por el equipo de El Reportero
El gobierno de Estados Unidos anunció que suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países a partir del 21 de enero de 2026, como parte de un cambio importante en la política migratoria enfocado en limitar el ingreso de solicitantes considerados con alto riesgo de convertirse en “carga pública”. La medida, emitida por el Departamento de Estado, no tiene una fecha definida de finalización y permanecerá vigente mientras se revisan los procesos de evaluación y verificación bajo la ley migratoria actual.
La suspensión aplica únicamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos. No afecta a las visas de no inmigrante, como las de turismo, estudio o negocios. Funcionarios federales informaron que los oficiales consulares han recibido instrucciones de rechazar nuevas visas de inmigrante durante el período de revisión.
Entre los 75 países afectados se encuentran varias naciones de América Latina y el Caribe, lo que ha generado preocupación en comunidades con fuertes lazos familiares en Estados Unidos. Los países latinoamericanos incluidos en la suspensión son Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Haití y Uruguay. Los ciudadanos de estos países que se encuentren en proceso de solicitar una visa de inmigrante enfrentarán retrasos significativos o una suspensión indefinida de sus trámites.
La medida está vinculada a la aplicación estricta de la regla de “carga pública”, que permite negar visas a personas que, según el gobierno, podrían depender de beneficios públicos. Las autoridades aseguran que el objetivo es fortalecer los mecanismos de evaluación económica y garantizar que los nuevos inmigrantes sean financieramente autosuficientes.
Sin embargo, críticos de la política advierten que la suspensión podría separar familias, afectar procesos de reunificación y golpear de forma desproporcionada a comunidades latinoamericanas con una larga historia migratoria hacia Estados Unidos. Mientras tanto, organizaciones comunitarias y defensores de los inmigrantes esperan mayor claridad sobre la duración y el alcance real de la medida.
