[Author]por David Bacon[/Author]
En virtud de la Cuarta Enmienda, el pueblo de los Estados Unidos no se supone que debe ser objeto de paradas y búsquedas aleatorias y arbitrarias. Pero a menos de 100 kilómetros de una frontera EE.UU., estas reglas no aplican.
El pasado mes de julio un trabajador llamó a Alejandro Valenzuela, un joven miembro del personal del Centro de Trabajadores de Southside en Tucson, Arizona. La policía estaba en su casa, dijo el trabajador, y le detuvieron para su deportación. Valenzuela y un amigo fuimos en coche a observar – “para asegurarnos de que se respetan sus derechos”. Durante la siguiente media hora la policía se pusó cada vez más hostil, exigiendo la identificación de Valenzuela, a pesar de que él no conducía el coche, que estaba aparcado junto a la acera. A continuación detuvieron a Valenzuela y al trabajador.
Después, la policía llevó a los dos a la sede de la Patrulla de la Frontera. Ninguno nunca fue arrestado o acusado de un delito. Valenzuela fue detenido e interrogado intensamente durante cinco horas, y finalmente puesto en libertad sólo cuando pudo demostrar que se clasificó para la Acción Diferida, que permite a los jóvenes indocumentados (DREAMERS) poder solicitar la deportación diferida y autorización de trabajo. El trabajador fue finalmente deportado.
“En la calle no detienen y nos questionan por nuestra apariencia”, acusa Valenzuela. “Es perfil racial”. A favor de él, la ACLU presentó el primer desafío a la sección 2B de SB 1070 de la infame ley de Arizona “Muéstrame tus papeles” que entró en vigor en septiembre de 2012. Autoriza a la policía a hacer cumplir las leyes de inmigración, y la ACLU argumenta que “inconstitucionalmente autoriza y alienta prácticas policiales ilegales … las acciones de los agentes de la policía del Sur de Tucson ‘ascendieron a la detención falsa, violaron el derecho de Alex a igual que a la igualdad de protección de la ley y pisotearon su derecho a estar libre de confiscaciones irrrazonables”.
Tucson está a 60 kilómetros de la frontera con México, dentro de una zona de 100 millas, donde las autoridades de inmigración dicen importantes derechos de debido proceso (due process) pueden ser suspendidos. “La SB 1070 interactúa con esta área de 100 millas para habilitar estas violaciónes de los derechos”, explica James Lyall, abogado de ACLU en Tucson.
“Es fácil para la policía detener a la gente con un pretexto, los detienen más tiempo de lo permitido, y los entregan a la Patrulla Fronteriza”. La demanda de Valenzuela fue una de las primeras medidas adoptadas por el Proyecto Frontera Litigios de la ACLU, lanzado para documentar y litigar casos de derechos civiles y humanos en la frontera EE.UU. México.
Hacer cumplir la “Zona”
Fuera de comunidades como Tucson, la existencia de un 100-millas “zona libre de Constitución” no es bien conocida. “Allí, la visión a largo plazo [establecida en las sentencias judiciales] es que las reglas normales no se aplican”, según la ACLU. “Por ejemplo, las autoridades no necesitan una orden judicial o causa probable para llevar a cabo una” revisión de rutina”. A partir de 2008, la zona potencialmente cubrió la asombrosa cifra de 197,400,000 personas – dos tercios de la población de los EE.UU., incluyendo nueve de los países de las 10 ciudades más grandes.
En Arizona, el impacto se magnifica por la aplicación de leyes federales y estatales. Isabel García, Defensora Legal del Condado de Pima (que incluye Tucson), explica: “En Arizona nos hemos convertido en un laboratorio para todo tipo de legislación anti-inmigrante, anti-(derechos) humanos”. Ella apunta a la Proposición 100 que modificó la constitución del estado en noviembre de 2006 para permitir la detención sin fianza de cualquier inmigrante indocumentado acusado de un delito grave. Según la legislación estatal, un delito grave incluye ahora el uso de un documento ficticio o un número de Seguro Social que pertenezca a otra persona.
El proyecto ha documentado otros casos de mala conducta relacionados con la inmigración de la policía más allá de la zona de 100 millas. Incluyen ciudadanos ancianos latinos encarcelados por la policía de Mesa después de recoger una botella de un basurero, un pasajero en un automóvil detenido por un faro roto llevado a las autoridades de inmigración de la policía de Casa Grande, una mujer interrogada sobre el estatus migratorio después de llamar a la policía de Tucson sobre violencia doméstica, y un residente legal interrogado acerca de su condición legal por la policía de Phoenix al recoger su coche embargado.
La ACLU de Arizona hizo 20 recomendaciones para los cambios en las prácticas de la policía de Tucson. La más básica es la prohibición de la policía “de cuestionar a las víctimas y testigos sobre su estatus migratorio”, de “extender cualquier parada o detención únicamente para esperar a una respuesta de la Patrulla de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o ICE “, requiriendo a los agentes comunicarse con sus supervisores antes de interrogar a la gente sobre su estatus migratorio, y para documentar “las razones para las preguntas”. De acuerdo con Arizona Public Media, el Consejo aprobó por unanimidad la moción del concejal Regina Romero para pedir a la policía poner la seguridad pública por encima de la comprobación del estado de inmigración.
