por Marvin Ramírez
En San Francisco, como en tantas ciudades de Estados Unidos, la relación entre los ciudadanos y su gobierno local ha cambiado de una manera que se percibe menos como una administración y más como una explotación. En lugar de proteger los intereses de los residentes, el Ayuntamiento ha encontrado infinitas maneras de sacarles dinero a sus ciudadanos, a menudo mediante mecanismos que se perciben como arbitrarios, injustos y depredadores.
El ejemplo más obvio de esto es el estacionamiento. La ciudad ha reducido sistemáticamente la cantidad de plazas disponibles, ha impuesto restricciones interminables y ha desplegado ejércitos de parquímetros y cámaras, no porque mejore la calidad de vida, sino porque llena las arcas del gobierno. El control del estacionamiento se ha vuelto menos una cuestión de orden y más de ingresos. Cualquier sanfranciscano conoce el sufrimiento de una multa que puede superar fácilmente los $100, a veces simplemente por detenerse brevemente para comprar comida, dejar a un pasajero o entrar a una tienda.
Lo cierto es que nada de esto tiene que ver realmente con la seguridad vial. Los funcionarios rara vez proporcionan datos sólidos que justifiquen estas restricciones; sin embargo, persisten en crear zonas de «no estacionamiento», instalar parquímetros nuevos o retirarlos donde la ciudad pueda maximizar los ingresos y aumentar las multas. No actúan como servidores públicos, sino como recaudadores de impuestos. Y seamos claros: estos no son impuestos votados por la gente. Son impuestos ocultos, impuestos por la puerta trasera, que perjudican desproporcionadamente a los residentes de clase trabajadora que ya tienen dificultades para pagar el aumento de los alquileres, los alimentos y los costos del transporte.
Si los líderes de la ciudad se tomaran en serio la equidad, recurrirían más a mecanismos sencillos y aprobados por los votantes, como el impuesto sobre las ventas. El gasto del consumidor es constante en una ciudad como San Francisco; gravar directamente las ventas distribuiría la carga de manera más equitativa, en consonancia con la actividad económica que sustenta la ciudad. En cambio, los políticos prefieren presionar a la gente donde son más vulnerables: mediante multas de estacionamiento, cámaras de velocidad y una lista cada vez mayor de regulaciones oscuras.
Esto no es accidental. Refleja un cambio más amplio en la gobernanza que comenzó hace décadas. Históricamente, la Junta de Supervisores de San Francisco era un puesto a tiempo parcial con una remuneración modesta. Los supervisores servían a sus comunidades sin los salarios inflados ni las escalas profesionales de la maquinaria política actual. El gobierno municipal era más eficiente, menos costoso y más responsable. En aquellos años, la vida en San Francisco era asequible. Se podía alquilar una habitación por 60 dólares o comprar una casa por 70.000. Las calles eran más acogedoras, las comunidades más unidas y los residentes se sentían menos como carteras ambulantes.
Luego vino el cambio: en 1999, se aprobó una medida que convirtió estos puestos en puestos de tiempo completo y bien remunerados. Hoy, los supervisores ganan un salario anual de 163.878 dólares. Junto con este cambio vinieron el aumento desmesurado de los gastos gubernamentales, una clase política que se autoreforzaba y el comienzo de la obsesión de la ciudad por monetizar todos los aspectos de la vida pública. Los parquímetros se extendieron del centro a barrios obreros como la Misión. Lo que antes costaba unos pocos centavos ahora cuesta dólares, y las multas por pequeños errores se han disparado a cifras de tres dígitos. Los líderes comunitarios alguna vez defendieron a los residentes, resistiéndose a los parquímetros en zonas de uso mixto. Pero esas voces se han silenciado. Hoy, ningún candidato se atreve a hacer campaña para facilitar el estacionamiento. En cambio, apoyan políticas que lo reducen, impulsando la narrativa de que los autos son el problema. En realidad, el problema es que se castiga a las personas por necesitar usar sus vehículos en la vida diaria. Los residentes que trabajan largas jornadas, que deben conducir para ir al trabajo, que necesitan recoger a sus hijos o hacer la compra, se ven obligados a situaciones imposibles. Una sola multa de estacionamiento puede borrar el salario de un día.
Lo que estamos presenciando es la captura del gobierno por la lógica corporativa. El Ayuntamiento se comporta menos como un órgano representativo y más como una corporación. ¿Y qué es una corporación? No es un ser vivo, sino una ficción legal: una entidad creada sobre el papel, que existe para obtener ganancias. Desafortunadamente, demasiados políticos ahora ven su papel no como la defensa del pueblo, sino como el de servir a este modelo corporativo de gobierno. Promulgan leyes que enriquecen la institución a expensas de sus ciudadanos.
San Francisco se merece algo mejor. Las ciudades están destinadas a servir a sus residentes, no a aprovecharse de ellos. El gobierno no debería tratar a las familias trabajadoras como si fueran cajeros automáticos. Si el Ayuntamiento insiste en recaudar fondos, debería hacerlo de forma transparente, mediante impuestos debatidos y aprobados por el público, no mediante comisiones ocultas y una aplicación abusiva de las leyes.
