por los services de cable de El Reportero
Un grupo de legisladores del sur de Florida de ambos partidos políticos se han unido para volver a presentar un proyecto de ley en el Congreso que daría a cientos de miles de venezolanos en los EE.UU. un camino hacia la residencia legal.
Las representantes estadounidenses Debbie Wasserman Schultz, demócrata de Weston, María Elvira Salazar, republicana de Miami y Frederica Wilson, demócrata de Miami Gardens, anunciaron esta semana que están patrocinando la reintroducción de la Ley de Ajuste Venezolano (HR 1348), para los venezolanos que ingresaron a los EE.UU. antes o el 31 de diciembre de 2021.
La legislación enfrenta una cuesta empinada que escalar en el Capitolio, donde la Cámara de Representantes y el Senado se están moviendo rápidamente para respaldar la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal. «La Ley de Ajuste Venezolano dará seguridad y tranquilidad a decenas de miles de venezolanos que han huido de un régimen totalitario y asesino», dijo Wasserman Schultz, cuyo distrito del Congreso incluye una de las comunidades venezolano-estadounidenses más grandes del país, en un comunicado.
«Mientras Trump cierra las vías legales para los migrantes, necesitamos que esta legislación vuelva a abrir la puerta para aquellos que deberían tener la oportunidad de convertirse en residentes legales permanentes como los cubanos han podido hacerlo durante años», dijo refiriéndose a la Ley de Ajuste Cubano, que permitió a los cubanos huir de la nación insular comunista.
Salazar dijo que el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha obligado a millones de venezolanos a abandonar el país debido a décadas de agitación económica y política.
«Mientras Maduro permanezca por la fuerza en el poder, esta crisis solo empeorará», dijo Salazar en un comunicado. «Estoy orgullosa de reintroducir la Ley de Ajuste Venezolano para brindar refugio a quienes han soportado un sufrimiento increíble, para que no tengan que regresar a casa para enfrentar la ira de la dictadura».
Wilson dijo en una declaración: “Enviar [a los venezolanos] de regreso no solo es incorrecto, es inhumano. Estoy orgulloso de apoyar una vía legal para ciertos ciudadanos venezolanos en los EE. UU. porque abandonarlos en su momento de necesidad no es una opción”.
La legislación propuesta que beneficia específicamente a los venezolanos llega sólo semanas después de que el gobierno de Trump dijera que estaba poniendo fin a las protecciones que protegían a aproximadamente 350,000 venezolanos de la deportación, dejándolos con menos de dos meses antes de que pierdan su derecho a trabajar en los EE.UU.
La orden de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afecta a 348,202 venezolanos que viven en los EE.UU. con el Estatus de Protección Temporal, o TPS, que está programado para expirar en abril. Eso es aproximadamente la mitad de los aproximadamente 600.000 que tienen TPS. Las protecciones restantes están programadas para expirar a fines de septiembre.
La decisión del gobierno es una de las últimas acciones dirigidas al sistema de inmigración, mientras los funcionarios trabajan para cumplir con las promesas de campaña de Trump de tomar medidas enérgicas contra las personas que viven ilegalmente en el país y llevar a cabo el mayor esfuerzo de deportación masiva en la historia de los EE.UU.
Al tomar su decisión, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que las condiciones habían mejorado lo suficiente en Venezuela como para justificar el fin del estatus de protección.
“La gran cantidad de venezolanos ha generado dificultades asociadas en las comunidades locales”, dice la decisión de la secretaria. Citó a miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua entre los que llegaron a Estados Unidos.
La pandilla se originó en una prisión sin ley en el estado central de Aragua hace más de una década, pero se ha expandido en los últimos años a medida que millones de venezolanos desesperados huyeron del gobierno de Maduro y migraron a otras partes de América Latina o Estados Unidos.
Durante su campaña, Trump insistió repetidamente en los peligros que plantea la pandilla, lo que provocó críticas de que estaba pintando a todos los inmigrantes como criminales.
Más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado su país de origen desde 2013, cuando su economía se desmoronó y Maduro asumió el cargo. La mayoría se estableció en América Latina y el Caribe, pero después de la pandemia, los migrantes pusieron cada vez más sus miras en Estados Unidos.
La prolongada crisis del país arrasó con la clase media y empujó a millones a la pobreza. Políticamente, el país se encuentra en un impasse después de que Maduro jurara su tercer mandato de seis años el mes pasado a pesar de la evidencia creíble de que el ex diplomático Edmundo González, quien representó a la coalición opositora respaldada por Estados Unidos en las elecciones de julio, lo derrotó por un margen de más de 2 a 1.
Los defensores de los inmigrantes y los activistas venezolanos en el sur de Florida cuestionan la evaluación de Noemi sobre Venezuela, diciendo que las condiciones no han mejorado y que no es seguro enviar a la gente de regreso.
En los últimos días de la administración Biden, el predecesor de Noem, Alejandro Mayorkas, extendió las protecciones para los venezolanos hasta octubre de 2026. Noem revocó esa decisión.
– The Associated Press contribuyó a esta historia.
