por Suzanne Potter, productora
Public News Service
Martes, 30 de julio de 2024 – Los grupos de derechos de los inquilinos están pidiendo a los legisladores que actúen en varios frentes para controlar a los propietarios corporativos que, según ellos, están empeorando la crisis de vivienda de California.
Los defensores dijeron que después de que la firma de capital privado Blackstone comprara 5,600 apartamentos en el área de San Diego en 2021, la empresa comenzó a expulsar a los inquilinos para aumentar agresivamente los alquileres.
Amy Schur, directora de campaña de la Alliance of Californians for Community Empowerment, trabaja con un grupo de inquilinos llamado Blackstone Tenants Union. «Los informes han demostrado que, cuando pueden, digamos que un inquilino se muda, aumentan los alquileres hasta en un 40 por ciento, 50 por ciento para el próximo inquilino», señaló Schur. «En otras palabras, estas viviendas se están volviendo cada vez menos asequibles en sus manos. Y lo que es peor, ahora estamos empezando a ver más desalojos que son desalojos absolutamente irrazonables».
Blackstone no respondió a una solicitud de comentarios, pero ha dicho en el pasado que ha gastado $100 millones para mejorar sus propiedades y afirma que los alquileres promedio allí están un 20 por ciento por debajo del precio del mercado.
La Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó recientemente una moción para examinar una ordenanza para limitar la cantidad de propiedades residenciales unifamiliares que un inversor institucional o un propietario corporativo puede poseer. Tres proyectos de ley similares no avanzaron este año en la Legislatura estatal.
A nivel federal, la Ley para Detener el Saqueo de Wall Street, que se volverá a presentar este otoño, reformaría la economía del capital privado.
Caroline Nagy, asesora nacional de políticas de la organización sin fines de lucro Americans for Financial Reform, señaló que varios miembros del Congreso han aceptado miles de dólares en contribuciones de los empleados de Blackstone durante este ciclo electoral, incluidos el representante Mike García, republicano por California, la representante Michelle Steel, republicana por California, el representante Ken Calvert, republicano por California, el representante Young Kim, republicano por California, el representante David Valadao, republicano por California, y el representante John Duarte, republicano por California.
«Sabemos que el lobby de los propietarios corporativos está gastando los pagos de alquiler ganados con esfuerzo por sus inquilinos y las tarifas basura, presionando a los funcionarios electos en contra de los intereses de los inquilinos», afirmó Nagy.
Este otoño, los votantes de California considerarán la Proposición 33, que derogaría ciertos límites a las ordenanzas locales de control de alquileres. Además, el presidente Joe Biden pidió recientemente al Congreso que les dé a los propietarios corporativos la opción de limitar los aumentos de alquiler de las unidades existentes al 5 por ciento anual o arriesgarse a perder exenciones fiscales federales.