por Marvin Ramírez
Desde que asumió el cargo, el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, ha actuado con una urgencia notable para enfrentar una de las realidades más visibles y dolorosas de la ciudad: el desorden en las calles. Los resultados son innegables. Los campamentos han disminuido en varios corredores, las aceras lucen más limpias y los distritos comerciales que se sentían abandonados comienzan a respirar de nuevo. Para muchos residentes y comerciantes, este cambio era largamente esperado. Envía un mensaje claro: la ciudad ya no está dispuesta a normalizar el caos, el consumo abierto de drogas y la lenta erosión del espacio público.
Cualquiera que camine por nuestros vecindarios puede ver que gran parte de lo que ha plagado nuestras aceras en los últimos años está ligado a la adicción y a enfermedades mentales sin tratamiento. La llegada del fentanilo no solo añadió otra droga al problema; transformó la crisis en algo mucho más letal y visible. Personas encorvadas, congeladas en el mismo lugar, atrapadas en un ciclo que les roba dignidad y salud. Eso no es compasión. Es un fracaso humanitario. Restablecer el orden no es crueldad; permitir que las personas se consuman en público sí lo es.
En ese sentido, el alcalde Lurie merece reconocimiento por actuar donde otros dudaron. Durante demasiado tiempo, el Ayuntamiento pareció paralizado por la ideología y el miedo al costo político. El público se cansó de que le dijeran que no se podía hacer nada. El enfoque más firme del alcalde marca un giro: San Francisco está recuperando sus calles, parques y corredores comerciales para las familias, los trabajadores y los visitantes. Eso importa para la seguridad pública, para los pequeños negocios y para la imagen de la ciudad.
Pero mientras una mano limpia las calles, la otra parece empeñada en dificultar la vida cotidiana de la misma gente que mantiene viva a esta ciudad. La eliminación agresiva de estacionamientos en toda San Francisco —a menudo coordinada con Obras Públicas y respaldada por cambios de política a nivel estatal— se ha convertido en un golpe silencioso pero devastador para residentes y comerciantes. Cuadras enteras han perdido parquímetros, reemplazados por zonas amarillas extendidas o nuevas restricciones en las esquinas. Los camiones de reparto se estacionan en doble fila porque no hay otra opción. Los conductores reciben multas por situaciones prácticamente inevitables. Algunos incluso afirman que las empresas “presupuestan las multas” como un costo de operación, una señal de lo desconectada que se ha vuelto la aplicación de la ley de la realidad cotidiana.
Esto no es planificación urbana; es un exceso burocrático. Las mejoras de seguridad en las intersecciones son importantes, pero aplicar restricciones generalizadas de estacionamiento en calles residenciales tranquilas, donde el tráfico es mínimo, se siente menos como seguridad y más como una forma de recaudar ingresos. La eliminación de espacios históricos de estacionamiento tiene consecuencias reales: los clientes dan vueltas o se rinden y compran en otro lugar; las personas mayores y las familias enfrentan dificultades para hacer mandados básicos; los pequeños negocios pierden flujo de clientes. Mientras tanto, los líderes comunitarios que deberían alzar la voz con demasiada frecuencia aparecen hombro con hombro con los funcionarios electos, unidos por subvenciones, financiamiento a organizaciones sin fines de lucro y alianzas políticas. El resultado es silencio donde debería haber defensa del interés público.
San Francisco no es París. No es la Ciudad de México. Nuestro sistema de transporte público, aunque vital, no llega de manera conveniente a todos ni opera con la frecuencia y confiabilidad necesarias para reemplazar el automóvil para la mayoría de los residentes. Nos guste o no, esta ciudad —y este país— todavía funcionan en torno al automóvil. Fingir lo contrario castiga a la gente trabajadora, no a los responsables de formular políticas. La congestión en horas pico existe en todas las grandes ciudades del mundo. Eso no justifica desmantelar el acceso a los corredores comerciales y a las calles de los vecindarios.
El alcalde Lurie ha demostrado que el liderazgo decisivo es posible. Ahora debe aplicar ese mismo coraje a la crisis del estacionamiento. Reevaluar la eliminación masiva de espacios. Restablecer el estacionamiento donde la seguridad no esté realmente comprometida. Colocar medidas prácticas en la boleta electoral si es necesario. La vitalidad económica depende del acceso. La gente necesita poder llegar a los vecindarios, comprar, comer y apoyar a los negocios locales sin sentirse atrapada en un laberinto de restricciones y multas.
El alcalde ha comenzado a limpiar las heridas visibles de San Francisco. Para sanar verdaderamente a la ciudad, también debe enfrentar las políticas silenciosas que, poco a poco, asfixian la vida cotidiana. Equilibrio, no puntos ciegos: eso es lo que San Francisco necesita ahora.
