por Mikhail Zinshteyn
En los últimos dos años, el gobernador Gavin Newsom ha vetado tres proyectos de ley que habrían ampliado el número de licenciaturas que los community colleges pueden otorgar. Ahora, los legisladores impulsan un cuarto intento, el Proyecto de Ley de la Asamblea 664 (AB 664), que fue aprobado por la Asamblea el 26 de enero, lo que prepara el terreno para otro posible choque con el gobernador.
Newsom apoya ampliar el acceso a las licenciaturas, pero se ha opuesto a agregar programas de licenciatura en los community colleges fuera del proceso establecido en una ley de 2021 que firmó con los legisladores. Esa ley permite a los community colleges desarrollar hasta 30 programas de licenciatura por año académico, siempre que no dupliquen los programas que ofrecen la Universidad de California (UC) y la Universidad Estatal de California (CSU).
Desde que se aprobó la ley, los desacuerdos sobre qué se considera duplicación han frenado más de una docena de propuestas de licenciaturas en community colleges debido a la oposición de la CSU. Tanto la UC como la CSU se oponen al AB 664, al considerar que podría debilitar el marco de 2021 y derivar en la duplicación de programas universitarios. Funcionarios universitarios señalan que el proceso de revisión busca evitar el uso ineficiente de recursos públicos y la superposición innecesaria entre sistemas.
Las universidades sostienen que son las proveedoras tradicionales de licenciaturas. Los community colleges responden que el tamaño de California y sus desigualdades regionales hacen poco realista depender únicamente de la UC y la CSU para las opciones públicas de cuatro años. Los partidarios argumentan que los estudiantes no deberían tener que viajar largas distancias cuando los community colleges cercanos podrían ofrecer licenciaturas enfocadas en la fuerza laboral y alineadas con las necesidades de los empleadores locales. También destacan que muchos estudiantes adultos equilibran trabajo y familia, lo que hace poco viable mudarse o realizar trayectos largos.
El asambleísta David Álvarez, demócrata de Chula Vista, dijo que el AB 664 permitiría al Southwestern College crear hasta cuatro licenciaturas adicionales en áreas aplicadas como la enseñanza del inglés a hablantes de otros idiomas y el diseño web. Subrayó que la propuesta evita carreras tradicionales comunes en las universidades y, en su lugar, se enfoca en programas vinculados a la demanda laboral local. Aunque el proyecto se limita a Southwestern, Álvarez instó a otros legisladores a considerar iniciativas similares donde persistan déficits regionales de fuerza laboral.
El ex canciller del sistema de community colleges, Eloy Ortiz Oakley, afirmó que ampliar las licenciaturas en los community colleges es un enfoque equivocado. Propone enviar profesorado de campus de la CSU con baja matrícula a impartir programas de licenciatura en sedes de community colleges. Crear nuevos programas, señaló, incrementa los costos en medio de déficits presupuestarios proyectados y puede tardar años en ponerse en marcha, mientras que los empleadores buscan trabajadores ahora. Añadió que una mayor colaboración interinstitucional podría ofrecer títulos con mayor rapidez sin duplicar infraestructura.
Las licenciaturas en los community colleges cuestan alrededor de 10 mil dólares por cuatro años, mucho menos que en la UC y la CSU. Sus defensores dicen que esta asequibilidad beneficia a estudiantes que quizá no califican para exenciones de matrícula. Unos 300 estudiantes obtienen estos títulos cada año, frente a aproximadamente 160 mil graduados de la UC y la CSU. Investigaciones indican que las licenciaturas de community colleges elevan los ingresos frente a los grados asociados, pero pueden generar salarios ligeramente más bajos que las licenciaturas universitarias, según el campo. Los resultados de largo plazo siguen en evaluación conforme maduran estos programas.
La UC y la CSU argumentan que el AB 664 elude la ley de 2021 al eliminar su capacidad de apelar los programas propuestos por Southwestern. Desde la aprobación de esa ley, más de 50 programas de licenciatura en community colleges han sido autorizados en alrededor de 40 planteles, mientras que 16 permanecen pendientes por objeciones de duplicación planteadas por la CSU. Directivos universitarios temen que el proyecto siente un precedente de excepciones que debiliten la coordinación a nivel estatal.
Las disputas se han convertido en un punto de fricción. Southwestern ha buscado una licenciatura en arquitectura ambiental binacional que Cal Poly Pomona ha cuestionado, pues ofrece un programa similar sin el enfoque binacional. Directivos de los colleges señalan que las revisiones por duplicación no consideran si las universidades tienen capacidad para admitir a todos los estudiantes interesados en áreas de alta demanda.
La geografía agrava el problema. Veintinueve de los 116 community colleges de California están a al menos 25 millas de una universidad pública y atienden a unos 150 mil estudiantes. Las tasas de transferencia son más bajas en estos planteles, lo que refuerza el argumento de que las licenciaturas en community colleges podrían cerrar brechas de acceso. Los críticos responden que las bajas tasas de conclusión y transferencia apuntan a desafíos sistémicos que deben atenderse, independientemente del nivel del título.
Tanto Álvarez como Oakley también señalan las dificultades de matrícula de la CSU. Trece de sus 23 campus no alcanzaron sus metas de inscripción el año pasado, mientras que las universidades con fines de lucro continúan matriculando a decenas de miles de estudiantes de California. El investigador Davis Jenkins, de la Universidad de Columbia, afirmó que incluso un aumento de diez veces en las licenciaturas de los community colleges no representaría una amenaza para la CSU. El debate, dijo, tiene menos que ver con la competencia y más con cómo California amplía el acceso a la educación superior y a las oportunidades.
– El texto original fue editado para ajustarse al espacio disponible en esta edición.
