por Anthony M. Stevens-Arroyo
Durante la convención del Partido Popular Democrático de Puerto Rico, cuatro mil delegados aclamaron la posibilidad de un segundo término de cuatro años para el gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
“Cuatro años más”, coreaban los delegados y otros simpatizantes que llenaron a reventar el estadio de béisbol de San Juan, la capital del Estado Libre Asociado el pasado 27 de abril.
Sus deseos se podrían cumplir, o Acevedo Vilá podrá estarse preparando para cumplir una condena de hasta veinte años en una prisión federal.
Lo peor que le ha ocurrido recientemente al gobernador es una acusación presentada por un fiscal federal el 27 de marzo de 19 cargos de corrupción. Lo mejor que le ha pasado ocurrió ese mismo día cuando el gobernador de Alabama, Dan Siegelman, fue liberado de prisión luego de que un juez del tribunal de apelaciones desechara prácticamente todos los cargos levantados contra el, cargos muy similares a los del fiscal federal.
¿Cuál es la conexión?
En ambos casos, un fiscal nominado por el partido republicano ha buscado presentar cargos contra gobernadores en activo que pertenecen al partido “equivocado”. Éste es el desafortunado legado del hace tiempo removido fiscal general de la nación, Alberto Gonzáles, quien renunciara desacreditado por su aparente intervención política en favor de los intereses del partido republicano.
Siegelman fue condenado con base a una lista de irregularidades financieras con fondos de campaña y por escuchar a los cabilderos que lo habían apoyado con fondos. Es lo que se llama “pay-to-play”, una práctica llevada al pináculo como forma artística por los republicanos en Washington que lo disfrazaron como el “K Street Project”.
El mezclar los gastos personales con gastos de campaña, o aceptar dinero de origen dudoso puede ser más un asunto de mala contabilidad que de malicia. En el caso del congresista republicano Jerry Lewis de California, nunca lo sabremos porque la Casa Blanca en manos de republicanos se encargó de cerrar la investigación de uno de los suyos.
Todos estos factores afectan a Puerto Rico. Acevedo Vilá ha sido acusado por no reportar fondos cuando preparaba su declaración de impuestos hace aproximadamente siete años. Sin embargo, como residente de Puerto Rico no paga impuestos federales a la renta. Como es bien sabido por gente que vive en Nueva Jersey, pero trabaja en Nueva York, se paga impuestos sobre el dinero que se gana en el estado donde se trabaja, pero ese mismo estado no puede exigir dinero ganado en el estado donde se reside. Los cargos presentados por el gobierno federal establecen que el gobernador no incluyó las ganancias que obtuvo en Puerto Rico dentro de los impuestos que declaró mientras trabajaba en Washington, D.C. como comisionado residente de Puerto Rico. El fiscal, un favorito de los republicanos de la isla, alega que las cortes federales ganaron jurisdicción dado que el gobernador utilizaba el Internet, el cual cruza las líneas estatales.
Indudablemente, los que recaudadores de fondos de campaña en Filadelfia los recaudaron en formas cuestionables con la cultura del “pay-to-play” que existía en la ciudad del amor fraternal, pero al alcalde John Street, quien estaba en la cúspide de esta pirámide, nunca lo encontraron culpable de ningún delito. Por eso cuesta trabajo entender cómo puede ser culpado Acevedo Vilá de otra cosa que contabilidad realizada con descuido. Lo mismo aplica a otros cargos a la campaña utilizados en Puerto Rico para gastos familiares o ropa. El fiscal quiere crear un caso federal con el fundamento que el gobernador envió un correo electrónico.
El gobernador asegura que los cargos han sido formulados en un año electoral para obligarlo a que se salga de la contienda y así dejarle libre el camino a Louis Fortuño, republicano en pro de la estatidad de Puerto Rico y quien ha servido como el representante sin derecho a voto del Congreso estadounidense desde el 2005, para que entre bailando a la mansión del gobernador.
Acevedo Vilá—quien les dio las gracias a sus simpatizantes en un discurso de una hora—mencionó su vigorosa protesta en contra del brutal arresto realizado por el FBI de un líder radical puertorriqueño que resultó en su muerte por desangramiento a unos cuantos pasos de los agentes que se rehusaron a auxiliarlo.
Un caso como éste es asunto de jurisdicción. Los Estados Unidos mantiene que las leyes federales y su aplicación están por encima de las de su colonia a pesar de que—a diferencia de los estados—Puerto Rico no tiene ninguna injerencia en la creación de las leyes federales. Acevedo Vilá ha desafiado ese control federal y ha dicho que las acusaciones son el precio que le quieren hacer pagar.
Claro, el gobernador de Puerto Rico bien podría ser culpable de corrupción y los Estados Unidos de interferencia imperial. En el enredo que es el estatus político de Puerto Rico, ambas partes están a menudo equivocadas. Hispanic Link News Service.
(Anthony M. Stevens-Arroyo es Profesor Emérito de Estudios Latinos y de Puerto Rico en el Brooklyn College. Escritor y académico, Stevens-Arroyo es miembro del Comité de Asesoría en Derechos Civiles del estado de Pensilvania. Comuníquese a: stevensarroyo@ptd.net). ©2008
