por Marvin Ramírez
La inmigración ha sido uno de los temas más polarizantes en la política estadounidense, particularmente durante la administración de Donald Trump. Sin embargo, un problema recurrente en el discurso público es la falta de diferenciación entre los inmigrantes indocumentados y aquellos con estatus legal en el país. Esta ambigüedad en el lenguaje, promovida por parte de los medios de comunicación y algunos activistas, ha generado confusión y temor innecesario entre quienes forman parte de la comunidad inmigrante, sean ciudadanos, residentes permanentes o indocumentados.
Trump ha sido claro en su retórica y acción respecto a la inmigración. Sus políticas, como el programa «Permanecer en México», el intento de derogar DACA y las redadas del ICE, han estado dirigidas contra inmigrantes indocumentados. No obstante, el uso indiscriminado de la palabra «inmigrantes» en los titulares y las coberturas periodísticas ha distorsionado la percepción pública, alimentando la idea de que Trump busca deportar a todos los inmigrantes sin distinción.
En términos comunicacionales, el impacto de esta narrativa es significativo. Los inmigrantes que cuentan con documentos legales han sentido un temor injustificado ante la posibilidad de ser perseguidos por el gobierno federal. Al no hacer una diferenciación clara entre inmigrantes legales e indocumentados, los medios han contribuido a una ansiedad generalizada dentro de la comunidad inmigrante. Además, este lenguaje ha sido utilizado estratégicamente por grupos políticos para manipular la opinión pública, ya sea para mostrar a Trump como un enemigo absoluto de los inmigrantes o, por el contrario, para minimizar el impacto de sus políticas en la población indocumentada.
El periodismo tiene la responsabilidad de informar con precisión y sin ambigüedades. Cuando un medio de comunicación opta por el término genérico «inmigrantes» sin especificar que se trata de indocumentados, contribuye a la desinformación. Los ciudadanos y residentes legales pueden interpretar erróneamente que están en peligro de deportación, lo cual no es el caso. Asimismo, esta confusión dificulta un debate político racional, pues se basa en percepciones erradas más que en hechos concretos.
Es fundamental que la prensa adopte un lenguaje más preciso al abordar la política migratoria. Diferenciar entre inmigrantes legales e indocumentados no es un detalle menor; es una responsabilidad profesional que contribuye a una mejor comprensión del problema. Además, es importante recordar que la inmigración, en todas sus formas, es una pieza clave en la economía y el tejido social de los Estados Unidos, y esto incluye la fuerza laboral de aquellos que por cualquier circunstancia no pudieron obtener una visa para trabajar en los EE.UU. y se vieron forzados a inmigrar sin documentos por fuerza mayor.
La criminalización del inmigrante indocumentado, aunque sea una posición política de ciertos sectores, no debería ser replicada de manera implícita o explícita por el lenguaje mediático.
Trump ha declarado que apoya la inmigración legal y reconoce que Estados Unidos necesita inmigrantes. Sin embargo, sus políticas y su retórica a menudo han hecho hincapié en una aplicación más estricta de las leyes de inmigración, la seguridad fronteriza y las reducciones de ciertos tipos de inmigración legal, como la inmigración basada en la familia y las solicitudes de asilo.
En un momento en que la desinformación se propaga rápidamente, es más necesario que nunca que los medios de comunicación sean precisos, claros y responsables. La diferencia entre «inmigrante» e «inmigrante indocumentado» es mucho más que una cuestión semántica; es un factor crucial para la seguridad y estabilidad de millones de personas en los Estados Unidos.
Y, por último, es muy importante recordar que la mayoría de los inmigrantes indocumentados son personas trabajadoras que nos hacen la vida más fácil y por lo tanto merecen respeto.
