por Susana Potter
California News Service
16 de octubre de 2023: Los grupos que luchan contra el hambre piden un cambio justo en el próximo proyecto de ley agrícola, que proporciona fondos federales de contrapartida para programas que ayudan a las familias de bajos ingresos a comprar productos frescos.
El programa Market Match ofrece a las personas de Cal Fresh alrededor de $15 por mercado por día para gastar en 270 sitios en todo el estado.
Minni Forman es directora del programa de alimentación y agricultura en el Centro de Ecología, una organización sin fines de lucro en Berkeley, que dirige Market Match.
«En 2022 hubo 500.000 transacciones», dijo Forman. «Casi $20 millones en gastos de CalFresh y Market Match, principalmente destinados a pequeños y medianos agricultores. Por lo tanto, este programa tiene impactos masivos para los compradores de CalFresh, los agricultores y los operadores del mercado».
La actual Ley Agrícola expiró el 30 de septiembre y se están negociando un nuevo proyecto de ley que cubra los próximos cinco años.
Grupos como la Coalición de Mercados de Agricultores para Todos y la Alianza para los Mercados de Agricultores de California están pidiendo al Congreso que financie programas como Market Match en todo el país.
Andy Naja-Riese es director ejecutivo del Instituto Agrícola de Marin (AIM), una organización sin fines de lucro que administra mercados de agricultores.
Dijo que los federales deben priorizar los programas con resultados probados y no hacerlos competir por fondos con programas más nuevos.
«Estamos abogando por que nuestros funcionarios electos apoyen este enfoque escalonado», dijo Naja-Riese, «para que programas como en California y en todo el país puedan continuar operando programas innovadores exitosos como Market Match».
El domingo, grupos contra el hambre se reunieron en el mercado de AIM Clement Street en San Francisco en su décimo aniversario, para honrar al asambleísta Phil Ting (demócrata por San Francisco), quien redactó el proyecto de ley en 2015 que condujo a la creación del programa Market Match.
Ting dijo que hay suficiente dinero para seguir funcionando… por ahora.
«Con el programa Market Match», dijo Ting, «conseguimos los 35 millones de dólares del presupuesto del año pasado para, con suerte, poder pasar uno o dos años más antes de que tengamos que pedir más dinero».
Grupos de consumidores y seguridad automotriz instan a vetar el proyecto de ley para cambiar los límites de las demandas
Los grupos que luchan por los consumidores y la seguridad de los automóviles están instando al gobernador Gavin Newsom a vetar un proyecto de ley que, según dicen, haría más difícil para los californianos que alegan fraude o se quedan atrapados con un vehículo «limón» probar su caso. El Proyecto de Ley Senatorial 71 aumenta el límite de $25,000 a $35,000 para evitar ser trasladado a un tribunal civil limitado, donde el proceso de descubrimiento y el número de declaraciones son limitados.
Michael Brooks, director ejecutivo del Centro para la Seguridad Automovilística, sostiene que este cambio pondría en desventaja a las personas que compran vehículos de gama media.
«Lo que están haciendo es aumentar el límite a 35.000 dólares», dijo. «Y luego, a todos los que estén bajo ese listón les resultará mucho más difícil tener éxito cuando tengan un vehículo defectuoso que califique como limón».
El proyecto de ley cuenta con el apoyo de los cobradores de deudas y la Alianza para la Innovación Automotriz, que representa a la industria automotriz. La Alianza, en una carta a los legisladores, dijo que el cambio «beneficiaría a los consumidores y a la industria automotriz al reducir los costos de los litigios y acelerar los plazos de los casos en los casos de la ley limón».
Brooks dijo que esa línea de argumento no se sostiene.
«Se está haciendo pasar como un proyecto de ley que de alguna manera simplificará el proceso para los consumidores, pero lo que en realidad hará es limitar su capacidad para probar su caso», imploró Brooks.
En los tribunales civiles limitados, el plazo para presentar apelaciones se reduce a 30 días y hay un límite en las indemnizaciones que un juez o jurado puede otorgar. El proyecto de ley también aumentaría el límite en los tribunales de reclamos menores de $10,000 a $12,500.
