por Suzanne Potter
California News Service
Los grupos de consumidores están luchando contra una propuesta en el Congreso que aceleraría la instalación de equipos de Internet inalámbrico de alta velocidad 5G al limitar la participación del gobierno local en la obtención de permisos.
La Resolución de la Cámara 3557 requeriría que los gobiernos locales procesen muchas solicitudes de permisos dentro de 60 a 150 días, dependiendo del tamaño del proyecto. Si no lo hacen, se aprobaría automáticamente.
Scott McCollough, principal abogado litigante del grupo Children’s Health Defense, dijo que dos meses no es tiempo suficiente para examinar minuciosamente las propuestas y le preocupa que puedan ser aprobadas.
«Con algo así como un requisito de reloj de tiro de 60 días, no es posible realizar un análisis ambiental, dar aviso público, celebrar la audiencia y procesar y aprobar o denegar la solicitud», sostuvo McCollough. «La única respuesta es eliminar al público y hacerlo todo administrativamente».
Los partidarios del proyecto de ley dicen que las objeciones locales están ralentizando el despliegue de Internet inalámbrico de alta velocidad 5G. La administración de Biden prioriza la instalación de fibra sobre la inalámbrica, y los defensores dicen que está preparado para el futuro y cuesta menos a largo plazo porque no necesita actualizarse constantemente como la conexión inalámbrica. Hasta ahora, el proyecto de ley ha sido aprobado por un comité de la Cámara pero no ha obtenido una votación en el pleno.
Jodi Nelson, directora de Californians for Safe Technology, una organización sin fines de lucro, dijo que algunas personas sufren de hipersensibilidad electromagnética debido a la exposición a la radiación de radiofrecuencia.
«Experimentan confusión mental, falta de sueño, dolores de cabeza, tinnitus, falta de energía», explicó Nelson. «Estos son algunos de los principales problemas que tienen las personas con sensibilidad electromagnética».
Proyectos de ley de preferencia inalámbricos similares se aprobaron dos veces en California, pero luego fueron vetados por los gobernadores Jerry Brown y Gavin Newsom. Dos proyectos de ley inalámbricos ante la Legislatura estatal ahora agruparían los permisos en grupos y moverían el dinero programado para tender fibra a programas para expandir el servicio inalámbrico.
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CA trabaja para erradicar el aumento de precios en los comestibles
Los fiscales generales de más de 30 estados, incluido California, acaban de anunciar un esfuerzo bipartidista para reducir los costos y crear más opciones en el supermercado. Las agencias estatales encargadas de hacer cumplir la ley se comprometen a trabajar con la nueva Asociación de Competencia Agrícola del USDA para investigar el aumento de precios en la industria alimentaria.
Teresa Murray, un organismo de control del consumidor del Grupo de Investigación de Interés Público, dijo que si bien los picos de inflación recientes han sido un factor, vale la pena echarle un vistazo más de cerca.
«Creemos mucho en un mercado libre, pero no cuando se trata de cruzar la línea de tratar de aprovecharse de las personas y familias que solo intentan alimentar a sus hijos», explicó.
Más allá de las estructuras de precios, el USDA dijo que los estados estarán atentos a los conflictos de intereses, el mal uso de la propiedad intelectual y las barreras anticompetitivas en las cadenas de suministro de alimentos y agricultura. Grupos empresariales como la Cámara de Comercio de EE.UU. se oponen a la medida, calificándola de «extralimitación».
Murray agregó que si bien ha habido rumores sobre estos problemas, es difícil ir a una tienda de comestibles, ver precios más altos y saber con certeza si la codicia corporativa está en juego.
«¿Cuáles son los costos de fabricación? ¿Cuáles son los costos de mano de obra, que probablemente han subido?», dijo. «¿Cuáles son los costos de la cadena de suministro? ¿Cuáles son los costos de distribución? Y luego, ¿dónde, al final, hay una ganancia, y alguien en el camino se está aprovechando de la situación?»
Murray agregó que no existe un estatuto federal que aborde el aumento de precios, por lo que la aplicación estatal será importante. California tiene una ley en los libros que tipifica como delito el aumento de precios durante una emergencia, pero no todos los estados lo hacen, y algunos tienen un alcance limitado.
