Con el aumento de arrestos migratorios, San Diego se prepara para una ofensiva aún mayor
por Wendy Fry y Natasha Uzcátegui-Liggett
Los arrestos migratorios en los condados de San Diego e Imperial aumentaron casi 1,500 por ciento entre mayo y octubre en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos federales analizados por CalMatters, lo que ha despertado temores entre defensores de que la región pueda enfrentar una ofensiva de control migratorio aún mayor en los próximos meses.
Más de 4,500 personas fueron arrestadas por violaciones civiles a las leyes de inmigración durante ese periodo de seis meses en 2025, en comparación con menos de 300 arrestos en los mismos meses de 2024. La región, que las autoridades federales clasifican como el área de responsabilidad de San Diego, incluye comunidades costeras y del interior. Para septiembre, los arrestos en esta zona ya habían superado a los del área mucho más grande de Los Ángeles, que atrajo atención nacional el verano pasado por operativos de alto perfil.
“Siento que la temperatura está subiendo”, dijo Patrick Corrigan, voluntario que monitorea la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en el tribunal federal del centro de San Diego.
Mientras ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis han experimentado operativos de control visibles, la escalada en San Diego se ha desarrollado de forma más discreta. Defensores señalan que el aumento constante de arrestos ha creado un clima de temor en comunidades inmigrantes, aun cuando la ciudad no ha visto todavía una redada grande y coordinada como las registradas en otras regiones.
En diciembre, el “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, visitó la frontera de San Diego junto con el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, y advirtió que se desplegarían más agentes en todo el país. Homan criticó a las llamadas ciudades santuario, entre ellas San Diego y Chula Vista, al argumentar que los límites a la cooperación con las autoridades federales provocarían más arrestos en las comunidades.
“Si quieren ser una ciudad santuario, van a obtener exactamente lo que no quieren”, dijo Homan durante la visita. “Más agentes en la comunidad y más personas sin antecedentes penales arrestadas”.
Grupos defensores señalan que esa predicción ya se está cumpliendo. Agentes federales han realizado arrestos en tribunales, citas migratorias y espacios públicos, incluidos cerca de escuelas y en estacionamientos de grandes tiendas. En meses recientes, miembros de la comunidad han reportado ver a agentes detener a jornaleros y a personas que acudían a citas rutinarias, lo que ha profundizado la ansiedad entre familias ya cautelosas de cualquier contacto con autoridades.
Críticos afirman que los arrestos en tribunales socavan el debido proceso al detener a personas que intentan cumplir con los requisitos migratorios. Abogados y defensores legales señalan que el temor a ser arrestado desalienta a inmigrantes a asistir a audiencias, buscar asesoría legal o cooperar como testigos en casos penales, lo que puede debilitar la seguridad pública. También sostienen que esta práctica sobrecarga aún más a los tribunales de inmigración, donde los retrasos pueden extenderse por meses o años, dejando a las familias en una incertidumbre prolongada sobre su estatus legal y su capacidad para trabajar, viajar o reunirse con familiares.
“Solo están sumando números”, dijo Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego. “Lo están haciendo de una manera que no solo es irresponsable, sino inhumana”.
Datos obtenidos por el Deportation Data Project muestran que solo alrededor del 25 por ciento de las personas arrestadas entre mayo y mediados de octubre tenían condenas penales previas, frente a más del 60 por ciento durante el mismo periodo en el último año de la presidencia de Joe Biden. Las cifras reflejan arrestos administrativos por violaciones civiles a las leyes migratorias, no cargos penales, según investigadores que revisaron los datos proporcionados por ICE en respuesta a solicitudes de registros públicos.
En el tribunal federal, voluntarios de organizaciones religiosas acompañan a inmigrantes a audiencias y citas migratorias para brindarles apoyo. Milagros, una solicitante de asilo venezolana que llegó legalmente a través del sistema de citas CBP One en 2024, dijo que temía entrar al edificio después de que su esposo fuera detenido.
“Cuando cambian constantemente las políticas, no sentimos que podamos caminar libremente”, dijo.
Fuera de los edificios oficiales, han surgido patrullajes comunitarios en vecindarios como Linda Vista y Barrio Logan, donde voluntarios alertan a residentes sobre la presencia de ICE. Los grupos usan radios portátiles y aplicaciones de mensajería para avisar cuando sospechan que hay agentes en la zona, con la esperanza de reducir el riesgo de encuentros sorpresivos y dar tiempo a las familias para evitar el área.
“Una de las preguntas constantes que recibimos es: ‘¿Cuánto tiempo más va a durar esto?’”, dijo Adriana Jasso, de Union del Barrio. “Parte el corazón, porque nadie lo sabe”.
– Nota del editor: Este artículo fue editado y acortado para ajustarse al espacio disponible.
