por Marvin Ramírez
Un día, mientras revisaba Facebook, me encontré con un anuncio que llevaba como título El Rincón de la Cultura, seguido por un cuadro de color amarillento oscuro, con el siguiente texto: «Ya ABRIÓ la inscripción al CURSO DE INGLÉS de la Universidad de Pensilvania: es gratis, en línea y dan certificado oficial…».
Inmediatamente pensé en Goya, una joven profesional de Nicaragua que llegó indocumentada hace varios meses con la esperanza de un mejor futuro. No ha tenido tiempo para aprender inglés, pero lo que sí le sobra es voluntad. Desde que llegó, ha trabajado en lo que sea para mantener a sus dos pequeños, que dejó con su madre en un pequeño pueblo, y pagar el préstamo que hizo sobre su vivienda. Su madre está muy enferma, y eso la mantiene en un constante estado de sufrimiento, especialmente cuando se queda sin trabajo. Aprender inglés le ha sido difícil.
Le envié el anuncio sin pensarlo mucho, y en cuestión de minutos, ella ya se había comunicado con la supuesta escuela y se inscribió. Sin sospechar nada, proporcionó todos sus datos personales, incluyendo tres referencias. Lo que parecía ser un curso gratuito pronto se convirtió en una trampa: le exigieron un pago inicial de $199 y cuotas semanales de $34. Me llamó angustiada, preguntándome si valía la pena pagar. Le aconsejé que no lo hiciera, que buscara opciones gratuitas en internet. Le sugerí que cancelara de inmediato y les pidiera que no la contactaran más.
Lo que siguió fue aún más alarmante. En lugar de respetar su decisión, comenzaron a acosarla y a amenazarla. Le enviaron un mensaje lleno de errores ortográficos, lo que me hizo dudar seriamente de que se tratara de una institución legítima. Le advertían que, al haber hablado con un asesor, ya estaba comprometida con un financiamiento y debía pagar o enfrentaría consecuencias. La intimidación no se detuvo ahí.
Cuando ella envió un mensaje cancelando el supuesto contrato, la respuesta fue una amenaza directa: le advirtieron que, si no cumplía con los pagos, su historial crediticio sería afectado y enfrentaría cargos adicionales. Luego, le dijeron que solo cancelarían su inscripción si pagaba $700. Poco después, uno de los contactos de referencia que ella había proporcionado recibió una llamada de la empresa. Dos personas, Jennifer Alvarado y Jesús Castillo, se enfrentaron a este contacto por separado en dos llamadas distintas. Cuando él intentó verificar si la empresa estaba legalmente registrada, ambos reaccionaron de forma violenta, con gritos e intimidaciones, intentando evitar cualquier tipo de investigación.
El problema no terminó allí. A pesar de la cancelación y el consejo de no seguir adelante, Gregoria no pagó lo que le exigían gracias a una de las referencias que ella incluyó. Sin embargo, la amenaza de que su historial crediticio fuera dañado persistió, y la presión fue incesante.
Este caso evidencia un problema mayor. Muchas empresas sin escrúpulos operan bajo la sombra de la legalidad, utilizando tácticas de presión y contratos engañosos para atrapar a inmigrantes vulnerables. La desesperación de quienes buscan mejores oportunidades los convierte en presas fáciles de estos fraudes. Amenazarlos con reportes crediticios o acciones legales es solo una de las estrategias para forzarlos a pagar por servicios que, en muchos casos, pueden obtenerse gratuitamente a través de programas comunitarios o gubernamentales.
Las autoridades no pueden seguir ignorando estos abusos. La Comisión Federal de Comercio (FTC) y las agencias de protección al consumidor deben tomar medidas más estrictas para investigar y sancionar a estas empresas fraudulentas. Además, los consulados de países de origen deben jugar un papel más activo en la educación de los inmigrantes sobre sus derechos y en la denuncia de estos fraudes.
A quienes han sido víctimas de estos fraudes, les digo: no se queden callados. La Comisión Federal de Comercio (FTC) ofrece una plataforma para reportar estos delitos en reportfraud.ftc.gov. También hay organizaciones locales que pueden brindar asesoramiento y apoyo legal.
El sueño de una mejor vida no debería convertirse en una pesadilla por culpa de estafadores. Como comunidad, debemos proteger a los más vulnerables y exigir a nuestras autoridades que actúen con firmeza. No podemos permitir que la explotación de inmigrantes siga ocurriendo impunemente. La justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho para todos.
Si alguno de ustedes, lectores de El Reportero, se ha encontrado en una situación similar con esta u otra falsa compañía, comuníquense a este medio a través de Lreportero@aol.com.
