Se estima que unos 100,000 estudiantes universitarios indocumentados de California están lidiando con los planes del presidente Trump de deportaciones masivas. Los centros Dream en muchos campus están interviniendo para brindar orientación y satisfacer la creciente demanda de servicios legales de los estudiantes
por Delilah Brumer y Mercy Sosa
Mientras el presidente Donald Trump comienza su segundo mandato con una declaración de emergencia nacional en la frontera sur y una firme promesa de deportaciones masivas, las universidades de California han estado realizando talleres y asociándose con organizaciones sin fines de lucro de servicios legales para ayudar a los estudiantes indocumentados en sus campus a permanecer en la escuela.
En los sistemas de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California, así como en muchos campus de colegios comunitarios de California, los centros de recursos Dream apoyan a los aproximadamente 100,000 estudiantes indocumentados y estudiantes de familias de estatus mixto del estado. Se estima que 3,3 millones de californianos viven en hogares con estatus mixto, según datos del Equity Research Institute, un grupo de investigación de la USC. Estos centros ayudan a los estudiantes a completar formularios de ayuda financiera, derivaciones a bufetes de abogados de inmigración sin fines de lucro, acceso a apoyo de salud mental y brindan espacios para establecer vínculos, hacer tareas escolares o tomar un descanso.
Varios coordinadores de Dream Center y sus socios legales sin fines de lucro dijeron que han visto una demanda sin precedentes de servicios legales por parte de estudiantes universitarios indocumentados desde la victoria electoral de Trump en noviembre. Los proveedores de servicios legales dicen que sus consultas gratuitas están reservadas durante varios meses con estudiantes que buscan comprender el nivel de riesgo de deportación que enfrentan ellos y sus familias.
La demanda de servicios legales de inmigración por parte de los estudiantes se dispara
Ha sido difícil para Carlos, un estudiante de Sacramento State, concentrarse desde la victoria electoral de Trump. Las noticias sobre los planes de inmigración y deportación de Trump en las redes sociales sirven como un recordatorio constante de su estatus indocumentado y el riesgo de deportación bajo la nueva administración. “Intentaba escribir cualquier ensayo que necesitara, resolver cualquier ecuación que necesitara, y por alguna razón, simplemente no podía hacerlo”, dijo Carlos. “Esos resultados (de las elecciones) estaban en el fondo de mi mente”. CalMatters solo publica el nombre de pila de Carlos a pedido suyo porque teme que compartir su identidad pueda llevar a que las autoridades lo busquen para deportarlo.
“Al final del día, la forma en que me las arreglo es como ir al centro y estar cerca de los amigos que hice allí”, dijo sobre el Centro de Recursos Dreamer de Sacramento State.
A través de talleres organizados por el socio legal sin fines de lucro del centro, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, Carlos puede convertir el miedo en acción. Aprendió sobre sus derechos de debido proceso y cómo reaccionar si los funcionarios de inmigración se presentan en su puerta: permanecer en silencio, permanecer dentro y llamar a un abogado de inmigración lo antes posible. Los funcionarios de inmigración no pueden ingresar legalmente a su hogar a menos que tengan una orden judicial, firmada por un juez, con el nombre y la dirección correctos, aconsejan los proveedores de servicios legales.
Una ley estatal de 2019 fomentó la designación de enlaces de recursos Dream en las universidades y colegios públicos del estado, y muchos han creado centros Dream físicos en sus campus para ayudar a los estudiantes indocumentados a navegar por las solicitudes de ayuda financiera y conectarlos con servicios legales gratuitos. Desde entonces, el estado ha proporcionado $52.2 millones durante cinco años para financiar estos centros y enlaces. California atiende a la mayor parte de estudiantes universitarios indocumentados del país, y la mayor parte de esos estudiantes asisten a uno de los 116 colegios comunitarios del estado.
Desde 2001, cuando los legisladores aprobaron la AB 540, los estudiantes indocumentados que asisten a una escuela secundaria de California durante tres años y se gradúan han sido elegibles para pagar la matrícula de residente en los colegios y universidades públicas del estado. La matrícula de residente es significativamente más barata que la matrícula de no residente en cada uno de los tres sistemas públicos de educación superior del estado.
En la Universidad de California, la matrícula de no residente es aproximadamente $35,000 más por año de lo que pagan los residentes de California. Los estudiantes no residentes en el sistema de Cal State pagan una tarifa adicional de $420 por unidad semestral, además de la matrícula anual estándar de $6,000. En los colegios comunitarios de California, la matrícula para residentes es de $46 por unidad, y la matrícula para no residentes varía, pero generalmente es al menos cinco veces ese costo.
