La medida devolvería el poder de redistritación a los políticos, revirtiendo reformas aprobadas por los votantes
por el equipo de El Reportero
Los votantes de California deberán decidir nuevamente quién debe tener el control sobre los mapas políticos del estado: ¿el público o los políticos? La Proposición 50, que estará en la boleta electoral de noviembre, suspendería temporalmente la Comisión de Redistritación Ciudadana y permitiría que el gobernador y la legislatura vuelvan a trazar los límites de los distritos legislativos durante la próxima década.
Sus defensores, encabezados por el gobernador Gavin Newsom y los principales dirigentes demócratas, argumentan que este cambio es necesario para proteger la influencia política de California después de que estados como Texas y Florida —controlados por republicanos— redibujaran sus mapas electorales para reforzar su poder. Afirman que esos cambios reducen injustamente la representación de los votantes demócratas en el Congreso.
“California no puede pelear con una mano atada a la espalda”, dijo Lorena González, presidenta del Partido Demócrata de California. “Cuando otros estados manipulan sus distritos, perdemos representación a pesar de que nuestra población sigue creciendo.”
Pero los críticos aseguran que la Proposición 50 desmantela las reformas que los votantes aprobaron hace más de una década. En 2008 y 2010, los californianos crearon la Comisión de Redistritación Ciudadana para quitarles a los políticos ese poder. El propósito de la comisión, integrada por ciudadanos de distintas afiliaciones políticas, era garantizar un proceso justo y transparente.
“Esta proposición es un intento de recuperar el poder, simple y llanamente”, dijo Jessica Millan Patterson, presidenta del Partido Republicano de California. “Los votantes ya decidieron que los políticos no deben dibujar sus propios distritos, y ahora esos mismos políticos quieren revertir esa decisión.”
La ley actual otorga a la comisión la responsabilidad de trazar los límites de los distritos legislativos estatales, congresionales y de la Junta de Igualación. La Proposición 50 suspendería ese proceso hasta 2035, entregando el control directamente a la legislatura y al gobernador. Sus promotores lo presentan como una medida “temporal” para contrarrestar la manipulación partidista en otros estados, pero sus opositores advierten que abriría la puerta a futuros abusos.
“Esto no tiene que ver con la equidad, sino con el control”, opinó Dan Schnur, analista político y exasesor en ética de campaña. “Una vez que los políticos deciden dónde viven sus votantes, es casi imposible quitarles ese poder.”
Los analistas destacan que la comisión ha recibido buenas calificaciones por su transparencia y participación pública. Realiza audiencias abiertas, publica borradores de mapas para comentarios y tiene prohibido favorecer a algún partido o funcionario. En contraste, un proceso controlado por la legislatura permitiría delinear los distritos a puerta cerrada, con el riesgo de beneficiar a los titulares de cargos o debilitar a la oposición.
Los reportes financieros muestran que la campaña a favor de la Proposición 50 recibe apoyo del Partido Demócrata estatal, sindicatos de empleados públicos y organizaciones cercanas al gobernador. En cambio, la campaña en contra está respaldada principalmente por grupos de buena gobernanza y donantes independientes, entre ellos algunos republicanos moderados e independientes.
Los opositores advierten que la medida pondría en riesgo la integridad del sistema electoral de California y socavaría el modelo ciudadano que otros estados han adoptado como ejemplo. “California fue pionera en sacar la política de la redistritación”, dijo Kathay Feng, quien ayudó a redactar la iniciativa original. “Si retrocedemos, le estaremos diciendo a los votantes que su decisión no vale.”
Por su parte, los partidarios sostienen que el estado no puede permanecer pasivo mientras otros manipulan sus mapas por intereses partidistas. “No estamos desmantelando la democracia —la estamos protegiendo”, insistió González. “Hasta que el Congreso garantice la equidad a nivel nacional, California debe cuidarse a sí misma.”
Según una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California, el 46 por ciento de los votantes apoya la medida, el 43 por ciento la rechaza y el 11 por ciento sigue indeciso. Los analistas creen que el resultado dependerá de qué campaña logre explicar mejor las consecuencias a largo plazo.
Para muchos votantes, la decisión se reducirá a una cuestión de confianza: ¿en los funcionarios electos o en los ciudadanos independientes? El resultado definirá si California continúa como modelo de redistritación imparcial o si vuelve a entregar el lápiz del mapa político a los políticos.
Con reportes de Kimberly Galindo.
– Esta es una versión corta del artículo original. Puede leer la versión completa visitando: www.elreporteroSF.com.
