por Suzanne Potter
6 de noviembre de 2023: a pesar de la creciente economía, la inseguridad alimentaria empeoró en 2022, a nivel nacional y en el condado de Los Ángeles.
Nuevos datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. muestran que el 12.8 por ciento de los hogares estadounidenses padecían inseguridad alimentaria el año pasado, un aumento de más del 2.5 por ciento con respecto a 2021.
Y un informe reciente de la Universidad del Sur de California encontró que más de un millón de hogares en el condado de Los Ángeles padecen inseguridad alimentaria.
Alba Velásquez, directora ejecutiva del Consejo de Política Alimentaria de Los Ángeles, dijo que la inflación es en parte culpable, ya que el costo de vida en California ha aumentado un 19 por ciento desde 2020.
«Así que ha habido un aumento en la vivienda, en la factura de servicios públicos, en los alimentos», dijo Velásquez, «sin ver un aumento en los salarios dignos».
Y la inflación aumentó incluso cuando millones perdieron sus empleos durante el COVID. Por eso, las despensas de alimentos han visto un aumento en la demanda.
El presupuesto estatal más reciente destinó $35 millones al programa Market Match para ayudar a las familias de bajos ingresos a comprar productos frescos en los mercados de agricultores.
Además, las familias que recibían Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), también conocida como cupones de alimentos, experimentaron una fuerte caída en sus beneficios mensuales una vez que terminó la emergencia pandémica.
Velásquez dijo que eso significa que las tasas de inseguridad alimentaria serán aún peores para 2023.
«Durante COVID, hubo una asignación aumentada para los beneficiarios de EBT que fue de entre $36 y $95 por mes», dijo Velásquez. «Fue una asignación temporal de emergencia que terminó en marzo pasado. Y ahora estamos en una crisis más profunda».
La cuestión volverá a surgir en los próximos meses, cuando los legisladores elaboren un nuevo proyecto de ley agrícola, que proporciona financiación para la asistencia alimentaria. Algunos legisladores conservadores han pedido recortes significativos en los beneficios alimentarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Las universidades de California trabajan para reducir el alto costo de los libros de texto
Los estudiantes universitarios pagan más de 1,100 dólares al año por libros y útiles, por lo que muchas escuelas están trabajando para tratar de reducir la carga.
Un estudio del U.S. Public Interest Research Group encontró que el costo de los materiales de los cursos ha aumentado a tres veces la tasa de inflación desde la década de 1970, debido principalmente a la falta de competencia en la industria editorial universitaria.
Cailyn Nagle, directora del programa de recursos educativos abiertos de la Fundación Michelson 20 Million Minds, es coautora del informe.
«Vemos que el 65 por ciento de los estudiantes evitan comprar un libro de texto debido al costo, y el 21 por ciento de los estudiantes evitan comprar códigos de acceso porque no pueden pagarlo», informó Nagle.
Muchas bibliotecas universitarias prestan libros de texto y las librerías venden libros usados y facilitan el alquiler o las descargas digitales. Los estudiantes buscan ofertas en línea. Y las escuelas también están avanzando hacia un modelo de Recursos Educativos Abiertos donde los cursos utilizan libros de texto, revistas y otros materiales disponibles gratuitamente en línea. En 2021, el Estado de California asignó más de $115 millones para ayudar a las escuelas a promover la transición.
Leslie Lange Kennedy, vicerrectora adjunta de servicios de tecnología académica de la Universidad Estatal de California, dijo que la escuela trabaja para ayudar a los estudiantes a obtener los materiales que necesitan.
«Trabajamos muy duro para ayudar a los profesores a tomar conciencia de los materiales de los cursos de costo cero», explicó Lange Kennedy. «Y ayudarlos con el tiempo y esfuerzo que lleva migrar sus cursos utilizando un material gratuito o de bajo costo».
Recientemente, el gobernador Gavin Newsom firmó el Proyecto de Ley 607 de la Asamblea, que exige que los colegios y universidades revelen los costos de sus cursos con anticipación.
El apoyo para este informe fue proporcionado por la Fundación Lumina.
