El Congreso debe rechazar la regulación de «carga pública», instan defensores
por el Centro Nacional de Derecho de Inmigración
WASHINGTON, D.C. — Los defensores de las familias inmigrantes y las oportunidades económicas se manifestaron en contra de una nueva regulación de la administración Trump que tiene como objetivo evitar que millones de familias accedan a la atención médica y otros programas o corren el riesgo de negar la condición legal permanente en los Estados Unidos. Esta regulación de «carga pública» recibió un número récord de comentarios, la gran mayoría opuesta a la medida de Trump. Ahora que la regla ha sido finalizada, los defensores se están movilizando en los tribunales y en el Congreso para bloquear su implementación.
«Esta política niega un futuro seguro y permanente en este país a cualquiera que no sea blanco y rico», dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. “No lo soportaremos. El Centro Nacional de Leyes de Inmigración se está preparando para demandar para luchar contra esta regulación y proteger a las familias inmigrantes”.
La regulación de «carga pública» fue propuesta el otoño pasado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estimaciones independientes indicaron que amenazaría a unos 26 millones de personas en todo el país, directa o indirectamente. Además de apuntar a inmigrantes de color, con discapacidades y que tienen ingresos inferiores a $62,000, esa propuesta habría puesto en riesgo las solicitudes de admisión a los Estados Unidos o las solicitudes de una «tarjeta verde» si un inmigrante usa ciertos beneficios públicos.
“La publicación rápida de esta regla a pesar de más de un cuarto de millón de comentarios presentados durante el período de comentarios de 60 días indica que la Administración ha elegido deliberadamente ignorar las perspectivas, experiencias e investigaciones proporcionadas por una amplia muestra representativa de estadounidenses.» dijo Olivia Golden, directora ejecutiva del Centro de Derecho y Política Social.
“Estos comentaristas incluyeron miembros del Congreso, alcaldes, defensores de mujeres y comunidades de color, líderes religiosos, la comunidad médica, educadores, inmigrantes y muchos otros estadounidenses. Estas fueron personas de todos los ámbitos de la vida en nuestro país que enviaron un mensaje de que esta regulación amenaza la fortaleza económica de nuestro país y el futuro de nuestros hijos. ¡La decisión de ignorarlos es vergonzosa e ilegal!»
La propuesta atrajo más de 266,000 comentarios públicos, abrumadoramente en oposición. Además, se opuso a los principales grupos de defensa y proveedores de atención médica, defensores de la nutrición, defensores de la vivienda, CEOs corporativos y defensores de oportunidades económicas, niños y familias trabajadoras.
“Como pediatra, esta regulación de carga pública es un asalto a mi rol profesional: no estoy seguro de cómo guiar a las familias cuando sé que la inscripción en los servicios de pan y mantequilla que los mantienen saludables podría poner en peligro la unidad familiar. Esta regla final sirve para intimidar y asustar aún más a las familias que buscan los servicios necesarios para mantenerlos saludables y productivos. En conjunto con otras inminentes propuestas dañinas, estas acciones tendrán consecuencias perjudiciales para la salud y el bienestar de los inmigrantes», dijo Julie Linton, MD, FAAP, Presidenta, Consejo de la Academia Estadounidense de Pediatría sobre Salud de Niños y Familias Inmigrantes.
The DHS regulation is one of several recent and planned attacks on immigrant families of color. Trump’s United States Department of Justice (DOJ) has drafted a companion regulation that would expand deportations based on immigrant families’ use of public programs. Advocates expect that the DOJ regulation will have an even greater “chilling effect,” because of the family separation consequences of deportation. The Department of Housing and Urban Development also proposed regulations denying housing assistance to mixed-status families that include an undocumented person—a move that could reportedly make 55,000 U.S.-born children homeless. The Commerce Department also attempted to add a citizenship question to the 2020 Census, prompting ultimately successful litigation arguing that the policy would disenfranchise voters of color. Like these policies, the public charge regulation finalized today is expected to have a disproportionate impact on children and families of color.
“This inhumane rule with racist roots is a shameful ploy by the Trump Administration to rig the immigration system for the wealthy,” said Cynthia Buiza, Executive Director, California Immigrant Policy Center. “Our message to our state’s strong, diverse immigrant community is simple: California has your back. A courageous network of advocates and community groups is fighting for you. We will not allow this harmful regulation to undo the powerful work we have done in California to protect all who call our state home.”
“To be clear, Trump’s final public charge regulation is still racist, classist and part of his administration’s white supremacist agenda to whiten the composition of this country,” said Jonathan Jayes-Green, Co-Founder and Director, UndocuBlack Network. “It is immoral, cruel and forces people to choose between their basic needs and the people they love. Across the country, out of fear, people are pulling out of public benefits that they qualify for. We reject these fear-based tactics and we will fight back as we always have.”
Congress also has the power to block the regulation’s implementation, and the House of Representatives is already taking action to protect families. The No Federal Funds for Public Charge Act, sponsored by Rep. Judy Chu (D-California), has more than 40 cosponsors and is endorsed by key advocates. As its name suggests, the bill would block funding of the regulation’s implementation. Senator Mazie Hirono (D-Hawaii) intends to introduce companion legislation after the congressional recess.
A recording of advocates’ comments during a press call today is available at https://www.nilc.org/wp-content/uploads/2019/08/PublicCharge-2019-08-12.mp3.
