por Claudia Boyd-Barrett para KFF Health News
Versión para transmisión de Suzanne Potter para California News Service, informando para la colaboración KFF Health News–Public News Service
Durante meses, María, de 55 años, cuidadora de adultos mayores en el condado de Orange, California, ha tratado de no sonreír.
Si abre mucho la boca, teme que la gente vea sus dientes frontales astillados y cubiertos de sarro. Inmigrante sin estatus legal, María no tiene seguro médico ni dental. Cuando le duelen los dientes, toma pastillas para el dolor. El verano pasado, un dentista le dijo que arreglarse los dientes le costaría $2,400, más de lo que puede pagar.
“Es tan caro”, dijo María, quien suele trabajar jornadas de 12 horas ayudando a sus pacientes a levantarse de la cama, asearse, tomar sus medicamentos y hacer tareas domésticas. “Necesito el dinero para mis hijos, para la renta, el transporte, la comida. A veces, no queda nada para mí”.
KFF Health News conoció a María a través de una organización de defensa de los trabajadores inmigrantes. Por temor a ser deportada, pidió que se utilizara solo su primer nombre.
María forma parte de los 2.6 millones de inmigrantes que, según el gobierno federal, viven en California sin estatus legal. El estado había venido incorporando progresivamente a estas personas en su programa de Medicaid, conocido como Medi-Cal. Pero ahora, frente a un congelamiento del programa, los inmigrantes de bajos ingresos sin autorización legal —junto con quienes los ayudan— están sopesando con ansiedad los beneficios de solicitar Medi-Cal frente al riesgo de ser descubiertos y deportados por el gobierno federal.
Buscando cerrar un déficit presupuestario de $12 mil millones, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 27 de junio un presupuesto equilibrado que pondrá fin, en enero de 2026, a nuevas inscripciones a Medi-Cal para personas mayores de 19 años sin estatus legal.
Mientras tanto, redadas migratorias federales —que al parecer han incluido al menos una clínica de salud en el estado— ya están generando temor entre algunos inmigrantes que evitan buscar atención médica, según defensores y proveedores de salud. La reciente noticia de que funcionarios de la administración Trump están compartiendo datos de beneficiarios de Medicaid, incluyendo estatus migratorio, con autoridades migratorias, amenaza con erosionar aún más la confianza en el programa.
Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., dijo que la agencia, que supervisa los Centros de Medicare y Medicaid, tenía autoridad legal para compartir los datos con el fin de abordar una “negligencia sistémica sin precedentes bajo la administración Biden-Harris, que permitió a inmigrantes ilegales explotar Medicaid mientras millones de estadounidenses luchan por acceder a la atención médica, especialmente en estados como California”.
Aún más complejo, la administración Trump ha amenazado con retener fondos a los estados que ofrecen cobertura médica a personas sin estatus legal. Actualmente, alrededor de 1.6 millones de inmigrantes no autorizados están inscritos en Medi-Cal.
En 2016, California empezó a ofrecer Medi-Cal a personas de bajos ingresos sin estatus legal, comenzando con menores de edad, luego expandiéndolo gradualmente a jóvenes, adultos mayores, y —en enero de 2024— a personas de 26 a 49 años. El Departamento de Servicios de Salud del estado trabajó con clínicas comunitarias para ayudar a inscribir a quienes calificaban.
Es muy pronto para saber qué impacto tendrán estos cambios estatales y federales en las cifras de inscripción, ya que los datos solo están disponibles hasta marzo. Pero muchos proveedores de salud y defensores anticipan un efecto paralizante.
Seciah Aquino, directora ejecutiva de la Latino Coalition for a Healthy California, dijo que su organización apoyará a promotores de salud comunitarios para que informen a las personas sobre los riesgos de compartir datos.
“Se lo toman muy personal, que un consejo que dieron a un miembro de su comunidad pueda ahora perjudicarlo”, explicó Aquino.
Más de la mitad de los beneficiarios de seguros públicos en California son latinos, en comparación con solo el 30% a nivel nacional.
Newsom calificó el intercambio de datos como “legalmente dudoso”, mientras que los senadores Adam Schiff y Alex Padilla, ambos demócratas, exigieron al Departamento de Seguridad Nacional destruir toda información compartida.
El Departamento de Servicios de Salud de California anunció el 13 de junio que está buscando aclaraciones del gobierno federal. La agencia confirmó que presentó informes mensuales al CMS con información demográfica y de elegibilidad, incluidos nombre y dirección, como exige la ley.
También se habrían compartido datos de Medicaid de Illinois, el estado de Washington y el Distrito de Columbia con el DHS. Jamie Munks, vocera del Departamento de Servicios de Salud de Illinois, expresó “profunda preocupación” y dijo que los datos se compartían con la expectativa de que estuvieran protegidos.
En Sacramento, los legisladores demócratas enfrentan la difícil tarea de reducir beneficios de salud para personas de bajos ingresos con estatus migratorio “insatisfactorio”, incluyendo a quienes no tienen documentos, tienen menos de cinco años con la residencia permanente, o están tramitando algún estatus que los protege de la deportación. Además del congelamiento de Medi-Cal para mayores de 19 sin autorización legal, se impondrán primas mensuales de $30 desde julio de 2027 a los beneficiarios con estatus “insatisfactorio” de entre 19 y 59 años.
“Lo que escucho en el terreno es que mucha gente me dice que les será muy difícil pagar estas primas”, dijo Carlos Alarcón, analista de políticas de salud y beneficios públicos del California Immigrant Policy Center. “La realidad es que la mayoría ya vive con presupuestos limitados”.
La legislatura rechazó una propuesta del gobernador para excluir del cuidado a largo plazo a inmigrantes sin estatus, pero aprobó la eliminación de beneficios dentales a partir de julio de 2026.
Proveedores de salud advierten que, sin Medi-Cal, muchos inmigrantes se verán obligados a acudir a emergencias, lo cual es más costoso para los contribuyentes que la atención preventiva y primaria. Sepideh Taghvaei, directora dental del centro Dientes Community Dental Care en el condado de Santa Cruz, vio esto ocurrir en 2009, cuando el estado recortó beneficios dentales para adultos. “Llegaban con la cara hinchada y un dolor insoportable, con problemas tan avanzados que requerían hospitalización. No es rentable”, dijo.
El senador estatal Roger Niello, republicano y vicepresidente del comité de presupuesto del Senado, dijo que California no debería financiar Medi-Cal para personas sin estatus legal, especialmente considerando los desafíos fiscales. También expresó su preocupación de que esta cobertura pueda incentivar a más inmigrantes a mudarse al estado.
“Si mantenemos ese gasto para los no ciudadanos”, dijo, “tendremos que recortar en otra parte, y eso sin duda afectará a los ciudadanos”.
Los californianos también están cambiando de opinión. En una encuesta realizada en mayo por el Public Policy Institute of California, el 58% de los adultos se opuso a este beneficio.
Para María, los cambios en la política de salud la han dejado paralizada. Desde que llegó hace cinco años, su prioridad ha sido ganar dinero para sus tres hijos, a quienes dejó con sus padres en su país, contó.
María no supo que podía ser elegible para Medi-Cal hasta este año y no había tenido tiempo de completar los formularios. Tras enterarse por una amiga de que el estado podría congelar las inscripciones en enero, se apresuró a iniciar el trámite. Pero luego supo que la información de Medi-Cal se había compartido con autoridades migratorias.
“Decepcionada y asustada”, así describió su reacción.
De repente, dijo, inscribirse en Medi-Cal ya no parece una buena idea.
