por Salome Eguizabal
Los estados han aprobado el doble de proyectos relacionados con la inmigración este año que en los primeros seis meses de 2006, según un informe dado a conocer el 9 de agosto.
El informe, de National Conference of State Legislatures, revela que 170 proyectos de inmigración en 41 estados fueron puestos en práctica el 21 de julio de 2007. Esto contrasta con los64 de hasta junio de 2006.
Además, el número de proyectos relacionados con la inmigración introducidos a nivel estatal también se han más que duplicado en el mismo período. Entre el 1 de enero y el 2 de julio se introdujeron proyectos en los estados, en comparación con los del mismo período el año anterior. Los expertos atribuyen el aumento a nivel estatal al fracaso de gobierno federal de aprobar un proyecto de inmigración. Los activistas pro-inmigrantes también alegan que la mayoría de estos proyectos, que prevalecen no sólo a nivel estatal, sino localmente, dañan a los inmigrantes y a la comunidad hispana.
“El fracaso del gobierno federal de poner en marcha una reforma a la inmigración ha dado luz verde a los que rechazan y están en la posición de manipular al gobierno para poner en marcha una legislación anti-inmigrante”, dijo Walter Tejada, el vicepresidente de la Junta del Condado Arlington en Virginia, durante una discusión sobre la inmigración el 6 de agosto en el Centro para el Progreso Norteamericano.
Un análisis del Foro Nacional de Inmigración declara, “Mientras más y más estados y comunidades consideran las propuestas punitivas de inmigración, la línea entre los sentimientos anti-inmigrantes y los anti-latinos muchas veces se difumina”.
Muchas de las nuevas leyes nombradas en el informe buscan controlar la presencia de inmigrantes indocumentados.
Entre los ejemplos más comunes se encuentran verificar la elegibilidad para el empleo, limitar los beneficios públicos a los residentes legales, negar licencias de conducir a los indocumentados y la aplicación de leyes de inmigración estatales y locales.
En cuanto al área de política abordada, los proyectos más comunes puestos en marcha cubrían la identificación y licencias de conducir (35 en 26 estados), empleo (26 en 19 estados), beneficios públicos (15 en 39 estados) y tráfico humano (15 en 29 estados). También hubo 38 resoluciones aprobadas en 14 estados.
No todas las medidas puestas en marcha fueron punitivas. Por ejemplo, algunas medidas relacionadas con la educación buscan contribuir con la integración de los inmigrantes, facilitando los requisitos para calificar para el estatus de pertenecer al estado o expandiendo la enseñanza del ingles a los inmigrantes.
A nivel local, la ciudad de New Haven, Conn., comenzó a repartir identificaciones el mes pasado a todos los inmigrantes, independiente de su estatus.
Sin embargo, Vic Wilczak, director legal de American Civil Liberties Union en Pennsylvania, destacó que la mayoría de las ordenanzas locales promueven la xenofobia y un sesgo racial.
“No sólo estas ordenanzas son inconstitucionales, sino que también crean racismo y son tóxicas para nuestras comunidades”, dijo Wilczak, agregando que las ordenanzas locales “crean un parche para las leyes defectuosas”.
Jack Martin, director de proyectos especiales en la Federación para la Reforma Norteamericana de la Inmigración (FAIR), dijo a Weekly Report que estas ordenanzas buscan desalentar a los residentes indocumentados de formar raíces en los barrios y alentarlos a regresar voluntariamente a sus países de origen. FAIR es una organización que se opone a las medidas que benefician a la población indocumentada.
Martin declaró que la puesta en práctica de varias ordenanzas locales crea discrepancias en el sistema legal y muchas pueden conducir a problemas.
“Estamos en un período de cambio debido al fracaso del gobierno federal de aplicar de manera adecuada las leyes de inmigración”, dijo Martin. “Surgirán algunos errores a nivel local en los esfuerzos por aprobar las leyes, pero éstos servirán como ejemplo y aprenderemos con el tiempo qué es lo que funciona mejor”.
Dan Restrepo, director del Centro para el Progreso Norteamericano, dijo, “Los 50 estados son laboratorios para el gobierno federal… Algunos de estos laboratorios son dirigidos por científicos locos”.
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