos. La excepción son los inmigrantes indocumentados. Pero los pacientes indocumentados de bajos ingresos pueden recibir atención de emergencia en los hospitales los cuales son reembolsados por el programa financiado de seguro federal y estatal para las personas de bajos ingresos llamados Medicaid (Medi-Cal en California). Es una suerte para Olga que en California, así como Nueva York y Carolina del Norte, define la diálisis ambulatoria que ella recibe, como “atención de emergencia.”
El año pasado, a raíz de las protestas de los 14 pacientes indocumentados en necesidad crítica por necesitar trasplantes de órganos, dos hospitales del área de Chicago acordaron poner a los pacientes en situación irregular en la lista de espera de trasplantes de órganos.
Aunque Olga podría entrar en la lista para trasplante de riñón, probablemente tendría que esperar de seis a 10 años para conseguirlo en el Área de la Bahía de San Francisco, pues hay mayor demanda de trasplantes de riñones que donantes, dijo Scandling. Todo lo contrario sucede en el noroeste del Pacífico y el Medio Oeste, donde el tiempo de espera es de entre uno y tres años.
El padre de Olga, quien había vivido en los Estados Unidos de manera ilegal pues al igual que su esposa y Olga emigró aquí desde su natal México hace 15 años, se mudó de vuelta a casa en 2012 para buscar tratamiento para su diabetes.
Olga, también podría volver a México, donde un trasplante renal cuesta alrededor de $ 40.000, pero tendría que exponerse de nuevo al medio del desierto para reunirse con sus tres hijos nacidos en Estados Unidos. Eso, dijo, sería demasiado peligroso.
Laura López, directora ejecutiva del Proyecto de Salud a nivel de calle, una organización sin fines de lucro con sede en Oakland que ayuda a que los inmigrantes tengan acceso a la atención médica y otros servicios, cree que California debe brindar atención médica a todos sus residentes. Ella apoya la ley del cuido de salud para todos del senador democrático Ricardo Lara para.
“La gente no debería tener que volver a su tierra natal para morir por no poder obtener atención medica en los EE.UU.”, afirmó López.