Aunque los estudiantes universitarios indocumentados no son elegibles para recibir ayuda financiera federal, muchos pueden solicitar el programa de ayuda financiera insignia del estado, la Beca Cal. Estos estudiantes deben inscribirse en una universidad de California y tener un ingreso familiar por debajo del umbral máximo para presentar la solicitud a través de la Solicitud de la Ley Dream de California. Más de 35,000 estudiantes indocumentados presentan la solicitud cada año, pero solo alrededor de un tercio recibe ayuda.
Como coordinadora del Dream Resource Center en Los Angeles Pierce College, D’arcy Corwin ha estado escuchando los temores de sus estudiantes y “apoyándolos”. Eso ha significado ponerlos en contacto con programas de alimentación y abogados de inmigración, organizar eventos que les enseñen a defender sus derechos y ayudarlos a llenar solicitudes de ayuda financiera.
“Hay mucho miedo por ahí”, dijo Corwin. “Queremos que los estudiantes sepan que su educación está disponible para ellos”.
Los expertos en inmigración han advertido que quienes corren el mayor riesgo de deportación bajo la administración Trump son los no ciudadanos que han tenido condenas previas u otro contacto con el sistema de justicia penal, así como los 1,3 millones de personas en todo el país que han recibido órdenes finales de deportación.
Después de la elección de Trump, Guillermo Metelin Bock, quien dirige el programa de Servicios para Estudiantes Indocumentados en Stanislaus State, dice que las preguntas de los estudiantes han pasado de la ayuda financiera y la asequibilidad de la universidad a la política de inmigración. Para obtener respuestas a esas preguntas, los estudiantes de Stanislaus State tienen acceso a servicios legales a través de una asociación con Immigrant Legal Defense, un proveedor de servicios legales gratuitos que se asocia con nueve campus de Cal State y 34 colegios comunitarios en el Área de la Bahía y el Valle Central.
Muchos centros Dream de Cal State y colegios comunitarios se asocian con organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia legal gratuita en materia de inmigración, incluida la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, el Centro de Recursos Centroamericanos e Immigrant Legal Defense. Los estudiantes de nueve campus de la Universidad de California también tienen acceso a asistencia legal gratuita a través del Centro de Servicios Legales para Inmigrantes, ubicado en la Facultad de Derecho de UC Davis. Estas organizaciones sin fines de lucro y los recursos del campus crean un mosaico geográfico de ayuda legal en materia de inmigración, que atiende a estudiantes en toda California. Con las amenazas de Trump de deportaciones masivas, las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la inmigración legal dicen que la demanda de sus servicios se ha disparado.
Según Geno Uyuni, abogada del personal del Centro de Recursos Centroamericanos, una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales gratuitos en materia de inmigración a estudiantes de 20 colegios y universidades, sus consultas están actualmente reservadas hasta marzo. En esas sesiones, Uyuni trabaja con estudiantes indocumentados para explorar sus opciones de tarjetas verdes, ciudadanía, permisos de trabajo y otras solicitudes.
Uyuni dijo que “los casos más desgarradores” son los estudiantes que llegaron a los EE.UU. cuando eran niños, pero que no tienen un camino disponible para obtener la ciudadanía. A veces, ella es la primera persona en dar la noticia de que, incluso si obtienen un título universitario, probablemente nunca podrán trabajar legalmente en los Estados Unidos.
“Hay una desconexión entre cuánto te apoya California para terminar la escuela, pero luego hay poco apoyo más allá de eso”, dijo Uyuni.
Un número cada vez mayor de estudiantes universitarios no son elegibles para protecciones como la autorización de trabajo bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA, ya que solo las personas que presentaron la solicitud antes de 2017 pueden renovar su estatus luego de los intentos de la primera administración Trump de terminar el programa.
Si bien la administración Trump aún no ha anunciado nuevos intentos de terminar el programa, el futuro de DACA sigue en el limbo. El 17 de enero, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó un fallo de un tribunal de distrito de Estados Unidos de menor rango que determinó que algunas protecciones para los beneficiarios de DACA eran ilegales. El fallo aún permite que los beneficiarios de DACA renueven su estatus si ya fue aprobado, pero no se pueden procesar nuevas solicitudes de DACA. Es probable que el caso sea apelado ante la Corte Suprema.
La directora ejecutiva fundadora y cofundadora de Immigrant Legal Defense, Barbara Pinto, dice que su sistema de reservas en línea vio «el aumento más grande que creo que hemos visto desde que comenzamos este proyecto» poco después de que los resultados de las elecciones presidenciales fueran claros.
Entre las elecciones y la toma de posesión de Trump, el equipo de Pinto se apresuró a presentar solicitudes de tarjeta verde y renovaciones de DACA en previsión de que los tiempos de procesamiento de las solicitudes aumentarían durante la administración Trump. Aunque es difícil para Pinto evaluar exactamente cuáles son los planes de Trump, dijo que el presidente tendría que someterse a un proceso legal para terminar con DACA, lo que significa que el programa probablemente no se erradicaría de la noche a la mañana. “Trump dice muchas cosas, y a veces son ciertas y a veces no, y a veces las cumple y a veces no”, dijo Pinto.
