por el equipo de El Reportero
Ciudad de México—Una polémica se ha desatado tras la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la ley «One Big Beautiful Bill Act», que propone un impuesto federal del 3.5 por ciento sobre las remesas enviadas por extranjeros a sus países de origen, incluido México. La medida, que ahora espera la consideración del Senado, ha suscitado una enérgica condena por parte de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien ha llamado a los mexicanos residentes en Estados Unidos a oponerse públicamente al impuesto.
En una conferencia de prensa esta semana, Sheinbaum instó a los migrantes mexicanos a movilizarse contactando a los senadores a través de cartas, correos electrónicos y redes sociales.
«Es injusto penalizar a quienes tanto contribuyen a ambas economías», declaró, denunciando la ley como discriminatoria y perjudicial para las familias mexicanas.
Tan solo el año pasado, los migrantes mexicanos en Estados Unidos enviaron la cifra récord de 62,500 millones de dólares a sus familiares en su país, convirtiendo las remesas en la principal fuente de ingresos extranjeros del país. El impuesto propuesto podría significar miles de millones de dólares en nuevos ingresos federales, pero con un costo significativo para las familias de bajos ingresos en México.
Lo que la presidenta Sheinbaum no ha abordado, señalan los críticos, es que el gobierno estadounidense ha subsidiado durante mucho tiempo las remesas a través del programa «Directo a México» de la Reserva Federal. Durante casi dos décadas, esta iniciativa ha permitido transferencias de dinero a bajo costo desde bancos estadounidenses directamente a cuentas bancarias mexicanas.
Quienes apoyan el impuesto argumentan que es una contribución justa de los migrantes indocumentados que utilizan la infraestructura y los servicios públicos estadounidenses sin pagar impuestos federales sobre la renta. Otros consideran que la medida tiene motivaciones políticas y podría ser perjudicial para las relaciones entre Estados Unidos y México.
Las autoridades mexicanas han mostrado resistencia diplomática si el Senado aprueba la medida. Sin embargo, algunos legisladores estadounidenses afirman que el impuesto podría ayudar a financiar la aplicación de la ley migratoria y la seguridad fronteriza.
Por ahora, todas las miradas están puestas en el Senado estadounidense, donde el futuro del proyecto de ley sigue siendo incierto. Mientras tanto, los grupos de defensa de los migrantes y los consulados mexicanos en todo Estados Unidos se preparan para las crecientes protestas y las posibles repercusiones políticas que estas puedan causar en ambos lados de la frontera.
