por Marvin Ramírez
Si Estados Unidos quiere seguir siendo un país donde el trabajo permita aún asegurar un lugar en el futuro, debemos trazar una línea clara en torno a la vivienda unifamiliar. Esa línea se ha ido borrando a medida que los grandes propietarios de Wall Street, los fondos de capital privado y los conglomerados inmobiliarios convierten los vecindarios en flujos de ingresos. El resultado es una transferencia silenciosa de riqueza: de familias que habrían construido patrimonio, a inversionistas que extraen renta.
Imagine una regla sencilla: las grandes corporaciones y vehículos de inversión no pueden comprar viviendas unifamiliares existentes. Los ocupantes propietarios sí pueden. Los pequeños arrendadores locales con unas cuantas propiedades, también. Las organizaciones sin fines de lucro y los fideicomisos comunitarios de tierras, igualmente. Pero la maquinaria de consolidación—entidades que pueden superar ofertas con efectivo, renunciar a inspecciones y operar a escala—queda fuera del mercado diseñado para quienes realmente viven en esas casas.
Una ley federal que prohíba a los conglomerados adquirir viviendas unifamiliares, del tipo que Donald Trump podría firmar si el Congreso la aprueba, sería más que un titular. Sería una defensa estructural de la clase media. En un país donde la propiedad de vivienda ha sido durante mucho tiempo la vía más confiable para crear riqueza, permitir que inversionistas corporativos acaparen casas de inicio no es “simplemente el libre mercado”. Es la monetización de la escasez.
Los críticos dirán que una prohibición no creará mágicamente suficiente vivienda. Es cierto: la oferta importa, y debemos construir más, especialmente cerca de empleos y transporte. Pero la oferta y la equidad no son objetivos opuestos. Una prohibición no sustituye la construcción; es una barandilla que evita que los vecindarios existentes se conviertan en colonias permanentes de alquiler mientras llega nueva oferta.
Otros dirán: “¿Y los derechos de propiedad?” Los individuos seguirían siendo libres de vender. La pregunta es quién puede comprar. Ya regulamos los mercados para evitar concentraciones dañinas. Lo hacemos en la banca y las telecomunicaciones, y lo hacemos cuando los monopolios amenazan la competencia. La vivienda es al menos igual de vital, porque un techo estable es la base de la educación, la salud y la vida comunitaria.
El argumento más sólido para actuar es práctico: los compradores corporativos cambian las reglas del juego. Una familia que compra con hipoteca, tasación y contingencias de inspección no puede competir con una entidad que despliega capital de la noche a la mañana. Cuando los inversionistas dominan, los precios suben, la rotación aumenta y el mantenimiento se vuelve un cálculo en una hoja de Excel. Los vecindarios pierden los rituales cotidianos que los hacen resilientes: vecinos de largo plazo, redes de cuidado compartido y la sensación de que quienes viven en la cuadra se quedarán.
Una prohibición corporativa también reencuadraría la conversación nacional. Durante demasiado tiempo, hemos tratado la crisis de asequibilidad como un fallo personal—comprar antes, ganar más, mudarse más lejos—mientras el mercado se reingenieriza para priorizar la extracción de renta a gran escala. Una ley que afirme que las viviendas unifamiliares son para familias declararía que el país aún cree en la movilidad ascendente.
Pero la prohibición debe diseñarse para evitar lagunas. Debe aplicarse a empresas por encima de un umbral de tamaño, a fondos y sus subsidiarias, y a cualquier entidad que use capas de LLC para ocultar la propiedad. Debe incluir informes estrictos, sanciones y un registro público para que residentes y periodistas puedan ver quién es dueño de qué. Debe centrarse en la compra de viviendas unifamiliares existentes, permitiendo a los constructores edificar nuevas casas y venderlas a personas, no a portafolios.
Acompañe la prohibición con apoyo a los compradores: ayuda para el pago inicial a quienes compran por primera vez, aplicación de la ley contra la discriminación crediticia, préstamos de renovación que devuelvan la vida a propiedades descuidadas y reformas de zonificación que permitan más vivienda “intermedia”.
También hay un elemento moral. Convertir el Sueño Americano en un servicio por suscripción erosiona la vida cívica. Alquilar es esencial para la movilidad, y los inquilinos pueden ser excelentes vecinos. El problema es verse forzado a alquilar porque la escalera fue retirada por el capital concentrado. Una nación de inquilinos no es solo una condición económica; es una condición política, donde menos personas tienen la estabilidad para planear, invertir y participar.
Si Trump—o cualquier presidente—quiere reclamar el manto del populismo económico, esta es la prueba: ponerse del lado de la familia que intenta comprar su primera casa, no del conglomerado que arma un portafolio. Proteger la cuadra, no la hoja de balance. Estados Unidos no tiene por qué convertirse en una nación de inquilinos. Pero lo será, a menos que decidamos que la vivienda unifamiliar no es una mercancía para acaparar, sino un pilar para que muchos la posean. – With reports.
