Indígenas maya ixil (arriba) en la ciudad de Chajul (abajo).
El 10 de mayo 2013, Efraín Ríos Montt – ex dictador guatemalteco de 87 años – fue declarado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad. El general fue condenado a 80 años de prisión por el asesinato de 1,771 indígenas de la etnia maya ixil. La sentencia tiene un gran valor histórico, pues es la primera vez en el mundo que un ex jefe de Estado es condenado por genocidio.
“El reconocimiento del delito de genocidio afecta a todos los guatemaltecos”, ha declarado la jueza Yasmin Bargobierrios al termino del juicio, después haber escuchado a más de 100 testigos y víctimas. “Reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado. La aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas. Estos hechos no deben volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz”. Sin embargo, el 20 de mayo de 2013 la Corte Constitucional del país centroamericano anuló la sentencia, así que el proceso regresa al pasado 19 de abril.
Los delitos que se atribuyen a Ríos Montt se remontan al período 1982-83, cuando Guatemala vivió la más sangrienta represión de sus 36 años de conflicto armado. En este entonces, el ejército aplicó una estrategia contrainsurgente llamada “tierra arrasada”, con el objetivo de aniquilar el pueblo indígena maya ixil que se consideraba como la base de los guerrilleros.
Mientras la cúpula empresarial, agroindustrial y financiera de Guatemala se manifestaba en la capital exigiendo la anulación del juicio contra el ex dictador, el presidente Otto Pérez Molina declaraba aceptar la sentencia. La decisión no se daba por sentada, pues en el pasado, el presidente guatemalteco afirmó que no hubo genocidio y que las acusaciones eran mentiras de los comunistas. De hecho, Pérez Molina fue muy cercano a Ríos Montt: el actual presidente era un mayor del ejército asignado a la región ixil, donde se llevaron a cabo los crímenes que la corte atribuyó a Ríos Montt, justo en el período 1982-83.
Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en Guatemala el saldo de muertos y desaparecidos durante el conflicto supera las 200mil personas, entre ellas el 83% son indígenas mayas. En su informe, la Comisión escribe: “Gran parte de las violaciones de los derechos humanos fueron perpetradas con ensañamiento y de forma pública.
[…] El asesinato de niños y niñas indefensos, a quienes se dio muerte en muchas ocasiones golpeándolos contra paredes o tirándolos vivos a fosas sobre las cuales se lanzaron más tarde los cadáveres de los adultos; la amputación o extracción traumática de miembros; los empalamientos; el asesinato de personas quemadas vivas; la extracción de vísceras de víctimas todavía vivas en presencia de otras; la reclusión de personas ya mortalmente torturadas, manteniéndolas durante días en estado agónico; la apertura de los vientres de mujeres embarazadas. La crueldad extrema fue un recurso utilizado con intención para generar y mantener un clima de terror en la población. La vasta mayoría de las víctimas de las acciones del Estado no fueron combatientes de los grupos guerrilleros, sino civiles”.
Se estima que en Guatemala, al principio de los ‘80, entre 500mil y un millón y medio de personas fueron obligadas a huir de la violencia: alrededor de 150mil se refugiaron en México, mientras que los demás se vieron forzados a desplazarse constantemente dentro del país. Entre ellos, doña Elvira, una mujer que durante doce años formó parte de la CPR (Comunidades de Población en Resistencia, comunidades nómades que se convirtieron en el objetivo prioritario de las operativos del ejército) del Departamento del Petén.
En aquel tiempo las familias de la CPR-Petén empacaban cada mañana las pocas cosas que tenían, para estar listas a huir selva adentro en cualquier momento.
“Siempre habían centinelas a los cuatro puntos”, cuenta doña Elvira. “La señal cuando llegaba el ejército era un disparo en el aire, teníamos que agarrar maleta e irnos. El ejército entraba seguido y teníamos que agarrar camino y hacer campamento en otro lugar, porque cuando llegaba al campamento donde estábamos destrozaban todo”.
Doña Elvira relata de las dificultades de aquellos años, el miedo continuo, la solidaridad de los compañeros y el hambre. Se comía lo que la selva le regala: raíces, plantas y algunas frutas. “A veces los compañeros hallaban milpas y robaban un poquito de maíz para dar de comer a los niños, había muchos niños. Cocinábamos el poquito de maíz que llevaban, pues andábamos llevando un molino y una olla. Hacíamos pelotitas de masa envueltas en hojas y nos íbamos a ver donde la comíamos por allí. No se podía juntar fuego en el día, porque siempre andaba una avioneta por la montaña y si detectaba el humo tiraba bombas en el campamento. Así que se cocinaba de noche”.
Después de la última ofensiva, en 1992, los desplazados de la CPR-Petén entendieron que el ejército ya no había llegado y crearon cuatro comunidades en la selva Lacandona. “Cuando veníamos por acá no traíamos nada, porque no teníamos nada que traer, pero luego muchas organizaciones nos apoyaron”, recuerda doña Elvira. “La única institución del gobierno que nos apoyó un poco fue FONAPAZ (Fondo Nacional Para la Paz): ellos nos apoyaron con la alimentación, pero fue muy poquito. Todo lo que tenemos se realizó gracias al apoyo de organizaciones internacionales: la escuela básica y la primaria, la clínica, la radio, la tienda. El gobierno no cumplió con lo prometido, lo único que cumplió fue la perforación de un pozo mecánico para sacar el agua, aunque muy pronto la bomba se rompió”.
