por Alex Meneses Miyashita
Felix Ortiz
Los legisladores estatales han introducido más de 1,000 proyectos de inmigración hasta ahora este año, lo que más que duplica la cantidad de legislación introducida a nivel estatal en 2006, según datos de National Conference of State Legislatures.
Sostiene que hay al menos 1,169 proyectos y resoluciones que han sido introducidos este año.
Hasta ahora en el año calendario, hace 12 meses el número de proyectos introducidos era dos tercios menos.
En total en 2006, se introdujeron 570 proyectos de inmigración. Hasta ahora, se han aprobado 57.
El NCSL dice que estas tendencias reflejan la necesidad de abordar la reforma a la inmigración ante la ausencia de acción federal.
“La incapacidad de Washington para lograr consenso ha obligado a los estados a arremangarse y hacer el trabajo”, declaró la presidenta de NCSL Leticia Van de Putte.
La conferencia está presionando al gobierno federal a actuar respecto de la reforma a la inmigración.
“Los estados pueden hacer mucho”, declaró Van de Putte. “Es como si estuviéramos tratando de escalar un muro de 12 pies con un solo escalón. El gobierno federal debe arreglar y financiar el problema ahora”.
Las preocupaciones respecto del financiamiento han llevado a 17 estados a aprobar resoluciones contra el Acta REAL ID de 2005, que establece estándares nacionales para las licencias de conducir y requiere a todos los postulantes que prueben tener un estatus legal.
El asambleísta del estado de Nueva York Félix Ortiz, también presidente Reporterde National Hispanic Caucus of State Legislators, dijo a Weekly Report en febrero que a su estado solamente le costaría unos $200 millones implementar la ley — unas cinco veces lo que es federalmente apropiado.
“No recibieremos un mandato impuesto sin financiamiento”, dijo.
Grupos latinos y de derechos civiles alegan que la ley podría dañar a los inmigrantes indocumentados. Mientras varios de los proyectos listados por el NCSL en su análisis preliminar incluirían ciertos beneficios para los inmigrantes indocumentados, la gran mayoría de las propuestas legislativas los penalizarían.
Los proyectos del estado más comúnmente oscilan desde restringir servicios para los inmigrantes indocumentados, penalizando a los empleadores por contratarlos, permitiendo a la policía estatal y local entrar a los programas federales para fomentar la ley a la inmigración y requerir pruebas de ciudadanía para votar, entre otros.
La legislación que extiende los beneficios a los inmigrantes indocumentados comúnmente oscila entre entregarles certificados de conducir y tuicion escolar en el estado y financiamiento de programas de inglés.
Oklahoma, Missouri, Carolina del Sur y Tennessee han introducido propuestas exhaustivas como han sido definidas por NCSL. Éstos abordan varios elementos y se enfocan en los inmigrantes documentados y empleadores que los contratan.
Más recientemente, el Senado del estado de Oklahoma aprobó una legislación de 41-6 que ha sido informada como una de las más restrictivas del país contra los inmigrantes indocumentados.
Penaliza a los empleadores que los contratan, criminaliza el protegerlos, les quita los beneficios públicos y permite a la policía local entrar a un programa federal para aplicar la ley de inmigración.
El Sen. James Williamson, autor del proyecto, declaró que “una mirada justa a los problemas de Oklahoma está enfrentando como resultado de la inmigración ilegal”.
Los opositores ofrecen una visión alternativa. La califican de espíritu malvado.
Los descubrimientos adicionales preliminares de NCSL están disponibles enwww.ncsl.org.
Hispanic Link.
