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El Administración de Donald Trump decretó una prohibición mediante la cual negará visas de entrada a inmigrantes legales que no puedan probar que tendrán seguro médico o la capacidad de costear sus gastos médicos al obtener la residencia permanente o green card en Estados Unidos.
Trump emitió la proclamación presidencial “Suspension of Entry of Immigrants Who Will Financially Burden the United States Healthcare System”, ordenando a los funcionarios consulares norteamericanos denegar visados de inmigrante a extranjeros que desean vivir en Estados Unidos a menos que “estén cubiertos por un seguro de salud aprobado” o puedan demostrar que poseen “los recursos financieros para pagar costos médicos razonablemente previsibles”.
La orden, vigente a partir del próximo 3 de noviembre, fue anunciada el viernes por la Casa Blanca. Se trata de la última medida que promueve Trump dentro de su estrategia para reducir tanto la inmigración legal como la irregular.
La proclama indica que se prohibirá el ingreso de inmigrantes al país a menos que adquieran un seguro de salud menos de 30 días después de entrar o que cuenten con suficiente dinero para cubrir cualquier gasto médico.
Si patrocina una green card para un familiar, debe firmar estricto contrato con EE.UU.
El presidente justificó el decreto argumentado que los inmigrantes legales tienen tres veces más probabilidades que los ciudadanos estadounidenses de carecer de seguro médico, lo que los convierte en una carga para el sistema de salubridad y los contribuyentes estadounidenses.
“Si bien nuestro sistema de atención médica enfrenta los desafíos causados por la atención médica no pagada, el gobierno de EE.UU. está agravando el problema al admitir a miles de extranjeros que no han demostrado capacidad alguna para costear sus gastos médicos”, afirmó Trump en su proclamación.
Quiénes se ven afectados por la prohibición de entrada
La nueva regla se aplica a personas que soliciten visas de inmigrante desde el extranjero, y no a los que ya están en suelo estadounidense. No afecta a los que ya son residentes permanentes legales, ni a los solicitantes de asilo, refugiados ni menores de edad.
Doug Rand, un experto en políticas de inmigración, cofundador de la organización nacional especializada en inmigración Boundless, desglosó la información en un análisis de la proclamación así:
- El decreto afecta a los extranjeros que solicitan el estatus de residente permanente legal en una oficina consular del Departamento de Estado y no a las personas que se encuentran en Estados Unidos y piden la green card a través del ajuste de estatus.
- No afectaría a los hijos de ciudadanos estadounidenses, pero aparentemente sí a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses y los familiares inmediatos de residentes permanentes legales.
- También afectaría a los padres de ciudadanos estadounidenses que no pueden “demostrar a satisfacción del funcionario consular que la atención médica del extranjero no impondrá una carga sustancial sobre el sistema de atención médica de Estados Unidos”.
“Esta nueva prohibición de inmigración se basa en las mismas autoridades legales que la anterior prohibición de viajar a personas de países principalmente de mayoría musulmana, así como la prohibición de asilo”, escribió Rand, al destacar que la medida difiere de la regla final sobre la carga pública (Inadmissibility on Public Charge Grounds) como causal de inadmisibilidad a Estados Unidos, en vigor a partir del 15 de octubre.
Qué tipo de seguro se necesita
El seguro de salud requerido puede comprarse de forma individual o a través de un empleador, y puede ser una cobertura a corto plazo o para enfermedades catastróficas.
La cobertura de Medicaid no cuenta. Y un inmigrante no podrá obtener una visa si utiliza subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), mejor conocida como Obamacare, para adquirir su póliza. El gobierno federal paga los subsidios.
“Aunque los inmigrantes legales son candidatos a subsidios de la ACA, se quedarían en el limbo porque la proclama no considera seguros a las coberturas subsidiadas”, Larry Leavitt, vicepresidente ejecutivo de políticas de salud en Kaiser Family Foundation, un grupo de expertos en seguros de salud, escribió en Twitter.
