Copilado por el equipo de El Reportero
El legislador del estado de Arizona, Ben Miranda se unió a los líderes laborales y religiosos en un “Foro Público” sobre la Reforma a la Inmigración el viernes 30 de abril en el Capitolio del Estado en respuesta a la aprobación de Arizona de una de las leyes de inmigración más estrictas en el país, que ha causado gran enojo en las comunidades latinas en EE.UU. La ley de Arizona (SB 1070) permite a las autoridades exigir prueba de entrada legal a Estados Unidos a cualquier persona sospechosa de estar ilegalmente en el país. Ha endurecido la posición hacia la inmigración ilegal entre los políticos Republicanos tanto aquí como a nivel nacional.
El SB 1070 criminaliza a todos los inmigrantes indocumentados como “intrusos” en el estado de Arizona, y vuelve a los inmigrantes indocumenta- dos y sus familias sujetos de arresto y procesamiento por delitos menores, y en algunos casos delitos por el Nuevo crimen de “entrada sin autorización” (semejante al HR 4437, el ‘proyecto Sensenbrenner’ de 2005).
El proyecto legaliza realizar perfi les raciales no chequeados por la policía a cualquiera que ellos “sos- pechen” es indocumentado, le da a la policía la autoridad de aplicar la ley de inmi- gración federal y arrestar a las personas que no pueden entregar una identifi cación que pruebe su residencia legal en EE.UU., le da a la policía el poder para investigar y poner una trampa a los empleadores por contratar trabajadores indocumen- tados, hace que buscar trabajo sea ilegal para los trabajadores y obliga a los individuos, independiente de su estatus migratorio o ciudadanía, llevar consigo identifi caciones o ser sujetos de detención e incluso deportación. Las agencias públicas y los proveedores de servicios tienen la autoridad para exigir documentos de identifi cación a cualquier persona.
Brown gana revisión de la Corte Suprema de EE.UU. sobre la prohibición de California a la venta de videojuegos violentos a los menores
INFORMADO POR LA OFICINA DEL FISCAL GENERAL – Después de casi cinco años de disputas en la corte, la Corte Su- prema de EE.UU. acordó favorecer la solicitud del Fiscal General de California y el gobernador de revisar una ley estatal que prohíbe la venta o renta de videojuegos violentos a los niños.
El Fiscal General solicitó a la Corte Suprema de EE.UU. que considerara el caso el año pasado luego de que la prohibición de California muriera en la corte federal. Se espera que el caso sea sometido a la alta corte este año.
La petición de California de un auto de evocación fue interpuesta a la Corte Suprema de EE.UU. en mayo de 2009 a nombre del estado de California. El caso proviene de una ley de California de 2005 que requiere que los videojuegos violentos sean etiquetados con un “18”, prohíbe la venta o renta de estos juegos a los menores, y autoriza a imponer multas de hasta $1,000 por cada violación.
La Video Software Dealers Association (ahora parte de Entertainment Merchants Association) interpuso una demanda en la corte federal para bloquear la ley antes de que entrara en vigor.
El 6 de agosto de 2007, la Corte del Distrito de EE.UU. para California del Norte dejó sin validez la ley de California. Brown apeló inmediatamente este fallo. El 20 de febrero de 2009, el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones reafirmó el fallo de la corte del distrito.
La petición del Fiscal General Edmund Brown solicitó a la Corte Suprema de EE.UU. tomar este caso y derogar la decisión de la corte apelada.
La petición sostenía que el violento material en los videojuegos debiera estar sujeto al mismo estándar legal flexible que las cortes han aplicado al material sexualmente explícito vendido a niños – de que corresponde al estado determinar que cierto contenido es dañino para los niños.
