por Marvin Ramírez
La historia de Jeffrey Epstein no trata solamente de un financiero caído en desgracia o de una red de tráfico sexual. Es, sobre todo, el reflejo de un sistema judicial que se detuvo antes de llegar a los verdaderos culpables. Años después de la misteriosa muerte de Epstein en una celda de Nueva York, la única persona que cumple una condena por esta vasta red de explotación es una mujer: Ghislaine Maxwell.
Eso no es justicia. Es encubrimiento.
Maxwell, sentenciada a 20 años en una prisión federal por ayudar a Epstein en el reclutamiento y tráfico de menores, ciertamente tiene responsabilidad en sus actos. Pero resulta ilógico —y moralmente inaceptable— que ninguno de los hombres ricos e influyentes que presuntamente abusaron de las víctimas haya enfrentado juicio ni pasado un solo día en prisión.
El mensaje que esto transmite es tan escalofriante como claro: si eres rico, hombre y poderoso, eres intocable, incluso cuando las víctimas son niños y niñas.
Ahora, algunos miembros del Congreso están empezando a desafiar este silencio. Crece la presión para que Maxwell testifique públicamente, bajo juramento, ante comités legislativos. Pero hay un gran obstáculo: sin inmunidad ante nuevas acusaciones, ella no puede hablar con libertad. Si testifica sin protección legal, cualquier detalle que la incrimine podría extender su condena o generar nuevos cargos. Su silencio, entonces, sería comprensible, incluso esperado.
Por eso, otorgarle inmunidad limitada a Maxwell no es perdonarle sus crímenes. Es un paso necesario para destapar toda la red detrás de Epstein. Es permitir que la verdad salga a la luz —no solo culpar a una sola persona.
Si Maxwell es la única que paga por estos crímenes, el sistema no solo ha fallado a las víctimas, sino que ha protegido a los verdaderos culpables. Muchas de esas víctimas, ya adultas, aún esperan ver que los hombres que las violaron enfrenten la justicia. Ellas merecen saber quiénes fueron, qué hicieron y por qué se les ha protegido durante tanto tiempo.
Algunos legisladores están presionando por la transparencia. Otros parecen temer lo que podría revelarse si Maxwell testifica con libertad —especialmente si empieza a nombrar nombres. Pero ningún cálculo político puede estar por encima de la obligación moral de sacar a la luz a los abusadores. Ese proceso debe comenzar por permitir que ella cuente toda la verdad.
Los críticos dirán que Maxwell no merece ninguna indulgencia. Y tienen razón —jugó un papel clave en uno de los escándalos de tráfico sexual más horrendos de la historia reciente. Pero negarle inmunidad en su testimonio solo garantiza una cosa: el silencio continuará, y los verdaderos responsables seguirán impunes.
¿Qué clase de sistema castiga al cómplice pero protege al perpetrador? ¿Qué clase de país permite que la riqueza y los contactos entierren la verdad y protejan a depredadores?
Esto no se trata de redimir a Ghislaine Maxwell. Se trata de justicia. Y la verdadera justicia exige claridad total. Exige que todos los culpables —no solo uno— sean expuestos y juzgados.
Si el Congreso realmente quiere restaurar la confianza pública en nuestras instituciones, debe darle a Maxwell la inmunidad necesaria para que testifique sin miedo. No para protegerla, sino para finalmente exponer a los hombres que se creyeron por encima de la ley.
Las víctimas merecen cierre. El pueblo merece la verdad. Y los culpables —sin importar su poder— deben rendir cuentas.
– Con informes aportados por fuentes independientes.