El estado interviene para proteger a los estudiantes indocumentados
Inmediatamente después de su toma de posesión el 20 de enero, Trump comenzó a emitir órdenes ejecutivas para acabar con la inmigración. Además de la declaración de emergencia nacional, Trump designó a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. También emitió una orden ejecutiva que intentaba poner fin a la ciudadanía por nacimiento, a pesar de su garantía en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Veintidós estados, incluida California, están demandando para impugnar este intento, y el 23 de enero un juez federal bloqueó temporalmente su entrada en vigor.
El 21 de enero, la administración Trump desechó políticas que databan de 2011 y que limitaban a los agentes de inmigración a detener a personas indocumentadas en lugares sensibles, incluidas iglesias y escuelas. En California, la ley estatal establece que los funcionarios de las escuelas primarias y secundarias no tienen que permitir la aplicación de las leyes de inmigración en el campus sin una orden judicial. A nivel de colegios y universidades, las políticas son menos claras, porque algunas partes de los campus están abiertas al público, mientras que otras áreas, como los dormitorios, requieren una orden judicial para que las autoridades de inmigración ingresen. “Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en una declaración del 21 de enero. “La Administración Trump no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden, y en cambio confía en que usen el sentido común”.
Los legisladores de California están trabajando para resistir los planes de deportación de Trump, pero hay un límite a lo que pueden hacer a nivel estatal. El Fiscal General del Estado Rob Bonta emitió directivas a las universidades públicas de California, recordándoles las leyes estatales existentes que les limitan la asistencia a la aplicación de la ley federal de inmigración.
Bonta también enfatizó que las agencias locales de aplicación de la ley de California, incluidos los departamentos de policía del campus, tienen prohibido por una ley estatal de 2017 “proporcionar información personal en general… sobre un individuo para fines de aplicación de la ley de inmigración, incluyendo, pero no limitado a, la dirección del hogar o del trabajo del individuo, a menos que esa información esté disponible para el público”.
El gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos demócratas acordaron reservar $50 millones en dinero estatal para pagar los costos legales de luchar contra la administración Trump. Además, el actual proyecto de ley de presupuesto del Senado estatal asignaría $10 millones para que los proveedores de servicios legales apoyen a los inmigrantes, así como $15 millones para el apoyo legal de «personas vulnerables», incluidas aquellas en riesgo de deportación.
Desde 2019, el estado ha asignado dinero para apoyar a los proveedores de servicios legales de inmigración que se asocian con colegios y universidades públicas, distribuyendo un total de $2.9 millones a la Universidad de California, $42 millones a la Universidad Estatal de California y $50 millones a los colegios comunitarios de California. El presupuesto estatal propuesto para 2025-26 por el gobernador Gavin Newsom incluye una asignación de $17.6 millones para servicios legales de inmigración para instituciones públicas de educación superior, junto con $11.6 millones para enlaces de recursos Dream.
Algunos coordinadores de centros Dream y sus socios legales sin fines de lucro dijeron que la financiación estatal es fundamental y están pidiendo más dinero estable para financiar su trabajo. El Centro de Recursos Centroamericanos con sede en Los Ángeles recibió $9.3 millones en subvenciones gubernamentales en 2023, que utilizó principalmente para brindar asesoramiento y servicios legales a más de 20,000 personas en California. Uyuni dijo que la financiación gubernamental que reciben, que constituye la gran mayoría de su presupuesto, a menudo puede estar politizada y puede fluctuar sustancialmente entre las propuestas de presupuesto estatal.
“A veces estamos en el limbo, y es esta incertidumbre sobre la financiación”, dijo Uyuni. “Desearía que se pudiera aumentar la financiación, para que pudiéramos distribuir el trabajo entre más personas para ayudar a más estudiantes, antes”.
Muchos estudiantes universitarios indocumentados se quedan con la incertidumbre de su futuro, una situación que resuena con David Alvarez, un asambleísta demócrata de Chula Vista e hijo de inmigrantes indocumentados.
Alvarez enfatizó que todavía hay un proceso legal que seguir y que las deportaciones masivas no pueden suceder de la noche a la mañana. “Como estado, estamos haciendo lo que se puede hacer, que es proporcionar recursos y garantizar que el proceso de inmigración se cumpla de acuerdo con la ley, con la esperanza de que ese proceso pueda proteger a nuestros estudiantes”, dijo.
Brumer y Sosa son colaboradores de College Journalism Network, una colaboración entre CalMatters y periodistas estudiantiles de toda California. La cobertura de educación superior de CalMatters cuenta con el apoyo de una subvención de College Futures Foundation.
