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La Corte Suprema permite a agentes migratorios reanudar ‘patrullajes itinerantes’ en Los Ángeles, dando la razón a Trump

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por Wendy Fry, Sergio Olmos | CalMatters

La Corte Suprema de Estados Unidos concedió hoy la solicitud de emergencia del gobierno de Trump para levantar una orden de restricción temporal que impedía a los funcionarios migratorios federales realizar “patrullajes itinerantes” y perfilar a personas según su apariencia en Los Ángeles y el sur de California.

El caso probablemente tendrá un enorme impacto, no solo en Los Ángeles sino en todo el país, dijeron varios expertos a CalMatters. Esto significa que los agentes migratorios pueden reanudar legalmente las redadas agresivas en las calles que comenzaron a inicios de junio en Los Ángeles, epicentro de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

La Corte Suprema, por mayoría de 6-3, coincidió con la administración Trump en que los oficiales migratorios federales pueden detener e interrogar brevemente a individuos sobre su estatus legal en EE.UU. y que pueden basarse en un estándar de “totalidad de circunstancias” para determinar sospecha razonable. Esto incluye todo lo que el oficial supiera y observara en el momento de la detención.

El tribunal tomó el caso mediante su expediente de emergencia, conocido como shadow docket, utilizado para casos rápidos con limitados argumentos escritos y normalmente sin audiencia oral.

Los jueces no tienen obligación de publicar una opinión en este tipo de decisiones. No obstante, el juez Brett Kavanaugh escribió una opinión concurrente explicando su razonamiento para levantar las restricciones a las redadas migratorias en Los Ángeles.

“Aquí, esas circunstancias incluyen: que hay un número y porcentaje extremadamente alto de inmigrantes ilegales en el área de Los Ángeles; que esos individuos tienden a reunirse en ciertos lugares para buscar trabajo diario; que suelen desempeñarse en empleos como jornalero, jardinería, agricultura y construcción, que no requieren documentos y, por tanto, resultan especialmente atractivos; y que muchos provienen de México o Centroamérica y no hablan mucho inglés”, escribió.

“Para ser claros”, continuó, “la etnicidad por sí sola no puede constituir sospecha razonable; sin embargo, según la jurisprudencia de esta Corte respecto a paradas migratorias, puede ser un ‘factor relevante’ cuando se considera junto a otros factores importantes”.

Los tres jueces designados por presidentes demócratas disintieron, subrayando su objeción a que se levantaran las limitaciones sin audiencia oral y mediante el expediente de emergencia, al que la administración Trump ha recurrido extensamente este año.

La Corte Suprema ha fallado a favor de Trump en al menos 17 casos consecutivos.

“Esa decisión es otro grave abuso de nuestro expediente de emergencia”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en la disidencia. “No deberíamos vivir en un país donde el Gobierno pueda detener a cualquiera que parezca latino, hable español y trabaje en un empleo mal pagado”.

Los Ángeles y decenas de municipios del sur de California presentaron un escrito amicus apoyando la orden de restricción, señalando que debido a la composición demográfica “la mitad de la población” de la región cumple los criterios del gobierno federal para ser detenida e interrogada sobre su estatus migratorio.

El gobernador Gavin Newsom condenó la decisión en un comunicado escrito y afirmó que el estado “seguirá luchando contra estos ataques aberrantes a los californianos”.

“La mayoría de la Corte Suprema, escogida a dedo por Trump, acaba de convertirse en el Gran Mariscal de un desfile de terror racial en Los Ángeles. Esto no se trata de aplicar las leyes migratorias — se trata de atacar a los latinos y a cualquiera que no luzca o suene como la idea de estadounidense de Stephen Miller, incluyendo ciudadanos y niños, con el fin deliberado de dañar a las familias y pequeños negocios de California”, dijo Newsom, refiriéndose al sub-jefe de gabinete de Trump.

