por Rosalba Ruíz
Funcionarios de la policía de cuatro estados dijeron que la nueva ley de inmigración de Arizona, que permite a la policía cuestionar sobre el estatus migratorio de cualquiera que sospechen estar “presente ilegalmente” en el país, es una mala idea.
Miembros de la Law Enforcement Engagement Initiative (LEEI), una organización de líderes de policía que abogan por una reforma a la inmigración, dijeron que se opondrían a una legislación similar si la propusieran en sus propios estados.
“Creo que este proyecto tendrá un impacto catastrófico en la labor de la policía”, dijo George Gascon, principal oficial de San Francisco, durante una teleconferencia de LEEI que incluyó a Hispanic Link News Service pocas horas antes de que el gobernador de Arizona, Jan Brewer firmara la legislación estatal.
Funcionarios del control de la ley enumeraron los altos riesgos del perfil racial, un negativo impacto en la confianza de la comunidad en la policía y presión adicional en la policía local, que ya tiene recursos limitados, como las principales razones por las que se oponen a la ley.
“(La ley) tiene algunas ramificaciones nacionales”, dijo Richard Myers, Jefe de Policía de Colorado, Colo., y miembro de LEEI. “La legislación impone otra misión sin fondos para la policía, que simplemente no podemos mantener… Espera que la policía local se involucre con lo que es la principal misión de las autoridades federales”.
Myers dijo que una de sus preocupaciones es que otros estados sigan este camino.
Los defensores de los derechos civiles han despreciado esta ley, citando el potencial para realizar perfiles raciales.
Antes de que se aprobara la ley, la Asociación de Jefes de Policía de Arizona expresaron su postura contra el proyecto, pero la Phoenix Law Enforcement Association, un sindicato de policías, pidió el apoyo del gobernador para el proyecto, diciendo que la legislación sería otra herramienta que contribuiría a que los oficiales “mantengan seguros nuestros barrios”.
El jefe de Raleigh, N. C., Harry Dolan, miembro de LEEI, declaró que mientras que prevenir el crimen es el rol de la policía, resolver los temas de inmigración es responsabilidad del gobierno federal: “No quiero dar una posición al respecto. Sólo quiero decir, gobierno federal, por favor involúcrese más”. Hispanic Link.
EN OTRAS NOTICIAS DE INMIGRACIÓN:
Latinos Conservadores ahora dicen que apoyan una legislación para la inmigración
por Luis Carlos López
PHOENIX, Ariz. — Justo cuando el Presidente Obama estaba a punto de revelar su intención de enterrar la idea de lograr una reforma a la inmigración este año, varios activistas políticos latinos conservadores y líderes de fe usaron una conferencia de prensa telefónica el 29 de abril coordinada por el autor/activista Juan Hernández para divulgar la voz de que hay mucho apoyo entre los Hispanos Republicanos para que un proyecto exhaustivo sea analizado en el Congreso durante esta sesión.
Mientras el Secretario de Comercio del ex Presidente George W. Bush, Carlos Gutiérrez participó como si estuviera esperando en un aeropuerto, el ex gobernador de Florida, Jeb Bush no apareció a último momento.
Hernández culpó su ausencia vagamente debido a un “cambio de programa” de último momento.
Hernández leyó una declaración que el ex gobernador dio a POLITICO el día antes, en el cual declaraba que el SB1070 de Arizona, firmado por el gobernador Jan Brewer el 23 de abril, “crea consecuencias no esperadas”.
Agregó, “No creo que sea la manera adecuada”.
Irónicamente, los participantes de la teleconferencia de noticias destacaron que para que un proyecto de reforma tenga alguna posibilidad de éxito, el Presidente Obama debe asumir un rol de liderazgo más fuerte.
Destacando que juntos representan varios cientos de congregaciones, la media docena de líderes evangélicos fueron unánimes al denunciar la legislación de Arizona.
Mientras, cuando comienza la cuenta regresiva de 90 días para que la ley SB1070 de Arizona entre en vigor, los latinos alineados con ambos partidos políticos siguieron llamando a protestas, marchas, boicots y protestas no violentas en todo el país el 1 de mayo y más.
La ley firmada por el gobernador Brewer ya ha generado dos demandas, una proveniente de la National Coalition of Latino Clergy and Christian Leaders, que interpusieron una queja el 29 de abril, citando que la legislación es ilegal porque mina la autoridad federal. Hispanic Link.
