por David Bacon
Mientras la potencial criminalización de las personas indocumentadas de Arizona sigue atrayendo titulares, el castigo real para los trabajadores debido a su estatus migratorio se ha vuelto un hecho cada vez más amargo en la vida por todo el país.
Con la más reciente acción del Departamento de Seguridad Interior (DHS), 475 conserjes inmigrantes pronto serán despedidos en San Francisco. Hace algunas semanas, el DHS revisó los antecedentes peoreslaborales de su empleador, ABM, una de las principales empresas de construcción del país. El brazo del DHS de Inmigración y Aduanas escudriñó entre los registros de la Seguridad Social, y los formularios I-9 que todos los trabajadores tienen que llenar cuando postulan a un empleo. Luego le dijeron a ABM que la empresa tenía que despedir a 475 trabajadores, acusados de no contar con el estatus migratorio legal.
ABM ha sido una empresa de sindicatos por décadas, y muchos de los trabajadores han estado ahí durante años.
“Han estado en esta industria por 15, 20, algunos incluso 27 años en las construcciones en el centro”, dice Olga Miranda, presidenta de Empleados de Servicios Local 87. “Han construido hogares. Han mantenido a sus familias. Han enviado a sus hijos a la educación superior. No son trabajadores nuevos. No llegaron aquí hace apenas un año”.
Estos trabajadores ahora se enfrentan con un dilema agonizante. Deberían en tregarse a Seguridad Interior, que podría acusarlos de brindar un número de Seguridad Social incorrecto a su empleador, e incluso retenerlos para ser deportados? Para los trabajadores con familias, hogares y raíces en una comunidad, no es posible solamente irse y desaparecer. “Tengo muchos miembros que son madres solteras, cuyos hijos nacieron aquí”, dice Miranda. “Tengo un miembro cuyo hijos tiene leucemia. Qué se supone que hagan? Dejar a sus hijos aquí y volver a México a esperar? Y esperar qué?”
La pregunta de Miranda no sólo refleja el dilema que enfrentan los trabajadores individuales, sino el de 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Desde 22005, sucesivos Congresistas, Senadores y administraciones han hecho oscilar la perspectiva de obtener estatus legal ante los que no lo tienen. A cambio, sus varios esquemas de reforma a la inmigración han propuesto nuevos programas de trabajador invitado, y un gran aumento en el tipo de control ahora dirigido a 475 conserjes de San Francisco.
El Presidente Obama, condenando la ley de Arizona que convertiría el ser indocumentado en un crimen estatal, dijo que esto “minaría las nociones básicas de justicia que valoramos como norteamericanos”. Pero luego hizo un llamado a una legislación con programas de trabajador invitado y aumentó el control.
Mientras el país no está más cerca de la legalización de los indocumentados, de lo que lo estaba hace diez años, las disposiciones de control de las propuestas de una reforma exhaustiva a la inmigración ya han sido implementadas en terreno. La administración Bush realizó una serie de redadas de alto nivel en la cual envió a agentes fuertemente armados a plantas de empaquetamiento de carne y fábricas, reteniendo a los trabajadores para la deportación y enviando a cientos de personas a la prisión federal por usar números incorrectos de la Seguridad Social. Estableció una nueva corte Federal en Tucson, Arizona, llamada Operation Streamline, donde docenas de personas son sentenciadas a prisión cada día por cruzar la frontera.
Después de que Barack Obama fue electo Presidente, las autoridades de inmigración dijeron que seguirían una política más blanda, usando un sistema electrónico para encontrar a personas indocumentadas en los lugares de trabajo. Las personas que trabajan con números de Seguridad Social incorrectos serían despedidas. Como resultado, en septiembre pasado, 2000 costureras de la fábrica de ropa American Apparel de Los Ángeles fueron despedidas, seguidas un mes después por 1200 conserjes que trabajan para ABM en Minneapolis. En noviembre más de 100 conserjes que trabajaban para Seattle Building Maintenance perdieron sus empleos.
