Silicon Valley activistas de los derechos de los inmigrantes, incluyendo organizadores laborales Fred Hirsch y Gerardo Domínguez, y el padre Jon Pedigo, se sientan con otros en medio de una intersección, en un acto de desobediencia civil.
En los últimos seis meses, activistas comunitarios y laborales –en su mayoría jóvenes– se han plantado frente a los camiones que llevan gente a los centros de detención para su deportación. En Tucson, obstruyeron y formaron una cadena a las camionetas de ICE. En San Francisco, a sólo unos días de bloquear un camión que cargaba deportados para ser detenidos, el”Soñador” Ju Hong –un joven inmigrante cuya deportación fue diferida en la acción ejecutiva de la Casa Blanca hace dos años– desafió al presidente Obama durante un discurso local. “Usted tiene el poder de parar la deportación”, le dijo el manifestante.
Como respuesta a estas acciones y otras semejantes, las ciudades de Los Ángeles y San Francisco han aprobado resoluciones demandando una moratoria en las deportaciones, San Francisco está imponiendo un alto en la inmigración, así como en los despidos.
Y cada día la presión se intensifica. La semana pasada, sindicatos y organizaciones comunitarias bloquearon una intersección frente a la cadena de supermercados Silicon Valley, de donde cientos fueron despedidos después de una inspección de ICE de los expedientes del personal de la empresa (una auditoría 1-9), dirigida a identificar a los trabajadores indocumentados para rescindirlos. Al día siguiente, trabajadores inmigrantes de reciclamiento de basura en un establecimiento en San Leandro, California, caminaron sin trabajo cuando su empleador y la Agencia de Inmigración y Aduana amenazaron sus trabajos en una auditoría similar.
Estas protestas son una respuesta directa a las deportaciones y despidos que se han intensificado como resultado de las políticas de aplicación de la inmigración de la administración de Obama. Durante los últimos cinco años, miles de trabajadores han sido despedidos mediante auditorías de inmigración y la utilización de la base de datos E-verify. En el mismo periodo, alrededor de 400,000 personas fueron deportadas cada año –casi dos millones en cinco años–. Cortes Especiales Federales, llamadas “Operación Streamline”, convocan diariamente, después de un juicio rápido, a inmigrantes encadenados en el cuarto de la corte, enviándolos a “centros de detención” de administración privada para inmigrantes. Más de 300,000 personas cada año pasan algún tiempo en estas cárceles de inmigrantes.
En Washington, algunas organizaciones han continuado presionando al Congreso para que vote los proyectos de Reforma Migratoria Comprehensiva (S 7444 y HR 15). Pero las acciones en las calles apenas los mencionan. Algunos grupos de bases sociales ya no los apoyan en absoluto, porque contienen medidas que aumentan la aplicación y que harían que los despidos y las deportaciones fueran aún más generalizados de lo que son hoy en día.
De hecho, muchas organizaciones comunitarias y sindicatos fuera de Washington han abandnado con creces la idea de que el Congreso pueda o quiera aprobar cualquier legislación que detenga la deportación masiva y salvaguarde los trabajos y los derechos laborales de los trabajadores inmigrantes.
En lugar de eso, estas protestas de las bases sociales quieren que la administración de Obama utilice de inmediato su autoridad ejecutiva para detener las deportaciones y los despidos, sin esperar nada del Congreso. Incluso grupos como el Consejo Nacional de La Raza, el cual hasta hace poco insistía en que los proyectos de CIR eran la única manera de seguir adelante, pidieron poner un alto a las deportaciones masivas.
En San Leandro, la huelguista Amparo Romo dijo a los partidarios: “Yo les digo que intenten cambiar las leyes que se utilizan en nuestra contra ahora mismo, porque son injustas y hacen mucho daño a las familias y a nuestra comunidad en general.” Cuando los trabajadores del reciclamiento se fueron a huelga como protesta por los despidos, ellos apelaron al derecho de vivir como iguales, como participantes plenos de la sociedad, y de trabajar sin miedo.
Los sindicatos y grupos que los apoyan –así como los del resto del país– buscan una reforma migratoria que parta de acciones locales y avance hacia la igualdad. Ellos rechazan las reformas del Congreso porque crean gente de un nivel de segunda clase con menos derechos, sujeta a las aplicaciones feroces. Estas fotografías muestran la determinación y el valor de los trabajadores inmigrantes, sus familias y los que los apoyan: ir a huelga contra el prospecto de perder sus trabajos, sentándose en las calles como un acto de desobediencia civil, y demandan un cambio radical en la política de inmigración.
Jaime Herrera, un trabajador del establecimiento de reciclamiento en Oakland, donde los trabajadores se fueron a huelga para protestar contra las malas pagas, las arriesgadas condiciones de trabajo y las auditorías de ICE. Previamente, Herrera era un trabajador calificado sindicalizado en una fundición local, cuando perdió su trabajo debido a una auditoria 1-9 en la que el Departamento de Seguridad Nacional lo acusó de carecer de estatus legal y forzó a su empleador para despedirlo.
Los trabajadores de un establecimiento de clasificación de reciclaje de Alameda County Industries salieron a la calle a protestar contra la decisión de la compañía de despedir a trabajadores acusados de carecer del estatus de inmigración legal. Ellos bloquearon también la entrada de los camiones de basura al establecimiento. Los trabajadores afirman que la compañía les pagaba $8.30 la hora; la ordenanza del salario digno en San Leandro exige $14.17.
Después de que cinco empleados presentaron una demanda sobre el salario robado, relatan, la compañía utilizó la amenaza de la aplicación de la inmigración para tomar represalias.
María Granados, uno de los trabajadores de la demanda, señala, “Un mes después de que los demandamos ellos empezaron a llamar a la gente a la oficina para decir que había problemas con nuestros documentos. Algunos denosotros habíamos trabajado allí durante 14 años, así que ¿por qué ahora?
Los trabajadores inmigrantes del reciclamiento en huelga cuentan con el apoyo de los líderes comunitarios de una docena de organizaciones y sindicatos. Si bien los empleados no tienen contrato con ningún sindicato, son asistidos en la huelga por International Longshore and Warehouse Union Local 6, y por el organizador de ILWU, Agustín Ramírez. Los ayunantes, quienes están demandando una moratoria a las deportaciones, hablaron en el mitin en apoyo a los huelguistas acerca de la importancia de detener los despidos; en su turno, los trabajadores demandaron también una moratoria a las deportaciones.
Tras manifestarse frente al establecimiento de reciclamiento en un mitin durante dos horas, los trabajadores, seguidos de los que los apoyaban de la comunidad, marcharon de regreso a la puerta del establecimiento a continuar con sus labores. La agencia de trabajo temporal que los emplea los amenazó con despedir a todos los que participaron en la huelga, pero los trabajadores demandaron que la agencia respete su derecho de huelga.
por David Bacon