Detenidos y Degradaos
En octubre, la ACLU exigió una investigación de la Patrulla Fronteriza, citando cinco ejemplos de paradas ilegales por patrullas móviles dentro de la zona de 100 millas. Aunque la Aduana y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) afirma amplia autoridad para realizar búsquedas aquí, la denuncia de ACLU responde que “la protección de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables se extiende a proteger contra las paradas de investigación ilegales”. Algunos de los maltratos documentados supera claramente esta norma.
En mayo, Clarisa Christiansen fue detenida por la Patrulla Fronteriza en el oeste del desierto de Tucson, a 40 millas al norte de la frontera, mientras llevaba consigo a sus hijos de cinco y siete años de edad de casa a la escuela. Todos son ciudadanos, sin embargo, ella fue amenazada con una pistola Taser y cuchillo, obligados a abandonar su vehículo, interrogados, y abandonada al lado de la carretera con una llanta rota.
En abril, una mujer india americana fue seguida muy de cerca por un vehículo de la Patrulla Fronteriza, sacada de su camioneta, amenazada y maltratada, interrogada y ridiculizada, y estuvo detenida durante más de una hora en la reserva de Tohono O’odham. Otros nativos americanos le han dicho de un tratamiento similar.
En marzo, un turista de Oregon fue amenazado, detenido y acusado falsamente de posesión de drogas después de hacer escalación en el Sitio Histórico de Fort Bowie. Un perro detector de drogas causó cientos de dólares en daños a su coche, pero cuando su compañía de seguros solicitó el reembolso, el CBP afirmó que el Federal Tort Claims Act “prohíbe la recuperación de los bienes dañados por los empleados de CBP cuandola propiedad se encuentra bajo detención”.
En mayo, un ciudadano agricultor latino fue seguido y detenido en su propiedad por part de agentes de la Patrulla Fronteriza con armas automáticas. Agentes traspasan con frecuencia, la familia se queja.
Hace dos años, Suzanne Aldridge fue detenida en las afueras de Bisbee, Arizona, a 30 kilómetros de la frontera, sacada de su coche, esposada, y manoseada por un agente de la Patrulla Fronteriza. Diez furgonetas de los agentes, la policía y sheriffs registraron su coche con un perro detector de drogas sin su consentimiento. Ella trató de presentar una queja, pero se le dio evasivas por los representantes de la CBP.
En septiembre, la ACLU de Washington y el Northwest Immigrant Rights Project resolvió una demanda que desafiaba a contra patrullas itinerantes de la CBP en la península de Olympic, que se encuentra dentro de la zona de 100 millas. Al igual que en Arizona, la Patrulla Fronteriza realizó paradas de vehículos arbitrarios, detenciones prolongadas y otras formas de malos tratos. Todavía se aplican las protecciones de las Cuarta Enmienda, dice el acuerdo. “ La Patrulla Fronteriza acordó oficialmente seguir la Constitución y no perfilar racialmente a los latinos y otras minorías… La gente no debería tener miedo de que podrían ser detenidos e interrogados sin motivo en cualquier momento que conducen o son pasajeros en autos”, dijo Sarah Dunne, director legal de la ACLU-WA?
El testimonio ACLU hizo siete recomendaciones para la reforma humanitaria. Estos incluyen el aumento de la supervisión CBP, prevención del uso excesivo de la fuerza, redución del elevado número de muertes de cruce de fronteras, aumentando los estándares de detención e inspecciones, desalentando la participación de las autoridades locales y estatales en la aplicación de la inmigración, la abolición de la corte Operación Streamline, y la reducción de la “zona de la CBP autoridad “de 100 millas a 25 millas de la frontera.
Dejarlos ir!
En diciembre, el Congresista de Tucson Raúl Grijalva fue uno de 27 en firmar una carta al Presidente Obama en oposición a las deportaciones masivas. “La criminalización de las familias estadounidenses o dar a la policía local la responsabilidad de elegir quién se queda y quién se va no es la opción correcta”, dijeron. Ya sea en los tribunales, en el Congreso o en las calles, la negación de los derechos de Arizona está siendo desafiada y este desafío es cada vez mayor.
Tres hechos sobre la Zona Constitución-gratuito
Factor 1
En la “zona libre de Constitución”, agentes de la Patrulla Fronteriza no necesitan una orden judicial o causa probable para llevar a cabo una “revisión de rutina”. Todos los viajeros que cruzan una frontera se les asigna una puntuación de evaluación de riesgos que se conserva por 40 años.
Factor 2
La Patrulla Fronteriza puede poner un puesto de control en cualquier lugar de la zona libre de Constitución (piense la Quinta Avenida!). “Cien millas por aire sigue siendo, técnicamente, la frontera”, dice Leslie Lawson de la estación de la Patrulla Fronteriza en Nogales. Todo el mundo en un puesto de control debe responder a preguntas sobre el estatus de ciudadanía.
Factor 3
La zona libre de Constitución se extiende 100 millas de cualquier frontera de los EE.UU. Dos tercios de la población de los EE.UU. (197.400.000 en 2008) vive dentro de esta zona, que incluye nueve de las 10 áreas metropolitanas más grandes, y la totalidad de las poblaciones de: Connecticut, Delaware, Washington, DC, Florida, Hawai, Maine, Massachusetts, Michigan, Nueva Hampshire, Nueva Jersey y Rhode Island; y más del 90 por ciento de: California, Maryland, Nueva York, Vermont y Washington.