El fallo significa que la Patrulla Fronteriza puede reanudar las tácticas agresivas que un juez federal de distrito determinó violaban los derechos constitucionales de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables. Ahora, los agentes pueden basarse casi únicamente en que una persona esté en el estacionamiento de un Home Depot y hable español para cuestionarla sobre su estatus migratorio.

En un escrito pidiendo a los jueces eliminar las restricciones, el Departamento de Seguridad Nacional de Trump sostuvo que la orden de un tribunal inferior interfería con los esfuerzos de los agentes por remover a inmigrantes no autorizados.

“La orden de restricción plantea el espectro de desacato por cada detención en el distrito, amenazando a los agentes con sanciones si el tribunal no cree que se basaron en factores adicionales. Esto enfría el ejercicio de la autoridad ejecutiva y usurpa los poderes del Artículo II del Presidente para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración”, escribieron los abogados de la administración Trump.

Por qué los tribunales pausaron los ‘patrullajes itinerantes’
El tribunal de distrito determinó, con base en una “montaña de pruebas”, que el gobierno realizaba detenciones sin sospecha razonable — confiando únicamente en rasgos como raza o etnicidad, hablar español o inglés con acento, la ubicación de la persona y el tipo de trabajo que desempeñaba.

El 9º Circuito de Apelaciones había confirmado ese fallo, reprendiendo a la administración Trump por tergiversar la orden de restricción en su apelación.

“Si, como sugieren los Demandados, no realizan detenciones sin sospecha razonable, difícilmente pueden alegar un daño irreparable por una orden destinada a impedir… detenciones no respaldadas por sospecha razonable”, escribió el panel de tres jueces del 9º Circuito.

Una coalición de organizaciones de derechos civiles, de inmigrantes y agencias locales, incluyendo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y los Trabajadores del Campo Unidos (UFW), solicitó la orden argumentando que las redadas en Los Ángeles violaban los derechos de las personas al permitir que agentes federales detuvieran a quienes simplemente parecían latinos, incluyendo ciudadanos estadounidenses.

“El gobierno federal busca detener a individuos únicamente porque no son blancos, hablan español o inglés con acento. Esa idea es contraria a todo lo que representan los Estados Unidos y debe ser rechazada”, escribieron varias ciudades del condado de Los Ángeles en un amicus brief apoyando las restricciones. Agregaron que las redadas de este verano habían “sembrado terror” en sus comunidades.

Redadas en Los Ángeles continuaron
A pesar de la orden previa que prohibía el perfilamiento, los agentes han seguido con una ofensiva agresiva en la segunda ciudad más grande del país.

Alrededor de 40 agentes irrumpieron en un Home Depot en Westlake el 28 de agosto, usando gases lacrimógenos y balas de pimienta para dispersar a la multitud antes de detener a ocho personas, confirmó un oficial de la Patrulla Fronteriza el viernes. Ese fue el mismo lugar donde los agentes previamente grabaron un video promocional con música rap mostrándolos escondidos en un camión de alquiler Penske antes de abalanzarse para detener jornaleros en una redada llamada Operación Caballo de Troya.

Bajo la dirección del jefe de operaciones Gregory Bovino, la Patrulla Fronteriza ha detenido a jornaleros latinos, invadiendo Home Depots y autolavados en toda la ciudad. Bovino ha prometido llevar tácticas similares a otras ciudades del país.

Kevin R. Johnson, director del Centro Aoki sobre Raza Crítica y Estudios Nacionales en la Facultad de Derecho de UC Davis, dijo que el perfilamiento racial del gobierno tiene consecuencias que van más allá de la aplicación migratoria. Escribió a CalMatters y también en un artículo para la SMU Law Review que “la aplicación migratoria basada en la raza socava el sentido de pertenencia de los latinos en la comunidad nacional por generaciones”.

“Es importante destacar que la campaña de la administración Trump contra las personas de color va mucho más allá de la ley de inmigración y los inmigrantes. Como lo ejemplifica su guerra contra la diversidad, equidad e inclusión, el Presidente ha buscado eliminar programas que promuevan la plena integración de las minorías raciales y de otro tipo en la sociedad estadounidense”, escribió Johnson.

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