La líder indígena hondureña Berta Cáceres habla con El Reportero. (PHOTO BY ORSETTA BELLANI)
En Honduras, donde el 80 por ciento de los crímenes quedan impunes, los movimientos sociales son criminalizados y perseguidos judicialmente. Orsetta Bellani, colaboradora de El Reportero, encontró y entrevistó a Bertha Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una de las mayores organizaciones de derechos humanos del país centroamericano. En el marco de la lucha del pueblo indígena lenca en contra de la hidroeléctrica Agua Zarca de las empresas Sinohydro y Desa, Cáceres y otros dos integrantes del COPINH – Tomás Gómez Membreño y Aureliano Molina – han sido acusados de graves delitos.
¿Cuáles son las acusaciones en su contra y cómo se está desarrol lando el proceso judicial?
La persecución judicial es sólo una expresión de toda la persecución política en contra de COPINH y es una estrategia definida a nivel presidencial. Estamos conscientes de que con nuestra lucha, que es pacífica pero enérgica, nos enfrentamos a poderes grandes e influyentes. En uno de los dos casos de que se me acusa —portación ilegal de armas en prejuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras—, la Procuraduría y el Ministerio Público me han planteado una audiencia conciliatoria. Primero me propusieron terminar la persecución en mi contra a cambio de que indemnizara al Estado y le pidiera perdón, asumiendo que el arma era de mi propiedad, cosa que por supuesto no voy a hacer; no cometí ningún delito y no tengo porqué conciliar a estas cosas. Luego, por la presión de la defensa, de los movimientos sociales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y de las de miles de expresiones de solidaridad que han denunciado esta injusticia en todo el mundo, me propusieron pagar al Estado todo lo que había gastado en este proceso, siendo éste victima mía. También rechacé esto. En este momento lo más probable es que en la próxima audiencia el juicio siga sin consideración de conciliación. En el otro caso de que la empresa nos acusa, o sea de daños continuados, coacción y usurpación, en setiembre dictaron prisión preventiva en mi contra, decisión que ha sido revocada al principio de enero de 2014. Además, este año aprobaron una reforma que prevé que una persona beneficiada por medidas sustitutivas a la prisión —como ha sido en el primer caso en el que me impusieron la prohibición de salir del país y la obligación de presentarme al juzgado cada 15 días— no puede ser beneficiada una segunda vez en otro caso. Cuando me acusaron de posesión del arma, en mayo del 2013, esta ley no estaba en vigor, pero la hicieron retroactiva y esto es ilegal, no hay ninguna ley retroactiva en Honduras.
Estas acusaciones se dan en el marco de la oposición de COPINH al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá. ¿Por qué la lucha de esta comunidad es tan importante para el Estado hondureño?
Hace años las comunidades de COPINH de Río Blanco emprendieron una lucha por la defensa del territorio y del río Gualcarque, que es un río sagrado para el pueblo lenca. En abril del 2013 logramos sacar a Sinohydro/Desa, que es la mayor constructora de represas del mundo, lo nuestro es un ejercicio de autonomía y control territorial. La empresa obtuvo la concesión de manera ilegal en el 2010 y por sus vínculos con el Ejército ha presionado mucho a las comunidades, no sólo hostigando sino también ofreciendo sobornos y tratando de manipular a la población. Esto indica que las transnacionales no necesitan de intermediarios políticos, sino van directamente a reprimir a las comunidades. Donde hay intención de construir proyectos mineros o hidroeléctricos hay planes de militarización. La lucha de Río Blanco es un mal ejemplo para el gran capital, porque ha demostrado que es posible echar para atrás un proyecto de dominación y de privatización, demuestra que sí es posible sacar a una transnacional invasora y esto es parte de la lucha legítima del pueblo lenca.
La persecución en su contra parece insertarse en un clima de criminalización de la protesta social que abarca todo el país
El Estado ha construido estructuras represivas que tienen financiamiento incluso del Banco Interamericano de Desarrollo, bajo el Plan de Seguridad Regional para Centroamérica.
Esto es muy preocupante para las y los luchadores sociales, ya que se va a profundizar la represión. Hoy es un crimen defender los derechos humanos. El Congreso y los sectores oligárquicos han impulsado la creación de la Policía Militar, que está trabajando como una estructura paramilitar dirigida en contra de los movimientos sociales. No funcionan sólo los aparatos policiales y de inteligencia, también están operando cuerpos encubiertos y agencias privadas de seguridad, que son nada más que otro ejército que cuida los intereses de los grandes empresarios. Ellas funcionan de manera conjunta con la Policía y el Ejército, y duplican su número.
