por José de la Isla
HOUSTON – El mismo día que el New York Times dio a conocer la relación de comodidad entre los fiscales y los jueces en Iowa, el canal de cable TNT sacó en reestreno un episodio de Law & Order con una trama similar.
Durante el drama de una hora de duración, Sam Waterson, en el papel de fiscal distrital ejecutivo, Jack McCoy, presenta el caso contra un acusado que tiene larga historia de conducirebrio, quien matara a tres personas con un auto. La cuestión legal era el grado de culpabilidad que tenía – pena de muerte, u homicidio impremeditado, que lleva una condena de cinco a quince años. Todo se reducía a la manera en que se reunió la evidencia, que si hubiera habido interferencia que algún testigo. ¿Infringió McCoy la ética legal, e intentó un juez con ambiciones políticas ladear el equilibrio de la justicia?
Mientras tanto, en la vida real, reportera del New York Times, Julia Preston, reveló el 9 de agosto lo atónitos que quedaron algunos abogados de defensa criminal en mayo cuando se declaró culpable de cargos criminales a unos trescientos inmigrantes indocumentados, sentenciados a condena carcelaria a sólo cuatro días de una redada a Agriprocessor, una planta procesadora de carne en Postville, Iowa.
Resulta que en los meses previos a la redada, se preparó un proyecto detallado de 117 páginas mostrando paso-por-paso cómo se llevarían a cabo las audiencias.
El grupo de defensa de los derechos civiles, American Civil Liberties Union a puesto en línea el documento, el cual los fiscales dicen no fue obligatorio seguir, sino que se preparó para asistir a los abogados de defensa con un repentino amontonamiento de casos. La mayoría de los inmigrantes – principalmente oriundos de Guatemala – se declaró culpable. Vienen de un lugar en el que se presupone en el tribunal que el acusado es culpable, y es poco probable que comprendieran la transformación en la jurisprudencia ocurrida en los tribunales aquí sin haber tenido de sus abogados suficientes consultas y explicaciones.
Sin vacilar fueron detenidos, denunciados, y sentenciados a cinco meses de cárcel en una sala de justicia improvisada en los campos de feria del Congreso Nacional de Ganado, en Waterloo, Iowa.
Algunos de los abogados no tuvieron ninguna queja. No obstante, hubo otros que dijeron que el guión del proyecto detallado sugiere que la corte había concedido a la campaña de los fiscales por obtener declaraciones de culpabilidad antes que se presentaran los casos ante un tribunal. No sólo incluyeron los guiones un modelo del alegato de culpabilidad que los fiscales pensaban ofrecer, sino también declaraciones que hicieran los jueces cuando aceptaran los alegatos y determinaran las sentencias.
Todo sonaba a justicia hecha para la televisión, pero sin cámaras.
La American Immigration Lawyers Association protestó que a los trabajadores les negaron reunirse 4con sus abogados y que se puso de lado sus peticiones de migración a favor de acuerdos poco vistos de alegato. Abogados de defensa criminal advirtieron de la presentación de acusaciones de violaciones al proceso legal correspondiente al caso.
Si los inmigrantes intentaban defenderse, les amenazaban con un mínimo de dos años de cárcel. Con las manos y los tobillos en grilletes, a los acusados los hicieron entrar en filas a las salas de justicia improvisadas en grupos de a diez, donde uno por uno, mediante un intérprete, se declararon culpables por haber tomado empleos usando tarjetas falsas del Seguro Social o de inmigración. A continuación los movían a otra sala para ser sentenciados.
Linda R. Reade, nominada por Bush juez principal del distrito norte de Iowa, supervisó las audiencias, para las que había empezado a prepararse en diciembre. No se sabe si contribuyó o no a la elaboración del proyecto detallado. No obstante, juez Reade tendría que haber ejercido mejor criterio, ya que dictó cursos de técnicas de derecho procesal en la escuela de derecho de la Universidad Drake, en Iowa y en la escuela de derecho de la Universidad Emory, en Georgia durante la década de los años noventa.
Rockne Cole, abogado de defensa quien se negara a representar a ninguno de los inmigrantes detenidos y quien “saliera de la sala indignado”, solicitó al subcomité del Congreso que investigara la redada y los procesos legales del caso, alegando que las audiencias se organizaron para producir alegatos de culpabilidad a favor de los fiscales.
Cole le dijo al New York Times que lo que más le asombró fue que juez principal Reade por lo visto ya había ratificado el arreglo antes que un abogado se reuniera siquiera con su cliente.
En el caso por televisión, McCoy permite que el acusado presente alegato a un cargo menor para evitar que el juez salga con la suya y corrompa el proceso, inyectándole su prejuicio. El subcomité del Congreso tendría que ver este episodio del programa para entender que lo que en realidad se procesaba era la posible corrupción de nuestra jurisprudencia por las acciones de una juez.
[José de la Isla, autor de “The Rise of Hispanic Political Power” (Archer Books, 2003), redacta un comentario semanal para Hispanic Link News Service. Comuníquese con él a: joseisla3@yahoo.com]. © 2008
