por David Bacon
En los primeros cien años o más en el estado, algunas reglas implícitas gobernaban la política de California. En un estado donde la agricultura producía más riqueza que cualquier industria, la primera regla era que los cultivadores poseían un enorme poder.
El dinero de los impuestos sirvió para proyectos gigantes de agua que hicieron que los valles Central e Imperial fuesen de las tierras agrícolas más productivas. La propiedad de la tierra se concentró en grandes sembradíos corporativos similares a las plantaciones. Los cultivadores utilizaron el poder político para asegurar un flujo constante de trabajadores de un país a otro –Japón, China, las Filipinas, Yemen, India y México, por supuesto– para brindar el trabajo que hacía productiva la tierra.
Las empresas agrícolas mantuvieron la fuerza de trabajo barata, con salarios muy por debajo de los de los crecientes centros urbanos del estado. Cuando los trabajadores trataron de cambiar sus condiciones económicas, el poder de los cultivadores en las áreas rurales era casi absoluto –las huelgas eran rotas y los sindicatos capturados.
La segunda regla en ese momento era que los movimientos progresistas crecían más fácilmente en las ciudades, donde los sindicatos y las organizaciones comunitarias se convirtieron en fuerzas políticas a tener en cuenta. En la legislatura, estas reglas por lo general significaban que las propuestas demócratas y pro-trabajadores provenían de los distritos urbanos, mientras que la resistencia venía de los republicanos en los distritos rurales.
Sin embargo, esa división histórica de la política de California está cambiando en la actualidad.
El 2 de junio la Asamblea del Estado no aprobó un proyecto de ley que daría a los trabajadores agrícolas la misma paga de horas extras que desde los años treinta reciben los trabajadores de zonas urbanas. En los resultados, aún se escuchan los ecos de las viejas reglas. Pero el voto también puso en claro que las certezas pasadas ya no lo son.
En 1938 el Congreso aprobó la Ley de los Estándares Laborales, que establecía el primer requisito de pago de hora y media tras cuarenta horas a la semana. En el debate, los representantes del sur en el Congreso, altamente dependientes de los trabajadores negros del algodón y del tabaco, se opusieron a que la ley se aplicara al trabajo agrícola.
El representante J. Mark Wilcox, de Florida, justificó abiertamente la exclusión: “Entonces, hay otra cuestión de gran importancia en el sur, y es el problema de nuestros trabajadores negros”, declaró. “Siempre ha habido una diferencia en la escala salarial del trabajo blanco o de color… No se puede poner a los negros y a los blancos sobre las mismas bases. No sólo esa situación podría resultar en graves conflictos raciales y sociales, sino que también podría provocar la exclusión de los negros del empleo, haciendo de ellos una carga pública”.
La esclavitud de los afroamericanos estableció un patrón de inequidad que duró mucho tiempo, hasta que la esclavitud fue abolida. Más tarde, el modelo fue aplicado a personas de color. Mientras los descendientes de los esclavos trabajaron sin paga de horas extras en los sembradíos del sur, los inmigrantes de México y Asia enfrentaron la misma exclusión en el oeste.
El ascenso del movimiento de los trabajadores agrícolas de California, sin embargo, comenzó a cambiar la ecuación del poder en los años sesenta, forzando a algunos cultivadores a firmar contratos sindicales, un paso sin precedentes. Luego, cuando la legislatura debatió la Ley de Relaciones del Trabajo Agrícola en 1975, la primera ley que garantizó derechos sindicales a los trabajadores agrícolas, los votos a favor provinieron de los demócratas urbanos, mientras los rurales republicanos mantuvieron un sólido frente en su contra.
Con todo, el movimiento de los trabajadores agrícolas provocó un cambio radical en la política de la California rural. Los cultivadores no perdieron su poderío, pero incluso en las comunidades rurales ese poder ya no fue incontestado.
En 1975, el año en que ALRA fue aprobado, los demócratas de la legislatura también aprobaron la primera propuesta que otorgaba el pago de horas extras a los trabajadores agrícolas. Pero aún se encontraba por debajo de los de otros trabajadores –tiempo y medio después de 10 horas en lugar de ocho, y 60 horas a la semana en lugar de 40.
Los cultivadores deben pagar horas extras en el séptimo día de trabajo, pero sólo si nadie de los días anteriores es menos de seis horas. En la práctica, son pocos los trabajadores agrícolas de California que reciben pago de horas extras.
En el transcurso de los años ochenta y noventa, cuando los republicanos ganaron la gubernatura y una mayoría legislativa, el cambio de las reglas de horas extras no estaba en la agenda. Incluso cuando los demócratas volvieron a obtener mayoría legislativa y aprobaron una iniciativa de ley para restaurar la jornada de 8-horas para la mayoría de los trabajadores de California en 1999, los trabajadores agrícolas fueron aún excluidos.
Finalmente, en 2010, los demócratas aprobaron SB 1121 para eliminar la excepción de los trabajadores en los estándares de tiempo extra a las 8 horas. Más adelante, el gobernador Arnold Schwarzenegger la vetó.
En su mensaje de veto, Schwarzenegger dijo que “la jornada de 8-horas al día y 40 a la semana no mejoraría las vidas de los trabajadores agrícolas de California, y al contrario, resultará en cargas adicionales para los empresarios de California, aumento del desempleo y salarios menores”. Él utilizó el argumento que esgrimieron los grupos de cultivadores en cada batalla de horas extras, previendo que “muchos serán contratados para trabajar turnos más cortos, resultando en menor paga a los hogares de todos los trabajadores. Las empresas que intenten competir bajo las nuevas reglas salariales pueden disminuir sus beneficios y salir de la competencia”.
En 2012, el asambleísta Michael Allen introdujo una iniciativa similar impulsada por Trabajadores Agrícolas Unidos. Fue aprobada en el Senado, pero falló en la Asamblea del Estado. Las fracturas en el Caucus Democrático de la Asamblea sorprendieron incluso a la asociación de cuidadores de caballos del estado, parte de la creciente oposición a la propuesta. Alcanzó cinco demócratas que votaron por el “no” (¡sorprendente!), incluidos liberales urbanos como Joan Buchanan, Fiona Ma y Toni Atkins, así como otros, como Susan Bonilla, quien eludió el voto.
“Por desgracia, existen muchas razones terribles de por qué los trabajadores agrícolas han sido excluidos durante 74 años”, comentó con amargura el presidente de UFW, Arturo Rodríguez. A menudo la gente nos pregunta por qué. Aparentemente, los demócratas son tan vulnerables al dinero fuerte como los republicanos”.
Debido a la falta de espacio no podemos publicar el artículo completo. Para leer más, visite: http://davidbaconrealitycheck.blogspot.com/2016/06/the-fight-isnt-over-for-farm-worker_16.html
