por Marvin Ramírez
En las últimas semanas, las imágenes que circulan en redes sociales y en los noticieros de televisión han generado una profunda inquietud en muchas comunidades del país, particularmente en las comunidades latinas. Estas imágenes muestran arrestos migratorios realizados con fuerza visible y humillación: personas detenidas en sus lugares de trabajo, en la vía pública y, en ocasiones, frente a sus familias, sin considerar su edad, condición social o los años de vida productiva que han pasado en Estados Unidos.
Este editorial no es un argumento en contra de la aplicación de las leyes migratorias. Toda nación tiene el derecho de controlar sus fronteras y hacer cumplir sus leyes. La pregunta no es si la ley debe aplicarse, sino cómo se está aplicando.
El enfoque actual, marcado por tácticas agresivas y demostraciones públicas de fuerza, corre el riesgo de confundir la firmeza con la crueldad. Muchas de las personas que están siendo arrestadas no son criminales violentos. Son trabajadores: hombres y mujeres que acuden diariamente a obras de construcción, campos agrícolas, restaurantes y trabajos de limpieza. Pagan renta, crían a sus hijos, contribuyen a la economía y viven tranquilamente dentro de sus comunidades. En muchos casos, su única falta es no contar con documentos migratorios.
La nueva administración ha prometido deportaciones a gran escala como parte de su agenda migratoria. Esa promesa puede encontrar eco entre quienes desean que se restablezca el orden en el sistema. Pero el orden no requiere humillación, y la aplicación de la ley no tiene por qué hacerse a costa de la dignidad humana.
Para muchos residentes legales y ciudadanos estadounidenses, estas escenas provocan miedo y angustia. Las comunidades latinas, en particular, están profundamente interconectadas. Muchos ciudadanos de hoy fueron inmigrantes en el pasado, o son hijos de inmigrantes, que llegaron bajo circunstancias difíciles y posteriormente regularizaron su estatus. Ese recorrido es una historia común en este país.
Ofrecer refugio, alimento o ayuda temporal a un familiar que llega en necesidad no es un acto de intención criminal; para muchos es una obligación moral. En tradiciones basadas en la fe y en culturas centradas en la familia, ayudar a un ser querido a sobrevivir se considera un deber, no un delito. Tratar esa solidaridad como algo sospechoso o reprochable solo erosiona aún más la confianza entre las comunidades y el gobierno.
También es importante reconocer una verdad incómoda: muchos inmigrantes, incluidos latinos, están de acuerdo en que las personas que cometen delitos graves deben ser removidas del país. Nadie quiere revivir la violencia que obligó a tantos a huir de sus países de origen. Las comunidades entienden la necesidad de sacar a individuos peligrosos.
Pero existe una diferencia profunda entre perseguir a delincuentes violentos y arrastrar a trabajadores y padres de familia utilizando las mismas tácticas. Cuando los arrestos parecen indiscriminados y excesivamente violentos, generan resentimiento, miedo y fragmentación social.
La manera en que se están llevando a cabo estas deportaciones está dañando la imagen del gobierno y debilitando la confianza pública. Niños que son ciudadanos estadounidenses ven cómo se llevan a sus padres. Familias quedan sin explicaciones, sin tiempo para prepararse, sin la oportunidad de despedirse. Las comunidades comienzan a temer ir a trabajar, asistir a reuniones escolares o buscar atención médica.
Hay otra manera de hacerlo.
Si una persona está sujeta a deportación, el proceso aún puede llevarse a cabo con dignidad. Las personas deberían ser notificadas, tener tiempo para contactar a sus familias, recoger sus pertenencias personales y prepararse emocionalmente. Deberían poder despedirse de sus hijos, de sus esposas o esposos, de sus seres queridos. La deportación no tiene que convertirse en un espectáculo público.
El daño colateral de una aplicación violenta de la ley no es abstracto. Se mide en traumas, miedo y heridas emocionales duraderas, especialmente en los niños. Ese tipo de daño debilita el tejido social y no contribuye en nada a resolver la crisis migratoria de fondo.
Este editorial no pide fronteras abiertas ni amnistía generalizada. Pide moderación, humanidad y proporcionalidad. Un país fuerte puede hacer cumplir sus leyes sin abandonar la compasión.
La deportación puede ser una acción legal, pero nunca debería ser un acto de degradación. Un país construido por inmigrantes debe ser capaz de aplicar la ley sin perder su alma.