Irónicamente, la administración Bush propuso una regulación que habría requerido a los empleadores despedir a cualquier trabajador con un número de Seguridad Social que no calzara con la base de datos de SSA. Esa regulación fue detenida en la corte por los sindicatos, el ACLU y el Centro Nacional Legal para la Inmigración. La nueva administración, sin embargo, está implementando lo que corresponde al mismo requerimiento, con la misma consecuencia de miles de trabajadores despedidos. Mientras, la corte Operation Streamline sigue en sesión cada día en Arizona.
“Seguridad Interior va tras los empleados que son un sindicato”, acusa Miranda. “Van tras los empleadores que dan beneficios y están pagando más que el promedio”. Mientras American Apparel no tiene sindicatos, pagaba mejor que las tiendas de ropa de Los Ángeles. Los conserjes de Minneapolis pertenecen al Local 26 de SEIU, los conserjes de Seattle al Local 6 y los de San Francisco al Local 87.
El Presidente Obama dice que las sanciones de control se enfocan en los empleadores “que están usando a los trabajadores ilegales a fin de hacer bajar los salarios – y muchas veces maltratan a esos empleados”. Un asesor de ICE Worksite Enforcement sostiene que hay “empleadores inescrupulosos que pagan salarios sub-estándar a los trabajadores o los obligan a soportar condiciones laborales intolerables”.
Curar condiciones intolerables al despedir o deportar a los trabajadores que las soportan no ayuda, sin embargo, a los trabajadoresni cambia sus condiciones. Y a pesar de la noción de Obama de que las sanciones castigarán a los empleadores que explotan a los inmigrantes, en American Apparel y ABM los empleadores eran recompensados por su cooperación, al ser inmunizados. Javier Murillo, presidente de SEIU Local 26, dice, “La promesa hecha durante la auditoria es que si la compañía coopera y cumple, no serán multados. Entonces este tipo de control en realidad afecta sólo a los trabajadores”.
El director de ICE, John Morton dice que la agencia está realizando auditorías de los registros de 1,654 empresas en todo el país. “¿Qué tipo de recuperación económica va con el despido de miles de trabajadores?” se pregunta Miranda. “¿Por qué no se enfocan en los empleadores que no están pagando impuestos, que no están obedeciendo leyes de seguridad o laborales?”
Líderes sindicales como Miranda ven un conflicto entre la retórica usada por el Presidente y otros políticos y lobbyistas de Washington al condenar la ley de Arizona, y las propuestas de inmigración que hacen en el Congreso. “Hay una gran contradicción aquí”, dice.”No se le puede decir a un estado que lo que están hacienda es criminalizar a la gente, y al mismo tiempo ir tras los empleadores que pagan más que un salario digno y los trabajadores que han luchado por ese salario”.
Programa Diurno Laboral de San Francisco, es incluso más crítica. “Esos proyectos en el Congreso, que son presentados como unos que ayudarán a algunas personas a obtener estatus legal, en realidad empeorarán las cosas”, acusa. “Veremos más despidos como los de los conserjes aquí, y más castigos para personas que solamente están trabajando e intentando mantener a sus familias”.Renee Saucedo, abogada del Centro Legal La Raza y ex directora del
Sin embargo, cada vez más las propuestas de Washington tienen menos promesas de legalización y mayor énfasis en el castigo. El más reciente esquema del Partido Demócrata abandona el programa de legalización prometida por la propuesta “bipartidista” Schumer/Graham, diciendo que un duro control en la frontera y en el lugar de trabajo tiene que venir antes de considerar darles estatus legal a 12 millones de personas.
“Tenemos que mirar el panorama completo”, insta Saucedo. “Mientras tengamos tratados comerciales como el NAFTA que crean pobreza en países como México, la gente seguirá viniendo aquí, independiente de cuántos muros construyamos. En vez de volver a estas personas en trabajadores invitados, como lo harían estos proyectos en Washington, mientras despedimos e incluso encarcelamos a los que no tienen papeles, tenemos que ayudar a la gente a obtener un estatus legal y rechazar las leyes que están haciendo del trabajo un crimen”.
