por Michael Marcell y Luis Carlos López
La gobernadora de Arizona Jan Brewer interpuso apelación expedita ante la 9na Corte de Apelaciones del Circuito el 29 de julio, tras un mandato judicial interpuesto por la Jueza de la Corte del Distrito de E.UU. Susan Bolton que detenía la mayoría de los componentes clave de la ley de inmigración del estado SB1070.
“Arizona ha estado sufriendo una consecuencia de inmigración ilegal y la falta de actividad efectiva de control por parte del gobierno federal”, declaró la apelación.
Una apelación expedita requiere un panel de moción de tres jueces del 9no Circuito, seleccionados aleatoriamente de un grupo de 45, para decidir si es que el mandato judicial presenta un “daño irreparable”. Si es así, será levantado, permitiendo que el SB1070 entre completamente en vigor.
“Pelearé todo el camino hasta la Corte Suprema de EE.UU. si es necesario, por el derecho de proteger a los ciudadanos de Arizona”, dijo Brewer pocas horas después de que Bolton emitierael mandato judicial. El fallo de Bolton bloqueó importantes componentes del SB1070 de Arizona que entrarían en vigor 90 días después de que Brewer firmara.
Su fallo se realizó a menos de 24 horas de que el control completo entrara en vigor, justo cuando los oficiales de policía estaban haciendo las preparaciones de cumplimiento de último minuto.
Bolton dictó que si Arizona implementaba el SB1070, esto interferiría con la política federal. El mandato judicial permite al gobierno federal continuar con las prioridades federales en el interés público hasta que se logre una sentencia final, falló Bolton, quien fue nombrada por Bill Clinton
El mandato limita al SB1070 al bloquear a la policía de interrogar a una persona sobre su estatus legal durante investigaciones de rutina y eliminar la detención obligatoria de los individuos que no pueden verificar su estatus legal al momento del arresto.
Además, ataca la disposición “muéstreme sus papeles”, que requiere que los individuos lleven consigo documentación en todo momento e impide a las autoridades de etiquetar a alguien como “removible” de Estados Unidos o de realizar un arresto sin orden judicial.
La ley retiene dos disposiciones que molestan a los defensores latinos: 1) Sigue prohibiendo la contratación de inmigrantes indocumentados. 2) Permite a Arizona bloquear ciudades dentro del estado de convertirse en santuarios para inmigrantes indocumentados.
Alessandra Soler-Meetze, directora ejecutiva de ACLU Arizona, dijo a Weekly Report que la decisión de Bolton era importante para definir los límites de la autoridad de las jurisdicciones locales. “Los estados que están considerando medidas similares deberían definitivamente tomar nota de que simplemente no pueden pasar por encima de la autoridad federal y crear sus propios esquemas estatales de inmigración, que entran en conflicto con las prioridades federales y realmente no hacen nada para proteger los residentes del estado”,ijo Soler-Meetze.
Otras voces, tales como el grupo de defensa Puente, de Arizona, no fueron tan receptivas. Este clamó vía Twitter, “No cumpliremos con la criminalización de nuestras comunidades! Un mandato judicial parcial no es una victoria”.
La reacción de aquéllos a favor de la ley de Arizona fueron igual de vibrantes. Mientras Brewer calificó el mandato de un “pequeño obstáculo en el camino”, el Senador del estado de Arizona Russell Pearce, quien redactó el proyecto, dijo a CNN que escribió la ley con la Corte Suprema en mente. El predijo que sería mantenida en un fallo de 5-4 de la Corte Suprema.
William Gheen, presidente de Norteamericanos por la Inmigración Legal, manifestó un fuerte descontento.
“Hay una ola de rabia por Estados Unidos actualmente”, dijo Gheen. “Entre 60 y 80 por ciento del público norteamericano apoyó la ley de Arizona, y los norteamericanos sienten que el Presidente Obama y este juez han desbaratado la democracia, y estamos aconsejando a los inmigrantes ilegales que se vayan del país lo antes posible, debido a la creciente rabia entre el público norteamericano”. Hispanic Link.
