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Un informe del Departamento de Estado denuncia que la justicia brasileña tomó “medidas amplias y desproporcionadas” que afectan la libertad de expresión y el acceso a internet.
En plena disputa arancelaria impulsada por la administración de Donald Trump contra Brasil, el Departamento de Estado estadounidense difundió este martes un informe en el que sostiene que la situación de los derechos humanos en Brasil “se ha deteriorado” durante 2024. Según el documento, se ha producido un retroceso en la libertad de expresión y en el uso de internet, afectando también “el debate democrático”.
El reporte señala que la justicia brasileña implementó “medidas amplias y desproporcionadas para limitar la libertad de expresión y la libertad en internet, bloqueando el acceso a información a millones de usuarios”. Esta crítica va dirigida en particular a la plataforma social X, que fue suspendida temporalmente en Brasil por no cumplir con órdenes judiciales, pagar multas y designar un representante legal en el país. Estados Unidos calificó este episodio como un “caso de acoso”.
El informe destaca que “el Gobierno restringió el debate democrático al limitar el acceso a contenidos en línea considerados como ‘socavadores de la democracia’, reprimiendo de forma excesiva la libertad de expresión de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, así como de periodistas y políticos electos, frecuentemente a través de procedimientos secretos que carecían de garantías procesales”.
Desde la administración Trump acusan que el Gobierno brasileño “también reprimió opiniones políticamente desfavorables bajo el argumento de que constituían ‘discurso de odio’, un término ambiguo y sin respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos”. Asimismo, cuestionan que la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva “no siempre implementó acciones creíbles para identificar y sancionar a funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos”.
Estados Unidos considera que la justicia brasileña presenta “problemas significativos en materia de derechos humanos” al no castigar hechos documentados en “informes confiables”, como “ejecuciones arbitrarias o ilegales; tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; detenciones arbitrarias; y severas restricciones a la libertad de expresión y prensa, incluyendo violencia o amenazas contra periodistas”.
